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“Nada puede hacerse hasta tanto la condición física del imputado fuere revertida”, dijeron los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers. Nada, en este caso, significa juzgar al dictador Emilio Eduardo Massera. El represor está en condiciones de ser condenado en un corto plazo por la apropiación del hijo de la desaparecida Cecilia Viñas, pero los fiscales opinaron que no se puede avanzar en el proceso y propusieron convocar a una junta “integrada por destacados profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, cuyo objeto sea determinar si el estado de salud de Massera” hace que sea inimputable.
El caso de la apropiación del hijo de Cecilia Viñas, quien dio a luz en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), es el que llevó a Massera de vuelta a prisión en noviembre de 1998. En diciembre de 2003 el represor sufrió un ataque cerebral que casi le provocó la muerte. Estuvo un tiempo en coma, zafó y se fue recuperando lentamente.
Después del derrame sus abogados se presentaron en la Justicia con el argumento de que el dictador estaba “mentalmente impedido de ejercer su defensa en juicio por incapacidad sobreviviente”. La jueza María Servini de Cubría no acordó con el planteo y se negó a declarar mentalmente incompetente a Massera. Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal confirmaron esa decisión. Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo señalaron que la investigación debía seguir, pero que cuando se clausurara el sumario el cuerpo médico forense debía determinar si podía afrontar el juicio. De esa mención se hicieron eco los fiscales para señalar ahora que la causa debe ser interrumpida.
Cuando la Cámara dio a conocer el fallo, en septiembre del año pasado, los exámenes médicos del dictador señalaban que Massera estaba en “estado vigil” y que neurológicamente había “momentos en los que reacciona y otros en los que no”. Ahora los fiscales pidieron nuevos estudios médicos porque, según dijeron, existe el riesgo de “llevar adelante un proceso que irremediablemente quedará fulminado en la nulidad”.
Servini de Cubría ya concluyó la investigación sobre Viñas, que fue impulsada por Cecilia Fernández de Viñas –madre de la desaparecida– y la abogada Alcira Ríos. El caso tiene de especial que la joven, que había sido secuestrada en julio de 1977 con siete meses de embarazo, se comunicó telefónicamente con su familia en democracia. Entre diciembre de 1983 y marzo de 1984 se recibieron ocho llamados. Luego se dejaron de tener noticias. Su hijo fue apropiado por el marino prófugo Raúl Vildoza, que está imputado en la causa junto con los represores Antonio Vañek, Jorge Eduardo Acosta y Héctor Antonio Febres.