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El Gobierno asegura que ya cuenta con el aval de todos los gobernadores –hasta de los más lejanos– para la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal tal cual se envió al Congreso, uno de los compromisos asumidos con el FMI para la nueva revisión del acuerdo. La iniciativa tiene algún foco de resistencia entre senadores del interior que colaron cambios en el proyecto de dictamen. Pero ahora, con la venia de los gobernadores en el bolsillo, el jefe del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto, ya recibió la instrucción de volver al proyecto original y alinear a los senadores oficialistas.
“Estuve haciendo un sondeo con todos los gobernadores y ellos me aseguraron que en lo esencial están de acuerdo con la ley y que van a hablar con sus senadores”, explicó ayer a Página/12 el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Buena parte de ellos ya habían sido sondeados por el presidente Néstor Kirchner durante su viaje a China. A bordo del Tango los gobernadores no sólo se mostraron conformes con la ley de responsabilidad fiscal sino que, en el caso de los justicialistas, también le prometieron al Presidente su apoyo como conductor del peronismo (ver aparte).
Esa pelea corre por otro carril pero para resolverla el Gobierno también necesita del voto de quienes se sabe que tienen diferencias. Junto a Kirchner viajaron mandatarios amigos como el santacruceño Sergio Acevedo, el jujeño Eduardo Fellner y el sanjuanino José Luis Gioja, de apoyo cantado. En cambio, en el caso de Felipe Solá y el santafesino Jorge Obeid, de una relación oscilante con el Ejecutivo, su alineamiento es más meritorio. En tanto que el aval del cordobés José Manuel de la Sota y el radical mendocino Julio Cobos, directamente es un logro.
Ellos ya le habían adelantado su consentimiento a la ley al Presidente y se lo reiteraron al jefe de Gabinete. “Hasta Rodríguez Saá dijo que sí”, decían en gobierno. Los gobernadores más cercanos recibieron la instrucción de salir a dar su aval. “No hay ninguna razón para postergar el tratamiento de esta ley, salvo que se quiera volver al festival de gasto y endeudamiento de los noventa”, dijo el tucumano José Alperovich.
El radical Cobos, incluso, le contó a Fernández que con su consentimiento no le estaba dando ninguna primicia porque ya había hecho declaraciones a favor del proyecto en un canal de Mendoza. El jefe de Gabinete entonces le preguntó por las declaraciones del senador mendocino Ernesto Sanz, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, quien consideró el proyecto “irresponsable” porque obligaba a las provincias a restringir sus gastos cuando no hay nueva ley de coparticipación. “No sé por qué dijo eso”, respondió Cobos y prometió hablar con sus legisladores.
Justamente, la ley de responsabilidad fiscal es la respuesta que ingenió Roberto Lavagna para dejar tranquilo al FMI a cambio de la coparticipación. Lavagna convenció al Fondo de que si se modificaba la coparticipación la Nación iba a tener que ceder recursos a las provincias y se haría imposible cumplir con las metas de superávit. En su lugar, surgió este nuevo proyecto por el cual las provincias no pueden gastar más allá de sus ingresos. Uno de los puntos de discordia es que el proyecto enviado por el Gobierno exige que los déficit provinciales no superen el 15 por ciento del PBI. Los senadores que se oponen sostienen que esa medida obligaría a los distritos más endeudados a ajustarse el cinturón. Como las deudas de esas provincias son en gran parte con la Nación, exigían como condición que Economía accediera a refinanciar esos pasivos.
“No vamos a aceptar que los senadores impongan un mecanismo extorsivo”, respondían en Gobierno. Con todo, aclaraban que la refinanciación se caía de madura si se tenía en cuenta que, por ejemplo, Buenos Aires sola le debe a la Nación 2100 millones de pesos, por lo que nunca lograría llevar sus números a los requerimientos de la ley sin ayuda. En total, la deuda de las provincias con el gobierno central supera los 5 mil millones.Otro punto de resistencia tiene que ver con la organización del Consejo Federal, donde la Nación cuenta con voto calificado para la toma de decisiones. “No se puede perder ese voto, si no corremos el riesgo de que se forme una confederación de provincias y nos aprueben todo en contra”, explicaban en la Rosada.
El Fondo está en pleno análisis de la revisión de metas por lo que los tiempos para la aprobación del proyecto apremian. El Gobierno imaginaba que el Senado daría la media sanción el miércoles pero los cambios introducidos en el dictamen de comisión y la contraorden que recibió Pichetto casi seguro llevarán a retrasar el operativo una semana.
En Diputados, el trámite aparenta más sencillo. En principio, el jefe de la bancada del PJ, José María Díaz Bancalari, le prometió a Kirchner que hará lo posible por evitar cualquier conflicto cuestión que el Fondo tenga su gesto de buena voluntad a tiempo.