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Carlos Bettini, el hombre que el Gobierno propone designar como embajador en España, no puede presentarse como candidato a un cargo electivo ni tampoco votar en la Argentina. Puede parecer curioso, pero es así: lo tiene prohibido porque el juez electoral de La Plata Manuel Blanco dispuso hace años la suspensión de sus derechos políticos en virtud de que posee la ciudadanía española y de que representó al Estado español en el directorio de Iberia, condiciones que –contra lo que muchos sostienen– en la Casa Rosada desestimaron que sean impedimentos para enviarlo como representante diplomático a Madrid.
La prohibición de votar y candidatearse le fue impuesta a Bettini el 11 de agosto de 1989. Blanco tomó esa determinación en virtud de lo que indica el artículo 8 de la ley 346, que consagra los derechos políticos de los ciudadanos argentinos. Esa norma establece con claridad que “no podrán ejercerse en la República los derechos políticos por los naturalizados en países extranjeros” ni tampoco “por los que hayan aceptado empleos u honores de gobiernos extranjeros sin permiso del Congreso”.
Lo que motivó a Blanco a suspender los derechos políticos de Bettini fue la adquisición de la ciudadanía española por parte del ahora propuesto embajador en Madrid. Aunque la suspensión de esos derechos para aquellos que tienen la nacionalidad española o italiana dejó de aplicarse a partir de la firma de los tratados de doble ciudadanía entre la Argentina y esos países, en el caso de Bettini la medida impuesta por Blanco sigue vigente: es que en su caso aceptó “empleos y honores” del gobierno de España.
Bettini no puede negar su trabajo para el Estado español: en 1992 declaró como testigo, bajo juramento de decir la verdad, en una causa ante el juez Luis Fernando Niño. Entonces, se identificó como “español (naturalizado)” y presentó su pasaporte español número 55420810, pero además aseguró que era “director de Iberia y Aerolíneas Argentinas”. Ambas empresas eran por entonces propiedad del Estado español, del cual justamente Bettini era representante en su directorio.
El papel de “eficiente servidor del Estado español” de Bettini en el directorio de Iberia fue recordado en un informe que el diputado socialista Ariel Basteiro le entregó al canciller Rafael Bielsa. Por ese motivo, el legislador impugnó también el pliego que para su designación el Ejecutivo remitió al Congreso. Bettini también fue impugnado por el abogado Ricardo Monner Sans por sus vínculos con la empresa española Cirsa, operadora del polémico casino que funciona en el barco amarrado en Puerto Madero. Y la diputada del ARI Marcela Rodríguez pidió a la Oficina Anticorrupción que investigue si la designación de Bettini implicaría una “violación” a la Ley de Etica Pública por posibles “conflictos de intereses”.