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Ayer entró en vigencia la ley provincial 13.189, más conocida como Ley de Emergencia Penitenciaria, presentada como proyecto por el gobernador Felipe Solá y que habilita a la intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense a decidir la prescindibilidad con o sin causa de integrantes del SPB. Apenas entró en vigencia como ley, saltaron los primeros 25 casos de altos oficiales penitenciarios despedidos o retirados de la fuerza. Las prescindibilidades fueron firmadas por el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco. Se trata de jefes de unidades y de direcciones generales con cargos de subprefecto a inspector mayor. En todos los casos existen investigaciones sumarias y/o judiciales por hechos de corrupción administrativa. Menos en uno, implicado en reiteradas denuncias de los presos: José Luis “El Cuchillo” González.
La Emergencia Penitenciaria fue decretada por el gobernador Felipe Solá el 22 de abril pasado, luego de escandalosos hechos de corrupción y denuncias sobre torturas actuales y durante la dictadura, especialmente en la Unidad 9, como informó Página/12 (caso del Manchado Ramón Fernández, según detalló en su investigación el periodista Horacio Verbitsky).
De acuerdo con las fuentes oficiales, el interventor del SPB, Ricardo Cabrera, decidió la separación de los 25 oficiales, en el marco del proceso de limpieza y eficiencia en la jefatura y unidades carcelarias. El listado, mantenido bajo un estricto hermetismo, incluye a un subprefecto (cargo semejante al de un subcomisario), cuatro prefectos y 20 inspectores mayores (la segunda jerarquía en importancia en el SPB).
Fuentes oficiales revelaron parte del listado a Página/12. Según esas fuentes, se trata de cinco casos emblemáticos. Los cuatro primeros son: Jorge Agustín Acosta Ferreyra, director de la Secretaría General; Jorge Emir Saavedra, director de Régimen Penitenciario; Rubén Puente, director de Construcción y Mantenimiento, y José Luis Avila, director de la unidad 24, de Florencio Varela. Están sospechados y/o investigados por la Justicia por corrupción administrativa y tienen abiertos sumarios administrativos.
Aunque los 25 tienen su historial conocido intramuros, algunos han logrado instalar su nombre más allá de las paredes penales. Es el caso de Puente. Fue conocido como jefe del penal de Magdalena, a fines de noviembre del año pasado. Su fama saltó de la mano de la denuncia de un preso ante la Justicia (ver aparte).
Por otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos había iniciado una investigación sobre 25 altos jefes, tras la denuncia de este diario sobre el caso de Ramón “Manchado” Fernández. El Manchado fue designado como jefe de Inteligencia durante la gestión de Meckievi, en noviembre pasado, pese a haber sido mencionado en el Juicio por la Verdad en La Plata, por testimonios de víctimas de torturas en la Unidad 9 de La Plata durante la dictadura. Según esos testimonios, Fernández conducía una patota dedicada a torturar a detenidos.
Luego, la investigación de la Secretaría se extendió sobre otros 200 legajos, para determinar si habían pasado por la U9 en aquella época. Por el momento, la Secretaría logró objetar cuatro legajos ante el Ministerio de Justicia. De esos cuatro legajos, uno fue considerado prescindible ayer (aunque fuentes oficiales aseguraron a este diario que la lista continúa): se trata de José Luis “El Cuchillo” Fernández, jefe del penal 24 de Florencio Varela. El Cuchillo está mencionado en varias denuncias de presos por torturas y apremios ilegales.
Además, dentro del listado figuran los jefes de las unidades penales 11, de Baradero; 34, de Melchor Romero, y 12, de Godina. “En los casos que metieron la mano en la lata –señaló una fuente oficial–, hay sumarios e investigaciones por compras sobredimensionadas, empresas favorecidas para vender productos al servicio, o el cobro de las visitas de familiares y los traslados.”