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“Yo tengo buena relación con los organismos de derechos humanos. Soy el que aparece en la foto con una madre de Plaza de Mayo.” La excusa que el policía Carlos Enrique Gallone intentó ante los funcionarios del juzgado de Rodolfo Canicoba Corral no fue efectiva. El hombre fue procesado ayer junto con otros dos represores por su responsabilidad en la masacre de Fátima, en la que el 20 de agosto de 1976 fueron asesinadas treinta personas. En la misma causa el magistrado ordenó la detención de dos ex agentes del Batallón 601 del Ejército.
Los policías que quedaron procesados ayer son Juan Carlos Lapuyole, Carlos Vicente Marcote y Gallone. Los dos primeros fueron los responsables de las direcciones generales de Inteligencia y Operaciones de Superintendencia de Seguridad Federal. Gallone fue jefe de una de las “brigadas” que actuaron en el lugar, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura.
En la misma resolución, Canicoba Corral dictó la falta de mérito para los policías Jorge Mario Veyra y Miguel Angel Timarchi, ya que no pudo ligarlos al asesinato de las 30 personas en Fátima. Sin embargo, ambos podrían ser imputados luego por otros secuestros. Además, el juez ordenó las detenciones de los agentes del batallón 601 Francisco Valdez y Rubén Bufano, quienes están involucrados en el traslado y los homicidios de la masacre.
En su escrito, Canicoba Corral consideró que “está acreditado que entre la noche del 19 de agosto y la madrugada del 20 de agosto de 1976, treinta personas que se encontraban detenidas ilegalmente en la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal fueron trasladadas hasta la localidad de Fátima, en donde fueron asesinadas mediante un disparo en sus cabezas y dinamitadas”. El hecho se habría producido como represalia por el atentado en el que murió el general Omar Actis, presidente en ese entonces del ente organizador del Mundial de Fútbol de 1978.
De las treinta víctimas, cinco fueron identificadas en el momento del hallazgo de los cadáveres. Posteriormente, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró establecer la identidad de otros ocho cuerpos.
Cuando fueron interrogados por Canicoba Corral, Lapuyole, Marcote y Gallone negaron haber sido parte del terrorismo de Estado. Marcote dijo que “los detenidos que se encontraban en el edificio de Superintendencia de Seguridad Federal lo estaban en forma legal y no clandestina”. Gallone argumentó que “todas las detenciones” que realizó “fueron conformes a las formalidades exigidas por la ley”. Este policía apareció hace dos meses en una escucha en la que hablaba con el reducidor de autos Jorge Sagorsky, acusado de participar en el secuestro de Axel Blumberg y el comisario Jorge “El Fino” Palacios, quien fue removido de su cargo después de que Página/12 publicara partes de esa conversación.
En el momento de declarar ante el juez, Gallone intentó defenderse apelando a la famosa fotografía periodística en la que aparece abrazando a una madre de Plaza de Mayo. Su estrategia no resistió.
“Es claro que omiten una parte de la historia”, estimó el magistrado al analizar los descargos de los tres procesados. “Sólo recuerdan aquellas actividades que les eran propias de acuerdo a sus funciones específicas, olvidando la otra faceta de sus tareas, aquella clandestina, que implicaba una clara y brutal violación a los derechos fundamentales de las personas que mantenían en cautiverio de manera ilegal en el edificio de Moreno 1417”, agregó.
Como prueba de la porción del trabajo de los represores que ocurría en las sombras y los sótanos, el magistrado cuenta con los testimonios de las víctimas pero, en este caso, también de varios policías que declararon en la causa y admitieron la existencia de detenidos ilegales. “Se debe apuntar que en la Superintendencia de Seguridad Federal se verificó a través de diversos elementos de convicción, la existencia de un centroclandestino de detención, circunstancia enfáticamente negada por los encartados”, aseguró Canicoba Corral.
La investigación de la masacre de Fátima es un desprendimiento de la causa de los crímenes cometidos en Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura. En ese expediente habrá nuevas detenciones la semana que viene ya que los militares Humberto Lobaiza y Teófilo Saá, quienes se desempeñaron como jefes de áreas de la Capital Federal, descargaron la responsabilidad de los crímenes en sus subordinados.