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Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la abogada María Elba Martínez presentaron ayer ante la Justicia provincial y federal dos denuncias por hechos ocurridos en la última dictadura militar. El primero relacionado con la situación laboral de José Caro y Rubén Bossio, trabajadores de la morgue judicial de aquellos años que fueron cesanteados por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y luego reincorporados, quienes describen minuciosamente el derrotero que sufrían los cuerpos de desaparecidos y la responsabilidad que tuvieron en dicha tarea la Justicia, los médicos forenses que dependían del Tribunal, el Ejecutivo provincial, la policía de Córdoba y, por supuesto, los militares. El segundo caso tiene que ver con el secuestro, encarcelamiento y tortura de cinco sacerdotes que salvaron su vida a partir de la directa intervención del Consulado de Estados Unidos. La acusación apunta al ex arzobispo Raúl Primatesta.
El amparo que María Elba Martínez y Adolfo Pérez Esquivel presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba tiene una gran importancia histórica, además de consecuencias laborales para José Caro y Rubén Bo- ssio, dos morgueros que fueron cesanteados sin razón en 1980 por el máximo tribunal cordobés y reincorporados cinco años después por el mismo cuerpo, aunque sin las correspondientes reparaciones escalafonarias y previsionales.
“Vamos a pedir la inconstitucionalidad de las resoluciones del Tribunal, porque eran ellos las máximas autoridades de la morgue judicial y quienes decidían sobre lo que allí ocurría, previa orden del Tercer Cuerpo de Ejército”, señaló Martínez a Página/12.
Pero, independientemente de lo que ocurra con Caro y Bossio (cuyos aportes fueron fundamentales para ubicar las fosas comunes con restos humanos que el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró e identificó en el Cementerio San Vicente), lo que intentan demostrar Martínez y Pérez Esquivel es el conocimiento y participación de las estructuras del Estado en el desplazamiento y destino de los cuerpos de las personas desaparecidas. “Hay que terminar con la teoría de la clandestinidad, porque estos hechos ocurrieron con la complicidad de todas las instituciones estatales: Iglesia, partidos políticos, policías, autoridades de salud, médicos forenses, Justicia –tanto provincial como federal–, que sabían lo que ocurría con los desaparecidos. Está todo registrado en actas, libros, resoluciones, fichas y demás documentos que prueban la responsabilidad de todo un aparato administrativo y político. La función de los militares fue ejecutar ese siniestro plan”, dice el escrito.
Según la documentación a la que pudo acceder este diario (actas del 24 de agosto del ‘76, del 21 de diciembre de ese mismo año y muchas otras), los cadáveres “la mayoría de delincuentes subversivos”, consta en los documentos, eran cargados por camiones del Ministerio de Bienestar Social de la provincia y trasladados a la morgue judicial del Hospital San Roque. Allí se elaboraba un acta, que era firmada por el juez de instrucción militar, las autoridades del nosocomio forense, de la morgue y de la Secretaría de Salud Pública. “Esto era remitido al Tribunal Superior de Justicia, que conocía los hechos al ser el organismo al cual respondíamos administrativamente los trabajadores de la morgue”, contaron ayer Bossio y Caro, presentes en los Tribunales Federales.
La otra denuncia presentada en la Fiscalía Federal Nº 3, a cargo de López de Filoñuk, tiene que ver con el secuestro, encarcelamiento y tortura de los sacerdotes Alejandro Dauzá, Santiago Weeks, Alfredo Velarde, Daniel García Carranza y Humberto Pantoja, todos misioneros de la Orden de Nuestra Señora de La Salette, que finalmente salvaron su vida por “maniobras que rápidamente realizó el Consulado de Estados Unidos, ya que Weeks era norteamericano”, contó Martínez.
Estos curas hacían trabajo pastorial en villas de emergencia de la capital cordobesa y fueron sindicados por los militares como “subversivos”. Fueron secuestrados el 3 de agosto de 1976, trasladados al D2 de Inteligencia de la provincia de Córdoba, golpeados, torturados y llevados al campo de concentración La Perla. De allí a la cárcel de San Martín, a Encausados y de nuevo a La Perla. Uno de los interrogadores era Rubén “El Cura” Magaldi, gran conocedor de la Iglesia Católica cordobesa y famoso torturador de este centro clandestino. “El operativo duró alrededor de dos semanas, y al final parte de la iglesia claretiana y el gobierno norteamericano lograron sacarlos del país sin documentos. Esto nunca fue denunciado, y la razón de esta presentación es ofrecer pruebas de la responsabilidad ética y moral que tuvo en esto el ex arzobispo cordobés Raúl Primatesta, quien no defendía a los sacerdotes tercermundistas, hecho que comprobamos a partir de cartas y otros documentos firmados por él, en los cuales queda manifiesta su complicidad con el accionar militar”, señaló Pérez Esquivel.