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Como suele ocurrir casi siempre, el careo entre el ex ministro del Interior de la Alianza Federico Storani y el ex titular de Gendarmería Carlos Chiappe sólo sirvió para que “cada uno se mantuviera en sus dichos”. Se vieron las caras ayer ante el juez correntino Carlos Soto Dávila, que investiga la represión del puente Belgrano en diciembre de 1999 en la que murieron dos manifestantes. La medida buscaba esclarecer la responsabilidad sobre la orden de reprimir durante aquel episodio. En diálogo con Página/12, Storani afirmó que Chia-ppe rectificó parte de una respuesta dada con anterioridad. “Dijo que tuvo una conversación telefónica pero con el ministerio, no con el ministro, que era yo”, explicó.
Los familiares de las víctimas se quejaron porque la audiencia, que duró “apenas diez minutos”, tuvo lugar antes del horario establecido y no les avisaron. “Esto demuestra que la causa se sigue manejando en la más absoluta clandestinidad”, se lamentó la abogada María del Carmen Verdú, de la Correpi. Storani admitió que se presentó a las ocho aunque estaba citado para las nueve, y explicó que empezaron cuando llegó el magistrado, a las 8.45. “No voy a esperar para que me hagan un show, si quieren hacerlo que lo hagan temprano”, dijo a este diario. El 28 de abril se había fijado la fecha para un careo en Corrientes, pero ambos solicitaron que la medida se hiciera en Buenos Aires.
El 17 de diciembre de 1999 murieron Francisco Escobar y Mauro Ojeda, a varias cuadras del puente ocupado. El contexto era de una profunda crisis política, económica y social en la que no se pagaron los sueldos durante 6 meses. De la movilización nacieron los “autoconvocados”, mucho antes de que resonaran las cacerolas que desalojaron a Fernando de la Rúa.
La causa se inició con la ocupación del puente, el desalojo, las dos muertes y los 28 heridos de bala. La investigación marchó a paso lento y los querellantes recusaron al juez Soto Dávila porque fue él quien dispuso el desalojo del puente, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Gendarmería. Sin embargo, el magistrado continuó con el caso. Hubo sucesivas declaraciones testimoniales, y tras cinco años no hay imputados. Aunque los querellantes los consideran responsables de las consecuencias de la represión, ni Chiappe ni Storani están imputados. El ex ministro sostiene que nunca dio la orden de reprimir, mientras que Chiappe asegura haber recibido una orden telefónica para desalojar el puente. Tras el careo resta establecer con quién habló Chia-ppe, si es que no lo hizo con Storani, como afirma el ex ministro. Tras escuchar las dos respuestas suyas, dadas en ocasión de su declaración testimonial, en las que habría contradicciones, el ex ministro dice que “ratificó sus dichos”. Según relató, se había comunicado con el juez y coincidieron en “obrar con mesura”, pero recordó que Soto Dávila “los iba a intimar para el desalojo porque estaban cometiendo un delito”.
Este magistrado constituyó su juzgado en el despacho de la jueza federal María Servini de Cubría. La audiencia estaba convocada para las nueve, pero según dijo el abogado Daniel Stragá “la anticiparon, no avisaron y así dejaron al pueblo de Corrientes sin conocer qué se dijo”. El letrado bramó que “es una vergüenza de la que tanto Soto Dávila, Chiappe y Storani son responsables”. Ahora los representantes de las víctimas podrían pedir la nulidad del careo y llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por retardo y denegación de Justicia.