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El juez Claudio Bonadío enfrenta un test: ahora deberá averiguar la responsabilidad del comisario retirado Jorge “El Fino” Palacios en el retiro de los casetes que hasta ahora nunca aparecieron. Palacios fue durante muchos años una presencia familiar en la Justicia federal y trabó una relación de gran confianza con Bonadío.
La confianza entre magistrado y policía, según contaron a Página/12 funcionarios de Tribunales que pidieron reserva de su nombre, sobrepasó momentos tensos para el juez. Uno de ellos, cuando en el 2001 Bonadío mató a dos personas, Germán Lorenzatti y Daniel Martín Villa. Según la versión oficial, fue una reacción cuando amigo del juez fue herido de un tiro en la cintura y Bonadío entendió que se trataba de un ataque también contra él.
Palacios también tenía una relación de mucha confianza con un personaje desconocido por el público pero clave en los años del gobierno de Carlos Menem: Carlos Lavié.
Lavié dirigió la Oficina de Observaciones Judiciales, la famosa Ojota de la Secretaría de Inteligencia del Estado, durante la jefatura de Hugo Anzorreguy. Ojota es el departamento encargado de las intercepciones telefónicas. Según la ley, es una actividad que la SIDE sólo puede hacer por orden judicial.
Como Palacios, Lavié tuvo siempre un vínculo estrecho con los jueces federales.
El ex director de Ojota no está más en la SIDE. Una versión que circulaba ayer en el Gobierno lo daba como ligado al gremio gastronómico, aunque del lado de los propietarios de parrillas y no de los mozos.
Antes de entrar a la SIDE Lavié era empleado de Tribunales.
Por los tiempos, Lavié tiene que haber sido quien se encargó de pinchar el teléfono de varios sospechosos luego del atentado a la AMIA. Si eso es así, fue Lavié quien envió los casetes a la Justicia y quien tiene que haber autorizado a un policía a retirarlos.
En ese momento Palacios no era aún jefe de la unidad antiterrorista de la Policía Federal, como sucedería años después y hasta su pase a disponibilidad por decisión de Kirchner. Tampoco dirigía el departamento de Protección del Orden Constitucional, POC, que se encargó inicialmente de participar en la investigación del atentado a la AMIA.
¿Palacios personalmente retiró los casetes y es, entonces, responsable de su desaparición? ¿Fue un oficial de menor graduación o un suboficial a su cargo el que lo hizo? Además de un recibo y un remito en la Justicia y en la SIDE, ¿hay otro documento que sirva para determinar el destino de lo que el jefe de gabinete Alberto Fernández definió ayer como “la ruta de los casetes”? ¿La desaparición de los casetes tiene relación con los contactos policiales del comerciante de autos Alejandro Monjo, interrogado en la causa AMIA?
A pesar del secretario de Seguridad, Norberto Quantín, y del subsecretario, José María Campagnoli, que lo encumbraron, Palacios no es más uno de los jefes posibles de la Policía Federal. Fue pasado primero a disponibilidad y después a retiro luego de que fueran evidentes sus contactos con Jorge Sagorsky, el vendedor de autos truchos involucrado en el secuestro de Axel Blumberg.
Este diario publicó unas escuchas reproducidas en un programa de radio en las que Palacios hablaba con Sagorsky. Otro de los interlocutores de Palacios y Sagorsky era el comisario retirado Carlos Gallone y se había hecho famoso por una foto en la que se lo veía abrazando a una madre de Plaza de Mayo.
Durante la dictadura, Gallone formó parte de la patota que operó en la Superintendencia de Seguridad Federal. Hace un mes fue detenido por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral en la causa que investiga las violaciones a los derechos humanos en territorio del Cuerpo Uno de Ejército, del que dependía la fuerza de tareas de la Policía Federal. Está acusado de haberparticipado en la Masacre de Fátima del 20 de agosto de 1976, cuando 30 secuestrados en la Superintendencia fueron asesinados a balazos o dinamitados a la altura del kilómetro 62 de la ruta 8.