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Ante la avanzada de la criminalización de la protesta social, un remedio posible sería una ley de amnistía o de desprocesamiento de los miles de militantes que están enjuiciados. Tras varios meses de reuniones de consenso, organizaciones sociales y legisladores presentarán hoy en el Congreso un proyecto de “extinción de la acción penal y de la pena”, que es la fórmula en la que se pusieron de acuerdo. Impulsada por los diputados Ariel Basteiro, Alicia Castro y Ricardo Gómez, quienes piensan pedir una sesión extraordinaria para su tratamiento, la medida beneficiaría a casi medio centenar de presos y a unos 4 mil procesados por participar de reclamos sociales.
Los organismos de derechos humanos que tuvieron la iniciativa de elaborar esta ley señalan que en 1990 comenzaron las primeras luchas, en tiempos del nacimiento de la convertibilidad y de las privatizaciones. La protesta se trasladó a las rutas, que empezaron a ser cortadas por los entonces llamados “fogoneros”. Lo que sería luego el movimiento piquetero tuvo su puntapié inicial en 1997 en Cutral-Có. Los desocupados comenzaron a agruparse y en ocasiones tuvieron que lamentar muertos cuando eran desalojados y reprimidos. Al principio fueron unos pocos los manifestantes que, tras ser detenidos, se encontraban con una causa abierta. Pero la Justicia comenzó a hacer de los procesamientos a militantes un modus operandi con el agravante, en los últimos tiempos, de la imputación de delitos cada vez más graves y no excarcelables. Tal es así que actualmente hay 15 presos por los incidentes en la Legislatura, 7 detenidos en Plaza de Mayo tras el escrache al FMI, 18 presos en Caleta Olivia, además de Raúl Castells.
En noviembre de 2003 se presentó un proyecto de amnistía elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), consensuado con unas 40 organizaciones sociales e impulsado por el diputado peronista-transversal Gómez, apoyado por el entonces grupo Talcahuano. El proyecto actual resume aquél, elaborado por la diputada Castro, de Frente para el Cambio, y otro del socialista Basteiro. Sus impulsores son optimistas en cuanto a la posibilidad de que se transforme en ley porque han logrado un amplio consenso, que va desde la CTA hasta los partidos de izquierda, pasando por las agrupaciones piqueteras y de derechos humanos. De todos modos, más allá del sinuoso trámite parlamentario que pueda llegar a tener, habrá una importante campaña de apoyo exterior que comenzó el 10 de septiembre con la “autoconvocatoria por la amnistía y el desprocesamiento”. La iniciativa Basteiro, Castro y Gómez ya cuenta con las firmas de Patricia Walsh, Inés Pérez Suárez, Jorge Rivas, Eduardo Macaluse, Susana Llambi, Francisco Gutiérrez, Claudio Lozano, Mario Cafiero, Luis Zamora y Lucrecia Monteagudo. Hoy podría agregarse alguna firma radical e incluso duhaldista.
Quien prefirió mantenerse al margen fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el kirchnerista Hugo Perié. Según relató Basteiro a Página/12, el legislador le explicó que en su bloque hay compañeros que no avalan la propuesta.
“Extinción de la acción penal, amnistía o desprocesamiento son planteos que apuntan a lo mismo: que se cierren todas las causas y los compañeros queden sin ningún cargo o registro de antecedentes”, explicó a este diario Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. El artículo 1 del proyecto establece que debe declararse “extinguida la acción penal y la pena respecto de los hechos realizados con motivo de reivindicación social, económica, política, gremial, cultural, estudiantil, por la vigencia de los derechos humanos o en reclamo de condiciones de los pueblos originarios, a partir del 1º de febrero de 1991 hasta la sanción de la presente” ley.