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Por H. V.

No sólo el procedimiento del tribunal de honor se realizó con desprecio por las reglas del debido proceso. También es opinable la aptitud de varios de sus miembros para integrarlo, ya que han cometido actos que pueden afectar a la Fuerza Aérea en una medida superior a aquellos que se reprochan al capitán Runza. El presidente del tribunal, brigadier (R) Carlos Corino, fue secretario general de la Fuerza Aérea durante la dictadura militar, a cargo de sus relaciones políticas. Uno de sus integrantes, el brigadier (R) Julio César Porcile, fue ministro de Trabajo durante las dictaduras de Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, en 1981 y 1982. Otro de los jueces militares que sancionaron a Runza y quien intentó pegarle durante la primera sesión del tribunal, fue el brigadier (R) José María Ignes Rosset, quien había sido acusado por la desaparición de un soldado ante la Conadep. En realidad, el legajo 2886 absuelve a Ignes Rosset: el presunto desaparecido, cuyos familiares realizaron la denuncia, reapareció cuatro años después y confesó que había desertado después de embarazar a una chica. El CELS exigirá ante el tribunal del juez Osvaldo Guglielmino las garantías elementales de defensa en juicio que se negaron a Runza y pedirá la inconstitucionalidad del decreto 1287/91, sancionado por Carlos Menem y su ministro Erman González que reglamentó el funcionamiento de los tribunales de honor. Ese reglamento PC 28-01 permite que ex represores y ex funcionarios de la dictadura integren los tribunales, pero prohíbe que el acusado se presente con un asesor letrado y apele de la resolución ante un tribunal de justicia.