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Un grupo de organizaciones no gubernamentales pidió que el dinero decomisado a María Julia Alsogaray por su enriquecimiento ilícito sea asignado al Hospital de Niños y a la capacitación de funcionarios judiciales. Encabezadas por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), las entidades le reclamaron al Tribunal Oral que condenó a la ex funcionaria hace un mes que le dé un destino concreto al dinero. Sostienen que ésa es la forma de contrarrestar los efectos de la corrupción como “la privación de políticas sociales y el aumento inusitado de la pobreza”.
El Tribunal Oral 4, que encontró culpable a María Julia de enriquecerse aprovechando los cargos que ocupó, le impuso una condena de tres años de prisión, pero también ordenó en la sentencia que devuelva 500 mil dólares de un contrato falseado con la empresa Astilleros Alianza y 622 mil pesos de sobresueldos que dijo haber recibido por la ley secreta de fondos reservados. Ahora los jueces Horacio Vaccare, Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino estudian si aceptan la sugerencia del Cipce, una organización que tiene entre sus principales objetivos recuperar para el Estado el dinero proveniente de “grandes casos de criminalidad económica” de los últimos veinte años.
“Resulta de vital importancia destacar que a la luz de las acciones delictivas cometidas por la señora María Julia Alsogaray, que se inscriben dentro de una clara matriz de corrupción pública que durante los años del menemismo provocó el vaciamiento de los principales recursos económicos estatales, el decomiso de las sumas señaladas debe volver al Estado”, señala el texto, firmado por los juristas David Baigún, Alberto Binder, Claudio Castelli y Héctor Recalde. El Cipce es una coalición de ONG, que integran el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas) y el Instituto de Estudios de la Unión de Empleados de la Justicia.
Según el planteo, la plata de la ex secretaria de Recursos Naturales debería ser destinada en un 80 por ciento al Hospital de Niños “asignándola a la compra de equipos técnicos, instrumental, material descartable, medicamentos y otros enseres de principal necesidad para el funcionamiento de la institución”. El resto sería “para la organización y el desarrollo de cursos de capacitación y formación a los funcionarios judiciales en temas vinculados con los delitos económicos”.
Los destinos elegidos para la plata tienen una explicación. Pedro Biscay, director del Cipce, argumenta: “El desvío de dinero del erario público constituye una violación sanguinaria de los derechos económicos sociales, con lo cual recuperar el dinero para el Estado en un país sumido en la pobreza es una tarea de primer orden porque permite la implementación en políticas sociales que la infinidad de actos de corrupción impidieron”.
Sería una decisión novedosa que el tribunal aceptara la propuesta, ya que no hay antecedentes de este tipo. Previo a eso debe considerar, además, si acepta la intervención del Cipce en calidad de “amicus curiae”, es decir, como un tercero ajeno a la disputa judicial que ofrece colaboración reivindicando un interés legítimo. Este tipo de participación se les dio a organizaciones de derechos humanos en la causa ESMA.