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Por E. T.

Aunque un tanto borroneada por el paso del tiempo, no son pocos los automóviles que todavía exhiben la oblea del Impuesto Docente en un ángulo de su parabrisas. Entre los patrios celeste y blanco se destaca 1999, año del tributo. Algunos incluso se sintieron muy estúpidos por haberlo pagado. El Senado les va a dar la razón. Convertirá en ley una iniciativa que perdona todas las deudas y los intereses que hubieran sumado los vehículos estatales por no haber pagado el incentivo.
El proyecto ya obtuvo su media sanción en Diputados. Beneficia a todos los ámbitos estatales, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Cuando los medios de comunicación comenzaron precisamente a destacar que, a diferencia de los particulares, los autos oficiales no portaban la oblea que identifica a quienes han pagado el impuesto, algunos organismos jurisdiccionales comenzaron a reclamar las partidas presupuestarias necesarias. Allí comenzó un largo trámite. En algunos casos, los vehículos tuvieron que afrontar los reclamos judiciales de rigor. A ellos viene a salvar esta norma.
Entre sus fundamentos el proyecto señala que ese reclamo presupuestario realizado para afrontar el pago de la oblea “se aprecia de difícil concreción ante la grave situación que enfrentan las finanzas públicas”. El proyecto tuvo su origen en el Poder Ejecutivo y lleva la firma del ministro de Economía, Roberto Lavagna; del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del Presidente. El 16 de enero ingresó a la Cámara de Diputados. Allí fue aprobado el 7 de julio. Ahora integra el temario de la sesión de hoy.
Entre otros argumentos se cita un dictamen emitido el 15 de febrero de 2000 por el procurador del Tesoro. Cargo que por esos días ocupaba el delarruista Ernesto Marcer. “...si la intención del legislador hubiera sido que la ley gravara los automotores oficiales, aquél habría asignado, al propio tiempo, los recursos presupuestarios necesarios”, dice el dictamen del defensor de las arcas oficiales.
Para el Gobierno es “oportuno” sancionar esta norma ya que, señalan, “el incumplimiento en que hubieren incurrido los organismos mencionados frente al citado impuesto llevaría a la aplicación de intereses y sanciones afectando la situación presupuestaria”. Del ’99 a hoy, la oblea del incentivo docente ha recorrido un largo camino. La solidaridad que muchos particulares demostraron, le faltó al Estado.