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Si en la campaña electoral que se viene algún político local quisiera destacarse del resto y cargar con el poder real de Santiago, el del empresario Néstor Ick sólo necesita decidirlo. Tendrá a mano un documento oficial, la denuncia penal de la Oficina Anticorrupción, que sostiene la existencia de una asociación ilícita en la que los jefes presuntos serían el propio Ick y el ex gobernador Carlos Juárez. “A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del país –dice el informe firmado por Hernán Sosa–, en la provincia se plasmó lo vertiginosa que puede ser la caída de una sociedad al amparo de una organización delictual compuesta por el poder político y el poder económico.”
La conclusión de Sosa es que el poder económico de Ick y el político de Juárez durante nueve años “se apoyaron mutuamente para su reproducción y crecimiento sistemático”.
Desde el comienzo de la intervención, Pablo Lanusse dedicó buena parte de su gestión, a veces con tino político y a veces sin él, a las urgencias. Su gabinete puso en la agenda política el tema de las tierras, modificó la composición de la Justicia y buscó reformar la Constitución. Pero el documento de la OA revela que el juarismo se reproducirá con mayor facilidad si sigue controlando la política provincial el grupo liderado por Ick, que ya tendió puentes con el ex presidente Eduardo Duhalde y también con su amigo José Luis Manzano.
El Grupo Ick está articulado al Banco Florencia que, según el informe, dio un salto en 1992 “cuando su capital social pasó de $ 310 a 6.486.802” con un aporte mayoritario de Alberto Brunet y Manuel Brunet, hoy también denunciados en la megacausa contra el empresario santiagueño, donde hay 66 imputados.
El juarismo fue un poder dominante durante 50 años, pero el crecimiento de Ick siguió un patrón nacional y cambió de escala en la década del 90. El análisis de la OA lo demuestra al analizar los ocho emprendimientos más importantes del grupo: el Banco de Santiago del Estero en manos de Ick y Florencia SA desde 1996, Hamburgo Compañía de Seguros SA, Tarjeta Sol, Mercurio y la obra social del Iosep, la concesión del Casino en sociedad con los españoles de Codere, la empresa de energía eléctrica Edese y el emprendimiento del monumental Hotel Carlos V.
Como si en vez de empresarios y funcionarios formasen parte de un juego de roles, los miembros de las dos facciones, la económica y la política, “podían pasar de una rama a la otra, permaneciendo dentro de la primera”. Funcionarios del Grupo Económico Ick, por ejemplo, pasaron a formar parte del staff del Estado “sin cuestionarse siquiera las incompatibilidades”. Los hombres del aparato político, por su parte, “fueron contestes en el otorgamiento de todos los reclamos sin restricciones”.
Hubo hombres de Ick en puestos de “ministerios, gerencias técnicas, direcciones de asuntos jurídicos, departamento de contrataciones, entre otros”.
El Estado contrataba los servicios del Grupo “en forma directa y ad referéndum del Poder Ejecutivo sin licitaciones de rigor, mediante el abuso de las alegadas situaciones de emergencia y con la utilización de las aceptaciones parciales de los organismos de contralor como la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General”, detalla el documento. Los contratos “ad referéndum del Ejecutivo” le permitían tener “la certeza anticipada de su resultado”. Las aceptaciones sistemáticas de todas las propuestas le posibilitaron a Ick “obtener formidables ganancias a costa de la exclusión, la marginalidad y el hambre del pueblo santiagueño”.
Los dos grupos “funcionaban como facciones organizadas: una de las alas, netamente política, estaba compuesta por una serie de funcionarios públicos organizados y comandados por el máximo responsable del Poder Ejecutivo provincial, Carlos Arturo Juárez. La otra –según el informe–, el ala económica, estaba compuesta por directivos del grupo empresarioencabezado por el doctor Néstor Carlos Ick”. Aun así, “ambos jefes organizadores, por el rol que les cupo –dice Sosa–, conservaron en todo el momento el dominio de cada una de las operatorias cuestionadas”.
La OA dice que a mediados de los ‘90, cuando Carlos Juárez volvió en persona a la gobernación, “la provincia fue dirigida por un grupo de individuos que actuando conjuntamente en dos sectores decisivos de la sociedad lograron enriquecerse a costa del erario público”.