EL PAíS
Varias provincias sacudidas por protestas de estatales y represión
Duhalde anunció convulsión social y no se equivocaba. Ayer hubo reclamos en varias provincias. Los más fuertes, y la represión más dura, ocurrieron en Jujuy. Anuncio de Alvarez.
Gases lacrimógenos, corridas, balas de goma, piedras y vidrios rotos. Las imágenes que desvelan al Gobierno reaparecieron ayer en las pantallas. Esta vez fue en Jujuy, donde los incidentes fueron más graves y hasta hubo un saqueo, Chubut y San Juan. Cuatro mil estatales jujeños que reclamaban el pago de salarios atrasados protestaron en los alrededores de la plaza céntrica. Fueron reprimidos por la policía y, después, unos cien jóvenes saquearon un supermercado, aunque sólo pudieron llevarse leche y bebidas. La escena se repitió en las otras provincias, con menor intensidad. El secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, siguió de cerca los hechos, y luego de una reunión con los jefes de las fuerzas de seguridad reconoció que el país “vive circunstancias complejas” y que el Gobierno pretende “preservar el orden público sin desconocer la justicia de los reclamos”.
Ya lo había dicho Duhalde. “Va a haber convulsiones, naturalmente, un poco como pasó cuando otros países vivían momentos dramáticos”, pronosticó el miércoles, y citó como ejemplo el caso de San Juan. “En las provincias los ingresos cayeron en forma vertical y la gente se moviliza queriendo cobrar sus salarios”, argumentó. Estaba bien informado –anteayer había analizado el tema con el jefe de la SIDE y el ministro de Defensa– tanto que sus presagios se cumplieron, puntualmente, veinticuatro horas después.
En San Salvador de Jujuy, una marcha de desocupados y empleados estatales que pedían por sus sueldos se concentró frente a la Legislatura. Pasado el mediodía, un grupo numeroso comenzó a tirar piedras contra la puerta del edificio. La policía arrojó gases y balas de goma, los manifestantes empezaron a correr para todos lados, y los efectivos los persiguieron por todo el centro de la ciudad. La represión policial duró casi veinte minutos y se extendió por las adyacencias de la Legislatura, la casa de gobierno provincial y el Palacio de Tribunales. Los desocupados reclamaban tierra para levantar sus casas, y una tarifa social para los servicios de agua corriente y electricidad.
Podría haber terminado allí, pero media hora más tarde, un grupo de jóvenes que se había separado de la movilización se dirigió hacia un supermercado ubicado en Belgrano, entre Necochea y Balcarce. Después de romper los vidrios a piedrazos, entraron al local y quisieron llevarse por la fuerza los productos de las góndolas. Sin embargo, los empleados del comercio trataron de impedir el saqueo con carritos de dos metros de altura. Los manifestantes, finalmente, se llevaron leche y bebidas, y continuaron su marcha sin protagonizar nuevos incidentes. Ese fue el episodio más conflictivo, que reactualizó el temor del Gobierno ante una nueva ola de saqueos.
La preocupación se reflejó en las declaraciones de Alvarez, quien ayer se pasó todo el día monitoreando las protestas en las provincias. “Estamos alerta –confesó el funcionario–. Voy a informar en la secretaría sobre las tres regiones donde tenemos problemas: Jujuy, San Juan y Chubut. Recién hablé con el gobernador y se pueden producir más disturbios.” A esa altura, el Gobierno estaba al tanto de lo que sucedía en Jujuy, y también de los hechos que se producían en Chubut. Desocupados y estatales de esa provincia protagonizaron violentos choques con la policía. Otra vez gases, otra vez corridas, que empezaron cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza en la Legislatura.
La provincia de San Juan también tuvo lo suyo. Los diputados trataron de debatir un proyecto para pagar los sueldos adeudados, con un clima enrarecido y miles de estatales rodeando la Legislatura. La puerta trasera del edificio fue quemada, mientras el oficialismo proponía reasignar un crédito destinado a construir dos diques para pagar los salarios atrasados.
Los hechos de ayer, que continuaron a la noche en Entre Ríos, perfilaron lo que vendrá en los próximos meses. Trabajadores del Estado enfrentándose con las fuerzas de seguridad. El Gobierno sabe que el ajuste que reclamó el FMI desde Washington creará un nuevo frente de conflicto. Por lo pronto, ya empezó a prepararse. Ayer, Alvarez anunció la creación de unanueva comisión que seguirá de cerca los hechos de violencia que se produzcan en todo el país.