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La causa judicial por la toma de la comisaría 24ª de La Boca sigue rebotando entre los jueces Norberto Oyarbide y María Angélica Crotto. El último rechazo corrió por cuenta de Oyarbide, quien anunció que enviará el expediente a la Cámara Federal para que el tribunal resuelva si el que debe entender en el tema es ella o él. En los diez días que pasaron desde que ocurrió el asesinato de Martín “El Oso” Cisneros, los magistrados realizaron una sucesión de denuncias y declaraciones públicas, Oyarbide con profusas críticas hacia los manifestantes y Crotto hacia el Gobierno, por no haber reprimido la ocupación. Pero finalmente ni uno ni otro quiere hacerse cargo del tema.
“La jueza Crotto dijo que no y yo he dicho que no otra vez, de manera que frente a esta disyuntiva es la Cámara Federal la encargada de indicar el camino claro y determinar si es la Justicia de instrucción o la Justicia federal la responsable de avanzar con el caso”, dijo Oyarbide al ser consultado sobre la situación.
Crotto estaba de turno en la noche del 25 de junio, cuando ocurrió el crimen de Cisneros y la toma de la comisaría, pero –según las primeras versiones– la policía no la encontró y por eso pidió la intervención de Oyarbide. Una semana más tarde, la jueza denunció que en realidad había dado órdenes para que la seccional fuera desalojada y no la obedecieron. Se suponía que luego de formular esa denuncia iba a avanzar en el caso, pero el lunes se declaró incompetente y lo devolvió a Oyarbide, quien también rechazó intervenir.
El subsecretario de Seguridad, José María Campagnoli, que durante la toma estuvo en la comisaría, ratificó que Crotto estuvo ausente. “Me pregunto si una orden de esa naturaleza se puede dar por teléfono, sin evaluar las circunstancias en el lugar”, dijo Campagnoli. También criticó el planteo de que la comisaría debió haber sido desalojada. “Ningún ciudadano de bien puede pretender que al que se manifiesta se lo reprima. Hay que buscar puntos intermedios, soluciones pacíficas, esa es la función nuestra.”
El funcionario opinó, por otra parte, que durante las diez horas que duró la toma el dirigente piquetero Luis D’Elía tuvo “una actitud de buscar una salida a una situación”, que se había desbordado.
Ahora la Cámara Federal deberá decidir si los hechos por los que fueron denunciados los piqueteros son delitos de competencia federal u ordinaria. La jueza considera que en la ocupación se cometieron “amenazas coactivas e incitación a la violencia colectiva”, que comprometieron a su entender la seguridad pública. Por eso argumenta que corresponden a la Justicia Federal. Para Oyarbide, sin embargo, no existen pruebas de tales imputaciones, aunque al excusarse recomendó que se investigara a los piqueteros por una decena de delitos comunes.
Mientras el expediente por la ocupación está atado a estas idas y vueltas, la Cámara del Crimen resolvió que la investigación del homicidio de Cisneros quede a cargo de la jueza de Menores Adriana Leiras. El tribunal superior dio de esta manera la razón al juez Enrique Velázquez, sobre quien en un principio había recaído el caso. Velázquez se había excusado porque entre los sospechosos hay un menor de 17 años.
El joven se negó a declarar ante Oyarbide, al igual que el también detenido Juan Carlos Duarte. El expediente podría tener avances en los próximos días, ya que ambos imputados dejaron trascender que pedirán ser indagados.
Entre las causas derivadas del asesinato de Cisneros hay otras dos en el despacho del juez federal Jorge Urso. El magistrado fue quien recibió la denuncia de Crotto y pedirá los listados de sus llamados telefónicos para chequear si, como sostiene la magistrada, dio órdenes a la policía que fueron desoídas. Urso tiene además una denuncia por el mismo asunto con acusaciones a Campagnoli, al secretario de Seguridad, Norberto Quantín, y al ministro de Justicia, Gustavo Beliz. Y un expediente que impulsa el abogado de Miguel Etchecolatz en el que el defensor del represor acusa al Gobierno de no “poner orden” frente a las protestas piqueteras.