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El Gobierno remitió ayer a Jorge Urso los datos que había reclamado el juez para cruzar, mediante el sistema Excalibur, las comunicaciones telefónicas entre algunos funcionarios y Luis D’Elía por la ocupación de la Comisaría 24ª de La Boca, tomada durante algunas horas a raíz del asesinato de un piquetero. El juez realizará un relevamiento de las comunicaciones telefónicas registradas en la comisaría y las que mantuvieron, por celular, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz el secretario de Seguridad, Norberto Quantin, y el subsecretario, José Campagnoli. Paralelamente, Norberto Oyarbide, que investiga la responsabilidad penal de D’Elía y un grupo de piqueteros en la toma de la seccional, resolvió postergar hasta la primera semana de agosto cualquier decisión, incluida la convocatoria al líder piquetero. Las dos causas están conectadas. Oyarbide investiga a D’Elía y otros piqueteros por una decena de delitos. Urso, en tanto, investiga el rol de los funcionarios del Gobierno en la negociación con los piqueteros y con la jueza María Angélica Crotto.