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Por Eduardo Mondino*

A lo largo de su historia las Naciones Unidas han formulado una clara y definida estrategia para promover y defender los derechos humanos. Pero hoy es necesario reconocer que en el mundo, y en América latina en particular, la plena vigencia de dichas prerrogativas es relativa y hasta simbólica, en especial la de los derechos económicos y sociales.
Dicha realidad, en la que entrevemos el interés de algunos grupos y sectores por depreciar los derechos humanos, no es producto de un hecho accidental o de una situación coyuntural, sino consecuencia de una conducta voluntaria y concreta orientada a reprimir y a domesticar a los pueblos.
Parece inverosímil que, ya inmersos en el siglo XXI, tengamos que realizar esa advertencia, pero así lo exigen los alarmantes índices de pobreza y de exclusión social existentes, la falta de oportunidades para que la mayoría de las personas accedan a las condiciones de bienestar más elementales, la desigualdad en la distribución de la riqueza, así como la persistencia de denuncias por violaciones a los derechos individuales, a la integridad física y a la dignidad de las personas.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo de la Nación organizó en la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de las Américas, el seminario “Líderes en la Prevención de la Tortura”, con el fin de alertar sobre la vigencia de ese flagelo, así como para analizar políticas y medidas que contribuyan a su completa erradicación.
Producto de ese ejercicio de reflexión conjunta e interdisciplinaria, subrayamos el papel decisivo que les cabe a las instituciones nacionales en la prevención de la tortura y asumimos la responsabilidad de denunciar judicialmente los casos de tortura y malos tratos. Asimismo, propusimos la aplicación efectiva del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, que se apresta a ratificar el Congreso nacional, que crea un régimen de visitas a los lugares de detención de representantes de organismos autónomos de carácter internacional y nacional.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación ratificamos nuestro compromiso irrenunciable de garantizar el respeto a la dignidad de cada persona. Creemos en la indivisibilidad de los derechos humanos, sean de carácter cívico, económico y cultural, y consideramos que todo intento por menguar su existencia y ejercicio es parte de una lógica de dominación y sometimiento. En ese sentido, la decisión de trabajar en la prevención y supresión de la tortura y de los malos tratos es una medida primordial para preservar la libertad y dignidad, prerrogativas inalienables de las personas.

* Defensor del Pueblo de la Nación.