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Dos secuestros extorsivos ocurridos en el conurbano bonaerense, muy distintos, detonaron conductas que ya son costumbre. Resurgieron añejas cuitas entre el gobierno nacional y el gobernador Felipe Solá y resucitó un clásico corolario para la “Rosada”, que uno de sus moradores más conspicuos define así: “Tenemos que tomar el toro por las astas”. La primera bronca de Néstor Kirchner estalló cuando supo del secuestro sucedido en Moreno. El Presidente interpretó que los bonaerenses debieron lanzar un rápido operativo cerrojo para cerrarle el paso a los raptores y que les faltaron reflejos. Así se lo hizo saber telefónicamente al ministro de Seguridad provincial, Carlos León Arslanian, y al mismo Solá. Ambos le respondieron, convencidos, que la medida hubiera sido inocua pues existen muchas vías de salida. La explicación no satisfizo a Kirchner, quien decidió comprometer al gobierno nacional y a las fuerzas federales en la investigación del delito.
También hubo roces vinculados al otro secuestro, el de Laura Izarreta, acontecido en Tigre, obra de una banda mucho menos avezada que la (sospechosamente avezada) que raptó a la joven Patricia Nine. Las diferencias versaron sobre la conducta de los investigadores una vez pagado el rescate. El gobierno nacional quería que se persiguiera a quienes lo cobraron. Y considera que la fiscal Rita Molina se negó. Desde provincia alegan que Rita Molina autorizó la persecución y que ésta se frustró porque el auto de los delincuentes era más veloz que el de los policías. Más allá de la divergencia de relatos, a ambos lados de la General Paz coinciden en señalar que los fiscales de provincia son muy remisos a atrapar a los que cobran el secuestro. Los acosa, dice un ministro nacional, “el síndrome Blumberg”, el temor a que un arresto sea seguido de la ejecución del secuestrado. El gobierno provincial les pide a los fiscales un dictamen escrito sobre lo que debe hacerse y los fiscales se ponen muy medrosos puestos a decidir con urgencia y dejando la firma. Las estadísticas que maneja el Ministerio de Seguridad provincial indican que en Estados Unidos los arrestos de cómplices en la inmensa mayoría de los casos no es seguido del asesinato de la víctima. Pero mayoría no es unanimidad y todos temen las consecuencias de un error.
Más allá de las polémicas y de una falta de onda que es patente, lo cierto es que las acciones entre nación y provincia siguen siendo coordinadas, que la seguridad del conurbano se ha transformado en un asunto nacional.
Cerca del gobernador Solá añaden que el Gobierno ha accedido a impulsar en el Congreso la ley que autoriza a transferir a los jueces provinciales la competencia en la investigación de delitos vinculados al tráfico de drogas. Y ven en eso un signo de apoyo. Pero ambas partes saben que Kirchner se enfada cuando ve a Solá (como ocurrió en este caso) reclamando cambios políticos mediante declaraciones a los medios.