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El presidente de la Comisión de Juicio Político de Diputados, Ricardo Falú, aseguró ayer que “jamás” hubo injerencia del Ejecutivo en los procesos abiertos por el Congreso contra los miembros de la mayoría menemista de la Corte Suprema y afirmó que en el caso del ministro Antonio Boggiano “están los elementos” para avanzar en una acusación. Falú salió así al cruce de las versiones que indican que en el Gobierno no verían con agrado que se avance en el enjuiciamiento de Boggiano, contra quien los legisladores formularon once cargos en tres casos.
“Jamás hubo injerencia alguna del Presidente, ni del jefe de Gabinete, ni del ministro de Justicia, que son los que pueden tener incumbencia directa con este tema vinculado al Poder Judicial de la Nación”, aclaró Falú. Y en el mismo sentido agregó: “Para mí es impensable sinceramente que el Presidente o alguno de sus funcionarios se inmiscuya en algo que se está llevando de forma transparente con mucho criterio de legalidad y equilibrio.”
La Comisión de Juicio Político de la Cámara baja dio anteayer el primer paso para enjuiciar a Boggiano al formular once cargos provisionales en su contra. Tres de esas imputaciones son por el caso Meller, cinco por la causa Macri y tres por la sanción que la Corte Suprema le aplicó a la jueza Haydée Dragonetti de Román sin tener facultades para hacerlo e invadiendo la competencia del Consejo de la Magistratura.
Falú consideró que esas son causas suficientes para someter a Boggiano a juicio político. “Los elementos están porque son las mismas causales por las cuales fue destituidos (Eduardo) Moliné O’Connor o renunciaron (Julio) Nazareno o (Adolfo) Vázquez en cuasi destitución”, subrayó el diputado peronista.
El titular de la Comisión de Juicio Político de Diputados explicó que el tiempo que llevará el proceso contra Boggiano –quien fue citado a formular su descargo ante los legisladores el próximo 21 de octubre– “depende de la voluntad política que haya en el Congreso”. Al respecto, añadió que “los plazos indicarían que un juicio político llevado a un ritmo normal demanda de cuatro a seis meses cuando hay voluntad de hacerlo. Depende del receso que va a haber a fin de año porque el Congreso tiene receso desde todo diciembre, enero, febrero y marzo”.