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OPINION

“Esto va a ser como una ducha escocesa”, comenta uno de los más altos negociadores argentinos, tratando de hacerse a la idea de pasar del calor al frío, brrrr, en cuestión de segundos. La propuesta de canje a los acreedores privados entra en su fase decisiva y las presiones se descargan con sonido y furia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el G-7 han hecho sentir sus estentóreas voces en un apriete descomunal. Roberto Lavagna hace gala de su flema, a la espera de poder concretar la oferta en la Bolsa de Nueva York para “que hablen los mercados”. Por ahora, los que gritan son los dueños del mundo, que piden que Argentina mejore su oferta. Y, además, que no saque los pies del plato. Al reclamo de más plata para los acreedores se añadió sin desparpajo una serie de planteos respecto del marco regulatorio para las privatizadas de servicios. Lo que está en juego no es exclusivamente la sideral cifra que pagará la Argentina, también si puede irse saliendo de las condicionalidades impuestas por los organismos internacionales.
Hace ya un tiempo, el gobierno argentino definió una táctica novedosa, hasta sorprendente, respecto de la deuda externa. Llegó a la conclusión de que es imposible dejar de pagarla sin afrontar represalias brutales. Y decidió que, en esa adversa correlación de fuerzas, lo más sensato es pagar y rehusar someterse a las imposiciones del Norte sobre política interna. La idea es que manejando dentro de lo posible la política económica interna “desde acá” hay mejores perspectivas de crecer, redistribuir y aún pagar deuda que si se aceptara la vulgata de los organismos internacionales. Esa opción, burla burlando, se viene practicando durante la gestión Kirchner e incluyó el albur de convertirse en pagador neto a los organismos internacionales sin ganarse su estima ni su piedad. Lo cierto es que, desoyendo las mandas del Norte, se logró crecimiento, merma del desempleo, unas reservas record, amén de conseguir al unísono equilibrios fiscales y buen consenso interno. La táctica elegida es polémica, abierta a críticas por derecha y por izquierda. En otra instancia decisiva, la actual, desde el centro del mundo se confirma una certeza del Gobierno: los poderosos vuelven a la carga. No vienen solo por dinero, la deuda externa y las tarifas. También meten cuchara en la regulación de los servicios públicos.
Se trata de una ley marco que entró hace pocos días en el Congreso. Es un proyecto que se fue armando en el Ministerio de Planificación y que contó en sus orígenes con el asesoramiento de varios especialistas de Flacso. En algún momento, tras algunas diferencias con Julio De Vido y su gente, discontinuaron su gestión y dejaron plasmada por escrito su propuesta. Esta fue retomada por el secretario legal y técnico Carlos Zannini, quien la transformó en el actual proyecto de ley, retocando algunos de sus detalles pero sin desviarse del sentido original, que es el de reforzar los controles sociales y la presencia estatal para frenar los proverbiales abusos de las concesionarias.
La norma venía pasando inadvertida en el mundillo político argentino, pero no ocurría lo mismo para otros actores. Tanto es así que el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, mencionó el tema en la reunión que tuvo con Néstor Kirchner la semana antepasada en Nueva York. En medio de un palique más bien amigable, el español filtró que las empresas de su país con intereses en la Argentina ven con mucha preocupación el manido proyecto de ley. La senadora Cristina Fernández de Kirchner, según relatan dos asistentes directos al cónclave, le respondió que la existencia de un marco legal, bien mirado, convenía a esas empresas. Hasta ahora, amplió la primera ciudadana, quedaban sujetas a la arbitrariedad o al capricho del funcionario de turno mientras que en el futuro habría una ley que determinará con más precisión derechos o deberes recíprocos. Lo que, remató la senadora, pone fin a la discrecionalidad o a la plata por debajo de la mesa, que también suele haberla. Rodríguez Zapatero, cuentan los que estuvieron, puso cara de tomar nota. Tal vez lo haya hecho, tal vez no. Como fuera, su compatriota Rodrigo Rato, a la sazón jefe máximo del FMI, volvió a poner sobre el tapete el tópico, esta vez no en medio de un palique amistoso sino en una arenga unilateral, menos amable que un chorro brutal de agua helada.
¿Y por casa?
La mirada del contrincante ilumina, por contradicción, una zona opaca de la acción del actual gobierno, que es la de impulsar leyes de fondo que consoliden su vocación reformista de ir en contra del modelo de los ’90. Teñida del estilo presidencial, la acción del Gobierno encuentra sus puntos más altos cuando toma decisiones drásticas, como fue el aumento de las retenciones a las petroleras. Pero es más moroso para modificar el esquema fiscal, para avanzar con el marco regulatorio o para plasmar políticas universales contra la desigualdad. En parte por urgencia, en parte por cierta fruición centralista, se prefiere la decisión instantánea y personalizada al armado institucional.
Lo cierto es que el marco regulatorio fijando atribuciones precisas (más vastas que las actuales), promoviendo participación ciudadana ya está en la Cámara de Diputados. Y ya ha recibido una luz roja de quienes pretenden inmiscuirse en la política nativa. Una señal que ilumina la presencia de un tema importante, digno de máxima prioridad.
El actual gobierno, más allá de lo que predique una derecha cerril y rústica, no practica un estatismo demodé. Medido por sus acciones, sólo trata de recuperar un poco de protagonismo estatal. La Argentina se desmanteló como pocos Estados de la tierra. Renunció a la renta petrolera y a la acción de oro de Aerolíneas, por no dar más que dos ejemplos brutales. No hay ejemplos mundiales de tamaño entreguismo, y no ha de buscárselo en Chile ni en México ni en Brasil. Entregada la riqueza nacional a empresas foráneas (que cuentan como aliados a Estados que las defienden a los gritos), la re-estatización no da la traza de ser la solución más sencilla de practicar ni la mejor ni la que más interesa al Gobierno. Desde luego, para negociar con firmeza hace falta que la caída de la concesión y la re-estatización cuenten como posibilidades en manosdel Gobierno. Pero se trata de cartas que no han de jugarse sino en circunstancias muy peculiares. Hablando de cartas, ni siquiera el Correo Argentino, intervenido hace meses, ha sido re-estatizado aún. Quizá lo sea en un futuro no inminente y de hecho funciona sin mayor estrépito. En Planificación se pondera que arroja superávit aunque se rezonga porque los costos de algunos servicios siguen siendo demasiado altos. En Economía se barrunta que la falta de déficit es (mala) contrapartida de cierta desinversión, lo que puede augurar una nueva discusión entre Lavagna y De Vido, rutina que no ha de ocurrir muy pronto ya que nadie tiene apuro en decidir la suerte definitiva del Correo. De momento sigue manejado por el Estado sin que se haya desatado ningún cataclismo sobre usuarios o filatelistas.
La empresa aeronáutica Lafsa, creada para evitar quiebras y despidos, no será un leading case. En Planificación están convencidos de que no tiene sentido que sea una empresa del Estado. No tiene capacidad actual ni virtual para imponer tarifas en un mercado supercompetitivo. Y es poco deseable que el Estado asuma los riesgos empresarios (que pueden ser siderales si sucede un accidente) de la explotación. Tampoco hay apuro pero se está macerando un proyecto de ley para venderla al sector privado. El Estado se reservará una acción de oro o algún otro mecanismo análogo para tener voz, voto y derecho de veto.
Enarsa merece un párrafo aparte. ¿O será Enarse? Provisoriamente, llamemosla Enars@
Un párrafo para
Enars@
El proyecto de constitución de Enarsa, que cuenta con media sanción del Senado, fue azotado por izquierda y por derecha de modos nada simétricos. La derecha agitó el espantajo del regreso del estatismo que, como todo el mundo sabe, se come a los niños. A izquierda del Gobierno se recusaron ciertas características de la ley que impiden un cabal control de la empresa. El tipo societario elegido por el Ejecutivo, la sociedad anónima, impide que se ejercite un cabal contralor. El objetivo, confeso, es dotar a Enarsa de mayor celeridad en un mercado dinámico y exigente. Se trata de un deseo loable... siempre que no colisione con la imperiosa necesidad de que la acción empresaria tenga contralor efectivo de otros estamentos estatales. Los funcionarios alegan, so-
tto voce, que este gobierno es confiable y que no caerá en delirios privatistas. Pero, como dice con toda razón el diputado Claudio Lozano, uno de los críticos del actual proyecto, los riesgos que se quieren precaver con mayor control no son hipotéticos. No es que puedan suceder, ya sucedieron. Poner límites estrictos al arbitrio de los funcionarios es una necesidad republicana y una máxima de la experiencia.
Muchos integrantes del actual oficialismo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, participaron de la entrega del petróleo, de su renta, de YPF, de un pedazo patente de la soberanía nacional. Algunos se han autocriticado de modo creíble, otros patean hoy para el otro arco con el entusiasmo propio de los conversos. No hay por qué negar a nadie el derecho a rectificar sus errores pero, como decía el general herbívoro, los hombres son buenos pero si se los vigila suelen ser doblemente buenos. Visión que, aun formulada así, hoy suena demasiado cándida en su presupuesto original.
El oficialismo parece dispuesto a corregir el proyecto original, constituir una sociedad del Estado en vez de una anónima. La ley volvería al Senado y en un periquete estaría sancionada. Entonces se podrá ver si Enarse da la talla para intervenir en el mercado del petróleo, constituir joint ventures con terceras empresas. Y si, asociada con la venezolana Pdvsa, se dedica a explorar la plataforma marítima en pos de nuevos yacimientos. Extractiva a niveles salvajes fue la actuación de las petroleras argentinas, sacar lo que hay sin riesgo empresario alguno. No explorar, que eso insume muchos dólares, euros, reales o duros.
Enarse, con las constructivas correcciones propuestas por la oposición, puede ser un giro en el rumbo correcto, no el de la re-estatización anacrónica pero sí en el de la paulatina, penosa, imprescindible resurrección del Estado. Menuda tarea para una empresa menuda, de acaso 100 millones de capital. Dicho sea como quien no quiere la cosa, la ley regulatoria que tanto interesa al gobierno español y al FMI incluiría el mandato de dictar en un año una ley de hidrocarburos. Todo lo no regulado por la ley favorece implícitamente a los más poderosos, decía Raúl Scalabrini Ortiz, y los grandotes del mundo quieren que así sea durante el lapso más largo posible.
Más cerca de los
hermanos
Hace unos cuantos meses, era un tópico señalar la divergencia de los rumbos emprendidos por Lula y Kirchner con relación a la deuda externa. Si se mira con atención, con el tiempo empiezan a advertirse algunas líneas comunes, que no niegan tamañas diferencias entre Brasil y Argentina y entre sus situaciones respecto del default. Lo cierto es que los dos países acumulan superávit interpretando que eso les posibilita mayor margen de acción interno. Que los dos crecen sin haber conseguido impactar brutalmente en sus respectivos niveles de pobreza. Y que ambos van perfilando actitudes desafiantes o al menos nacionales, de cara a los organismos internacionales de crédito. La presentación de Lula en la ONU predicando la lucha contra el hambre y la implantación de la tasa Tobin y su anunciada intención de salirse el año próximo de la tutela del FMI revelan que no es un Menem morocho. Así lo caracterizaron, con celeridad banal, buena parte de la derecha argentina (como elogio) y varios funcionarios oficiales (como crítica).
La realidad es más compleja, la búsqueda de la autonomía de la región un deseo difícil de colmar. De cualquier forma, una pulseada y hasta una ducha escocesa se pueden soportar mejor si se percibe que no se está sólo en la porfía.
Pero volvamos a la Argentina, en el centro de la escena, a tiro de todas las presiones. Recuperar incidencia con relación a los servicios públicos (tema que introdujeron desde el Norte de prepo en la agenda de esta semana) es un capítulo, esencial pero sólo uno, de la acuciante tarea de regenerar el Estado argentino. Dejada en manos de los mercados y de funcionarios tránsfugas, la Argentina cayó muy hondo. La ciega adscripción a la convertibilidad dejó a sucesivos gobiernos sin política monetaria por definición, sin política económica como consecuencia muy veloz y, sucesivamente, casi sin política. El actual gobierno se propuso recuperar la política tout court y tener su propia política económica. De ese modo decidió que pagar era menos oneroso que dejarse imponer conductas internas. Eligió una heterodoxia que incluye la paradoja de acumular reservas, tal como piden los organismos pero para tener más poder interno. Con plata en caja, “líquidos” como le place decir a Néstor Kirchner, los actuales funcionarios se perciben menos expuestos a golpes de mercado o desabastecimientos. Aún conservan como chance “desconectarse” del FMI, pagándole sus acreencias. Una fantasía que hoy parece exótica pero que ha recorrido despachos oficiales, de los afincados en el primer piso de la Rosada.
La caja que ha acumulado el Gobierno es bastante espectacular e incluye una cuenta corriente en dólares en el Banco Nación, de rápida disponibilidad. Se utiliza de vez en cuando para necesidades oficiales en divisas por lo que su monto fluctúa pero no acostumbra bajar de 1500 millones. No son los únicos fondos líquidos, disponibles al toque, con quecuenta un Gobierno que asocia su superávit con potencia y aptitud decisoria.
Claro que esa holgura tiene un efecto dual, excitar las ansias de los acreedores. A esta altura, dicen los gurúes de la city autóctona, bastarían “apenas” 2000 millones de dólares para destrabar la inquina de los acreedores. Para ellos, que quizá cobren una tajada irrisoria de esa libra de suculenta carne argentina, se trata de una nimiedad. Los negociadores aseguran que no darán el brazo a torcer, pero todos los escenarios siguen habilitados, incluidos el de una mejora o el “romper pagando”. El porvenir es un jardín de senderos (o de billetes verdes) que se bifurcan.
Como ya dijo Página/12, el propio padrón de acreedores es un magma en constante movimiento. Con una mala noticia, también anticipada, para los negociadores locales: las AFJP se han venido aliviando de títulos reduciendo su exposición, siendo que el Gobierno confía en lograr que sean las primeras aceptantes de la oferta. Nadie dice dentro del Gobierno cuál sería un final feliz, pero conociéndolo puede proyectarse que en Hacienda y en la Rosada se darían por conformes con generar un futuro igual al pasado más cercano. Esto es que, tras una aceptación mayoritaria, se pueda seguir pateando la pelota para adelante, manteniéndose “líquidos” y en control de la política económica local. Seguramente a la espera de un escenario más favorable, dentro de algunos años, que habilite otros términos de renegociación. Como utopía suena modesta, pero ninguno de los sometidos al fragor de la ducha escocesa (ni aún los optimistas que son mayoría) garantiza tan siquiera llegar a ese objetivo módico.