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La historia tiene todos los ingredientes de una película como Nueve Reinas o El golpe. Es un caso con ribetes desopilantes, que involucra a los colaboradores de un diputado nacional –Jesús Blanco, 78 años, ex gremialista de Luz y Fuerza, dirigente del PJ bonaerense– y a una droguería que fabrica medicamentos oncológicos. Se trata de una maniobra que buscaba estafar al PAMI con dos cheques del organismo que habían sido adulterados. Los cheques estaban librados a favor de Droguería Meta S.A. y ordenaban el pago de 131.188,36 y 176.909,33 pesos. Correspondían a una cuenta del PAMI de la localidad de San Martín. Aunque eran evidentemente falsos, fueron depositados en el Banco Societé Générale de Ramos Mejía. De allí los giraron al Banco Nación sucursal San Martín, donde debían hacer el pago. En el Nación descubrieron el ardid y los rechazaron. Hay dos denuncias ante la Justicia: una del PAMI San Martín y la otra de la droguería, que denunció haber sido víctima de una estafa y responsabilizó a cuatro colaboradores del diputado. Blanco dice desconocer el hecho y niega cualquier vinculación con la maniobra.
El caso se destapó el 20 de agosto, cuando la jefa de área del Banco Nación sucursal San Martín, Olivia Casartelli, rechazó los dos cheques que ordenaban pagarle a Droguería Meta S.A. más de 300 mil pesos. Según el sello que se estampó al dorso, los cheques estaban “presuntamente adulterados” mientras que las firmas estaban “adulteradas”. Tras rechazarlos la gerente se comunicó con la sede del PAMI San Martín para avisar que habían detectado dos órdenes de pago falsas. Poco después, el jefe de asesoría jurídica de la sede del PAMI, Horacio Rodríguez, se presentó en la Comisaría 1ª local y denunció que habían detectado dos cheques del organismo apócrifos y con las firmas adulteradas. La denuncia cayó en el Juzgado federal Nº 1 de San Martín, a cargo de Hugo Gurruchaga.
El mismo 20 de agosto, el tesorero de Droguería Meta, Daniel Marchini, se enteró del rechazo de los cheques y de la denuncia penal. Días después, la droguería presentó otra denuncia en la Justicia de instrucción de la Capital Federal. En la demanda, está firmada por una letrada del estudio de Oscar Salvi, la empresa aseguraba haber sido víctima de una “clara maniobra delictiva” y mencionaba al diputado Blanco y a tres supuestos colaboradores que trabajaban en su despacho. La demanda de la droguería tramita en el Juzgado de Instrucción 8, Secretaría 125. En este momento la causa está a cargo del fiscal Jorge Mola, de la fiscalía de primera instancia 17.
Droguería dixit
Unos días después de hacer la denuncia, la Droguería Meta S.A. se comunicó con la interventora del PAMI Graciela Ocaña. Ubicada en Ramos Mejía, la droguería es muy conocida en la industria farmacéutica y un habitual proveedor del Estado, tanto del PAMI como de distintas provincias. En su charla con Ocaña, el gerente general Néstor Bondoni contó los detalles de la supuesta estafa de la que habían sido víctimas. Los hechos están relatados de la misma forma en el escrito que la empresa presentó a la Justicia: en la primera semana de agosto recibieron un llamado telefónico de una persona que dijo llamarse Miguel Fernández y que se presentó como “colaborador del diputado Blanco”. Fernández habló con una empleada del sector comercialización y le dijo que quería comprar medicamentos oncológicos. Le habían recomendado la Droguería Meta.
Fernández pidió una cotización y dijo que “para mayor seguridad” la empresa podía hablar directamente con el secretario del diputado, de apellido Delfico, y dejó tres teléfonos, entre ellos el conmutador oficial del Congreso con el interno 2219. Página/12 comprobó que ese interno es de la Comisión de Energía de Diputados. Fernández contó que había hablado con el Laboratorio Gador y que le habían dicho que no vendían a compradores directos. Le dijeron que se comunicara con una droguería y le recomendaron Meta S.A. Tras hablar con el supuesto colaborador de Blanco, la vendedora se comunicó con el encargado de ventas del Laboratorio Gador, Livio De Rossi. “Fernández me dijo que la Cámara de Diputados había recibido un millón de pesos del PAMI y que ellos iban a donar medicamentos”, contó De Rossi en la denuncia.
El 6 de agosto, la empleada de la droguería llamó al teléfono que le había dejado Fernández. Le contestaron que hablaba con el despacho de Blanco. No se encontraban ni el diputado ni Delfico. Un rato después, la empleada recibió el llamado de Fernández. El supuesto colaborador de Blanco agregó al pedido original que necesitaban los medicamentos para el 13 de agosto y que, si la cotización era aprobada, el pago se haría con cheques oficiales del PAMI. El gerente Bondoni aceptó la forma de pago. Tras varios llamados Fernández pidió que la entrega se realizara en una delegación del Partido Justicialista que funcionaba en Belgrano 2543 de Capital. Dijo que un tal Aguirre o él mismo recibirían la mercadería. La entrega no se realizó el 13 sino el 18 de agosto, en el lugar indicado. Según un cartel, allí funciona el Grupo de Enlace Político y Sindical del Consejo Nacional del Partido Justicialista (ver foto).
Los medicamentos fueron entregados por el empleado de la droguería Carlos Rodríguez. Los recibió alguien que dijo llamarse Carlos Aguirre, como había mencionado el tal Fernández. Aguirre pagó con dos cheques del Banco Nación de la cuenta Nº 187573 del PAMI San Martín. Eran los cheques falsos. Nadie se dio cuenta. Un día después, el tesorero de la droguería, Daniel Marchini, los depositó en la cuenta que la empresa tiene en el Banco Societé Générale de Ramos Mejía. El cajero del banco los aceptó y selló como de costumbre. Al día siguiente llegaron por clearing al Banco Nación de San Martín para el correspondiente pago. Se descubrió que eran apócrifos y estaban adulterados. Desde la droguería volvieron a comunicarse con el despacho de Blanco pero no encontraron a Delfico ni a Fernández. Recibieron el llamado de otro asesor del diputado, Hugo Inchauspe, quien reconoció que Delfico era “colaborador de Blanco”, pero dijo no saber nada de la compra de medicamentos.
No sabe, no contesta
La revelación de la maniobra y de las denuncias posteriores generó revuelo en el Congreso. Blanco es un dirigente muy conocido del PJ bonaerense, fue intendente de 9 de Julio y tiene influencia en la cuarta sección electoral de la provincia. También preside la estratégica Comisión de Energía y Combustible que debatió la creación de Enarsa. Página/12 se comunicó con él: “Me tomó de sorpresa. Yo no tengo absolutamente nada que decir. Imagínese, qué raro es esto”, respondió antes de desmentir cualquier relación con la estafa. Sin embargo, de los cuatro nombres mencionados en la denuncia de la droguería (Fernández, Aguirre, Delfico e Inchauspe), Blanco reconoció que dos de ellos trabajan con él. “Delfico colabora en la Comisión de Energía e Inchauspe es un abogado joven que trabajaba con otro diputado y me pidió trabajo”, dijo.
Cuando en el Congreso se supo que el caso había llegado a Página/12, Delfico se comunicó con este diario. Al igual que Blanco, Alberto Delfico es un ex dirigente de Luz y Fuerza. Se especializó en la problemática energética y el petróleo, un tema bien actual con la discusión sobre Enarsa. En la campaña presidencial de 2003 asesoró al entonces candidato Adolfo Rodríguez Saá. “No conozco nada de este tema. Además yo trabajo en la Comisión de Energía de Diputados, no en la que maneja el PAMI”, dijo a modo de descargo. Página/12 también se comunicó con la Droguería Meta para preguntarles por la supuesta estafa de la que fueron víctimas. La empresa no contestó.
¿Una trampa?
En el PAMI el caso generó cierta alarma porque la existencia de los cheques adulterados supone la participación de alguien que tiene acceso a los documentos de la obra social. Las órdenes de pago portaban los nombres de los únicos empleados de esa sede del PAMI autorizados a firmar ese tipo de papeles: el jefe del departamento contable, Leopoldo Visconti, y la tesorera María Eugenia Muras. Los apellidos estaban correctos, pero las firmas eran falsas. Cuando el gerente del Banco Nación les mostró los cheques, el contador Visconti no dudó un instante: estaban adulterados y la falsificación no era de buena calidad. “Parecían fotocopias color hechas con papel común. Quien hizo esto es tan burdo como la maniobra. Pero el interrogante es cómo pasaron por el primer banco”, evaluó ante Página/12 uno de los empleados del PAMI que vio los cheques.
Tras hacer la denuncia ante la Justicia, en la sede de San Martín se comunicaron con Ocaña. En esa localidad del norte del conurbano, el PAMI investigó las irregularidades de ciertos prestadores privados –clínicas de salud mental, institutos cardiovasculares– que afectaron a intereses vinculados con Luis Barrionuevo y Enrique Nosiglia. El director local del PAMI, Julio Urien, fomenta la participación directa de los afiliados a través de órganos consultivos que integran los centros de jubilados de la zona. Allí consideran que la maniobra de los cheques falsos podría haber sido una trampa para perjudicarlos.