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Un capitán de 37 años fue arrestado y sometido a un tribunal de honor por objetar, en un seminario académico convocado por el Ministerio de Defensa y las Naciones Unidas para discutir una “Agenda democrática”, las formas de organización de las Fuerzas Armadas, el fracaso de su logística en la guerra de las Malvinas, su incapacidad para vender uno solo de los aviones Pampa que fabrica, y su sistema de compras, apto para el despilfarro y la corrupción. La denuncia en su contra la presentó uno de los brigadieres que el presidente Néstor Kirchner pasó a retiro el año pasado, junto con la cúpula del Ejército que encabezaba el general Ricardo Brinzoni, quien ya había arrestado al mismo oficial en 2000. Integraban el tribunal de honor que lo castigó oficiales que tuvieron cargos políticos durante la dictadura militar y uno que fue acusado, ante la Conadep por una presunta desaparición, que no había ocurrido. El capitán (R) Ricardo Adrián Runza, ingeniero aeronáutico especializado en Defensa y ex asesor de Ricardo López Murphy en ese ministerio durante el gobierno de la Alianza, recurrió al Ministerio de Defensa, a la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y por último a la justicia federal por la persecución ideológica y la arbitrariedad del procedimiento, en el cual no se le permitió ejercer su defensa. También solicitó del gobierno nacional el reemplazo de los anacrónicos tribunales de honor por tribunales de ética profesional. El caso que aquí se relata es significativo de las resistencias que las viejas estructuras oponen a la imprescindible renovación de criterios y procedimientos, impulsada por un joven oficial que ingresó a la carrera después de la dictadura militar, pero que debió padecer sus consecuencias hasta hoy inmodificadas.
Desde afuera
Runza estudió Ingeniería Aeronáutica en la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba, entre 1985 y 1988. También cursó maestrías en dirección de empresas en la Universidad española de Desuto y en la del Salvador de Buenos Aires, ambas regidas por los jesuitas. Es el magister más joven en defensa nacional egresado de la Escuela de Defensa Nacional. En 1988 ingresó en la Escuela Militar de Aviación, de la que egresó cuatro años después como alferez. Con ocho años de carrera y el grado de capitán pidió el pase a retiro en 2000, convencido de que sólo desde afuera sería posible reformar las Fuerzas Armadas. Se sumó al grupo de asesores del entonces ministro López Murphy, bajo la conducción del jefe de gabinete Marcelo Acuña. Ese equipo elaboró un programa de reforma estructural de las Fuerzas Armadas, que fue al archivo junto con el gobierno de la Alianza, pero que alcanzó a inquietar a sus camaradas más antiguos. Proponía un sistema de compras controlado y auditado por civiles que permitiera profesionalizar a la burocracia militar; concentrar los estados mayores de las tres fuerzas armadas en el edificio Libertador; reemplazar funciones administrativas que cada fuerza realiza por separado y en forma manual por un sistema de software y hardware de computación que permitiera un control efectivo; y ceder a una futura ciudad judicial inmuebles innecesarios como los edificios Cóndor o Libertad, vecinos a los tribunales federales y civiles de Retiro.
“Encontramos 1900 inmuebles en el ámbito de Defensa. Con los que proponíamos vender sólo en Capital Federal se financiaba todo el programa”, explica Runza. También planteaban el traspaso de la Policía Aeronáutica, manejada por la Fuerza Aérea, al ámbito de la seguridad pública, en los términos de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, que vedan a las Fuerzas Armadas actuar como policías. Un estudio del académico estadounidense-argentino Thomas Scheetz (un ex sacerdote jesuita que se convirtió en uno de los mayores expertos en análisis de presupuestos de Defensa y que fue su tutor de tesis en la Escuela de Defensa Nacional) presentado en 2001 en el seminario Research and Education in Defense and Security Studies, organizado por el Center for Hemispheric Defense Studies, en Washington, mostró que en proporción a la respectiva tropa, la Argentina tiene dos veces y media más generales y una vez y media más coroneles que Estados Unidos. La edad promedio de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas es de 41 años, y en las de Estados Unidos de 28 años. Aunque no posee divisiones tal como las tipifica la NATO, la Argentina alimenta a ocho generales de división y para once brigadas emplea a 28 generales de brigada. Algo similar ocurre en la Armada y la Fuerza Aérea. Esta desproporción injustificada se revirtió cuando el Presidente decapitó las cúpulas en mayo de 2003, pero las vacantes ya fueron cubiertas por nuevos generales, almirantes y brigadieres, lo cual reproduce la estructura deforme anterior.
Otro proyecto del equipo que integró Runza consistía en reemplazar los institutos universitarios de las tres fuerzas por una Universidad de la Defensa que funcionaría en la Escuela de Mecánica de la Armada, junto con un Museo de la Memoria. Al enterarse, el almirante Joaquín Stella, que comandaba la Armada, trasladó distintos institutos al predio de la ESMA y recreó el Liceo Almirante Brown, que estaba cerrado. “Con Horacio Jaunarena los proyectos sufrieron el colapso total y su jefe de gabinete Raúl García se encargó de desactivar a todos los expertos”. Como el trabajo fue archivado y miles de ejemplares del documento “Revisión de la Defensa 2001” desaparecieron del ministerio, en septiembre Runza y Acuña van a publicar el detalle de aquel estudio en un libro titulado Hacia la modernización del sistema de defensa argentino.
A la gomina
Su primer roce lo tuvo con el ex jefe del Ejército, en setiembre del 2000. Ese fue el mes del primer curso de administración de recursos para la defensa, al que fueron convocados los generales, almirantes y brigadieres en actividad y el personal jerárquico del ministerio de Defensa. Consistía en un ejercicio de simulación sobre adquisiciones para las Fuerzas Armadas y el impacto que tienen en caso de guerra las malas decisiones tomadas en tiempos de paz. López Murphy pidió que los asistentes fueran desde Buenos Aires en un mismo avión y sin asistentes, para bajar costos. Brinzoni se presentó con cinco asistentes y viajó en un avión del Ejército, como para dejar en claro que resistiría cualquier cambio. Durante la inauguración de las jornadas, el 12 de setiembre de 2000, los organizadores formaron fila para recibir a los invitados y saludar uno por uno. Brinzoni le negó el saludo. Aunque todos sabían que Runza era capitán retirado, tanto el ministro como los profesores lo llamaban ingeniero. Por eso, cuando Brinzoni alzó la voz y lo llamó: “Capitán”, era ostensible que se avecinaba un problema. “Usted me faltó el respeto, no me saludó, lo voy a sancionar con cinco días de arresto”, dijo el engominado general. “Yo me como la sanción pero continuemos con la reforma, que es nuestro objetivo”, le dijo Runza a López Murphy.
A los cinco días pedidos por Brinzoni, el jefe de la Fuerza Aérea, Walter Barbero, agregó otros tres. Como deferencia hacia el ministro, permitieron que su asesor cumpliera el arresto en su casa, con permiso para ir al ministerio. Durante ocho días un agente de inteligencia se encargó de verificar que Runza se comportara como un buen peronista del 45. Las Fuerzas Armadas no han dado una vigilancia similar a los oficiales con arresto domiciliario por crímenes de lesa humanidad, uno de los cuales, el coronel Roque Tepedino, fue sorprendido por este diario paseando por la calle. Algunas de las iniciativas que Runza contribuyó a elaborar entonces fueron retomadas ahora por el ministro José Pampuro, pero las represalias contra su autor no cesaron. El pretexto usado es otro escándalo.
La agenda democrática
El 6 de agosto de 2003 el presidente Néstor Kirchner inauguró en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el seminario “La Defensa Nacional en la agenda democrática”, un espacio plural de discusión organizado por el Ministerio de Defensa y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, del que participaron académicos, militares de las tres fuerzas, ONGs y la Mesa del Diálogo Argentino de la Iglesia Católica. Runza fue invitado en carácter de académico, como investigador principal del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. El 20 de octubre, debatió en la mesa 5 con el coronel del Ejército Roberto Ferrer.
–Su actitud es autoritaria y no toma en cuenta la decisión de otra mesa que ha trabajado en paralelo –planteó Runza.
Ferrer negó el cargo de autoritarismo, y el debate prosiguió con normalidad. Pero el 3 de noviembre le informaron que el brigadier mayor Horacio Alberto Rodríguez, representante en esa mesa del Centro Aeronáutico de Estudios Estratégicos, lo había sancionado con diez días de arresto por falta de respeto a un oficial superior del Ejército y había pedido que se formara un Tribunal Superior de Honor de la Fuerza Aérea para juzgar su conducta. Hasta su pase a retiro en mayo de 2003 Rodríguez era comandante de materiales de la Fuerza Aérea, es decir responsable de logística, compras y mantenimiento, área clave desde la óptica de las reformas frustradas.
La comisión de honor se formó en enero de este año. No informó a Runza de qué se le acusaba, pero le formuló cuatro preguntas. En febrero le anunciaron que como resultado de las actuaciones preliminares de la comisión sería sometido a un Tribunal de Honor, pero tampoco le comunicaron la acusación. El 16 de marzo se presentó en compañía como “asesor personal” del general (R) Heriberto Auel. La experiencia de Auel como asesor es larga y pluralista. Entre sus asesorados figuran el ex ministro de Defensa Raúl Borrrás, a quien le explicaba las operaciones conjuntas entre las tres fuerzas, y el jefe carapintada Aldo Rico, a quien le dio letra en la sublevación de 1987. Los jueces encargados de analizar su conducta fueron el brigadier mayor (R) Carlos Enrique Corino (secretario general de la Fuerza Aérea, a cargo de sus relaciones políticas, en los últimos años de la dictadura militar) y los brigadieres (R) Amílcar Guillermo Cimatti, Emilio Ernesto Neme, Julio César Porcile y José María Ignes Rosset.
El juicio se llevó a cabo en la sala rosa del segundo piso del edificio Cóndor. Runza quiso saber de qué se lo acusaba.
–Usted es más leal a la institución del presidente que a la de la Fuerza Aérea –dijo el brigadier Neme.
–Por supuesto, señor brigadier. A mí el sable me lo entregó un presidente constitucional. ¿A usted qué dictador se lo entregó?
“Mocoso de porquería”
El enorme Ignes Rosset dejó su asiento y se precipitó sobre Runza. “¡Mocoso de porquería, traidor!”, le gritó. Runza se puso de pie, colocó sus manos detrás de la espalda y esperó en silencio, las caras a pocos centímetros. Corino evitó que Ignes Rosset le pegara. Cuando todos volvieron a sentarse, Runza insistió en debían comunicarle los cargos. Recién se los entregaron por escrito al día siguiente, 17 de marzo, cuatro meses y medio después de los hechos. Estas son las frases pronunciadas por Runza en una mesa de la Agenda Democrática que, según el acusador brigadier Rodríguez, “exceden el marco de lo opinable en un ambiente académico, denostando a las Instituciones en presencia de oficiales superiores de las tres Fuerzas Armadas”:”Que la guerra de las Malvinas se perdió por la logística y que las Fuerzas Armadas después de haber perdido una guerra deberían haber aprendido de logística”.
“Que el avión Pampa era un fracaso por no haber sido vendido a nadie.”
“Que en ocasión de haber formado parte del programa [de adquisición del sistema de armas] A4-AR, que le había costado mucha plata al Estado, produjo un asesoramiento de costo/eficacia que no había sido aceptado porque el jefe del programa no sabía matemáticas.”
Runza respondió a los tres puntos, el 22 de marzo:
El fracaso de la logística en Malvinas es “una verdad incuestionable” que “provoca dolor profundo a todo aquel que se siente militar por vocación” y sugirió al tribunal leer esa conclusión en el Informe Rattenbach.
“Nunca la Argentina ha vendido un solo avión Pampa”, lo que demuestra “la falta de conceptualización que se tiene en el ámbito de la producción para la defensa del concepto mercado”.
El jefe de proyecto A4-AR, brigadier (R) Horacio Mir González, “a mi humilde entender no podía comprender el alcance y el potencial de las técnicas de proyecciones estadísticas por la complejidad matemática de los cálculos que mostraba”, simplemente porque son técnicas que “no se aplican aún en la jurisdicción Defensa”.
Las acusaciones, concluyó Runza, son “resultado de una mente limitada, de un reduccionismo ideológico inaceptable y de un evidente desconocimiento específico de carácter académico”. El brigadier Rodríguez “no tuvo los conocimientos específicos suficientes para rebatir técnicamente las ideas expuestas y frente a su derrota intelectual no tiene otro argumento que llevarme al campo del honor”.
El honor de la República
Dado que el presunto ofendido era un oficial del Ejército, Runza le solicitó al presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que ordenara la constitución de un verdadero Tribunal Superior de Honor de las Fuerzas Armadas. Pidió además que no lo juzgaran oficiales con legajo abierto en la CONADEP ni ex funcionarios de gobiernos de facto, es decir “quienes hayan atentado contra el honor de la República”. La solicitud nunca llegó a las manos de Kirchner. El 23 de abril el tribunal de la Fuerza Aérea le comunicó su “amonestación por falta grave” a “las normas que el honor impone, al observar conducta equívoca; incurrir en actos impropios de un oficial al dar informes inexactos que faltan a la verdad; emitir versiones que afectan a la conducción institucional y a camaradas y encubrir su condición de oficial retirado para el logro de fines que no son los institucionales”, cargos que no fundamentaron y que no guardan relación con las supuestas ofensas. El 3 de mayo, Runza recurrió a Pampuro, reiterando su solicitud de ser juzgado por un tribunal de honor de las Fuerzas Armadas y no de la Fuerza Aérea. También se reunió con el secretario de asuntos militares, Jaime Garreta, quien aconsejó acceder a su pedido. Sin embargo, la semana pasada el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Alberto Rohde confirmó la sanción aplicada y rechazó la solicitud de Runza, quien entonces presentó un amparo para que se declare la nulidad de todo el proceso, que deberá evaluar el juez Osvaldo César Guglielmino.
Runza volvió a dirigirse a Pampuro y también al presidente de la comisión de defensa de Diputados, Jorge Villaverde, narrando el episodio y solicitando que reclamaran explicaciones a Rohde. Un día después Pampuro anunció la creación en su ministerio de una oficina de Derechos Humanos. Concluye Runza: “No emito juicio sobre Rohde. El único que tiene que emitir juicio sobre Rohde es el presidente, por eso quiero que esté al tanto. Sí denuncio al Tribunal de Honor. Es una institución arcaica, válida para ejércitos de masas pero no en ejércitos del siglo XXI. Deberían transformarse en tribunales de ética profesional, integrados por militares para tratar cuestiones profesionales, con derecho a defensa y recurso de apelación ante la justicia civil, como en Alemania, Canadá o Gran Bretaña”.

Investigación Diego Martínez.