[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El fiscal general, Germán Moldes, advirtió que con los sobornos en el Senado “se han cometido delitos gravísimos para la salud institucional de la República” y debe “aflorar la verdad”. Por eso pidió que la Cámara de Casación Penal revocara el fallo de la Cámara Federal que hace casi un mes anuló los procesamientos del arrepentido Mario Pontaquarto, los ex senadores José Genoud (UCR), Emilio Cantarero (PJ) y el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes. Sostuvo que hay suficientes pruebas para responsabilizarlos y evaluó que la decisión de los camaristas Martín Irurzun y Horacio Vigliani fue “arbitraria”, “inconstitucional”, un “sobreseimiento encubierto” y un gesto de “impunidad”.
El juez Rodolfo Canicoba Corral, quien conduce la investigación sobre las coimas, está convencido de que “el 18 de abril de 2000 el entonces secretario parlamentario (Pontaquarto) retiró de la SIDE cinco millones de pesos en efectivo con el objetivo de entregarlos los días 26 y 27 de abril a dos senadores, a efectos de que éstos, junto a otros, aprobaran la Ley de Reforma Laboral”. La reconstrucción de los hechos se basó en el relato del arrepentido y de medidas que ayudaron a corroborarlo. Por eso, el magistrado lo procesó tanto a él como a Cantarero, Genoud y De Santibañes. El 13 de julio, Irurzun y Vigliani dieron vuelta esa decisión y libraron a los cuatro acusados de responsabilidad en una resolución que sorprendió a sus propios compañeros de tribunal, que la conocieron por lo medios. El dúo de camaristas puso en duda la confesión de Pontaquarto, basándose en que había hecho un arreglo económico con la revista que publicó su relato. También señaló que no había “pruebas para recrear adecuadamente la verdad” y que la pesquisa se desarrolló “desde una perspectiva errada”.
El fiscal Moldes cree que fue la Cámara Federal la que “cometió un error” e intenta ahora que Casación vuelva todo atrás y lo deje tal como lo había concebido Canicoba Corral. Con ese objetivo presentó un recurso donde cuestiona el fallo de los camaristas y siembra sospechas sobre su contenido. El texto dice que “se favoreció el ocultamiento” de “la verdad jurídica objetiva” y que eso se hizo “con base en reparos rituales”, con un “excesivo rigor formal” e “ignorando las constancias de la causa”.
- “Se fulminó un acto procesal” de manera “inconstitucional”, señaló el fiscal. “Al invalidar prácticamente cuatro años de actividad probatoria, de manera anómala, se ha consagrado una suerte de aniquilación virtual de toda la instrucción”, añadió.
- Según Moldes, lo dispuesto por Irurzun y Vigliani “ha generado una cuestión de gravedad institucional”. En la causa, remarcó, están vinculadas “las máximas autoridades de dos poderes de la República en un hecho delictivo que tuvo repercusión nacional e internacional y que por su incidencia en la vida institucional de la República horadó la confianza” de la “sociedad” en los “representantes y funcionarios públicos”. Los desprocesamientos implicarían, alertó, “responsabilidad internacional” según la Convención Interamericana contra la Corrupción.
- Para procesar a alguien, como lo hizo Canicoba Corral, no hace falta “certeza de que se cometió un delito”, sino que se trata de “una resolución provisional”, fundamentó el fiscal. A su entender, “la verdad investigada” fue “recreada adecuadamente”, avaló la confesión de Pontaquarto y dijo que su arreglo de dinero con la revista TXT fue un “acto privado”.
- “La nulidad decretada por la Cámara” equivale, según Moldes, a un “sobreseimiento virtual, encubierto”. “Si, por una parte indica nuevos caminos, por la otra sella la suerte del tramo ya esclarecido”, señaló, y eso “se traduce en la impunidad para los protagonistas” al “retrotraer la discusión a dilucidar si el hecho ocurrió o no”. “Para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad”, escribió, citando la convención anticorrupción. El recurso del fiscal pide que Casación anule la resolución de los camaristas. Si se lo rechazan, podría ir en queja derecho hacia la Corte Suprema para que resuelva el asunto.