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Resulta cuanto menos sorprendente (si bien edificante) el reclamo casi unánime a favor de mayor, más activa y calificada participación del Estado en todos los frentes de la vida del país. Sectores que alentaron todas las teorías y las prácticas “privatizadoras”, aquellos que criticaron el “Estado benefactor” y hasta los que, con distintos discursos pero con el mismo sentido, sostuvieron lo que la dictadura militar instaló como “achicar el Estado es agrandar la Nación”, demandan hoy con vehemencia por la ausencia o la ineficiencia del Estado en determinados frentes, que van desde la justicia y la seguridad hasta la educación y muchos aspectos de la propia economía. Sin embargo, en la Argentina política todo resulta posible y todos hemos perdido la capacidad de asombrarnos. No puede sorprender entonces que quienes pidieron en determinado momento un “Estado mínimo” que sólo se dedicara a arbitrar las diferencias entre intereses privados porque el “mercado todo lo regula”, hoy pidan que ese mismo Estado les cuide la seguridad, les garantice la justicia y termine con la indigencia y la pobreza de la que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se hacen responsables de manera colateral. En la reconstrucción de la vida política y social en la Argentina, es necesario volver a discutir el papel del Estado, sus funciones y responsabilidades teniendo en cuenta que la democracia está en función de la justicia y para garantizar la calidad de vida y el derecho de las personas. El modelo de democracia y de Estado tiene que adaptarse a estos derechos fundamentales y no a la inversa. No se puede, en justicia, “calificar” los derechos o, lo que es igual, a las personas y a los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen más derechos en función de su patrimonio o de su grado de instrucción. El Estado, como representante de toda la ciudadanía y de toda la sociedad, tiene como responsabilidad garantizar la justicia para el conjunto. El concepto de “estado de justicia” se ubica por encima de la idea de “estado de bienestar”, porque la responsabilidad social de justicia no puede quedar exclusivamente en manos privadas. Bajo este concepto pueden entenderse mejor las críticas al clientelismo, a la ineficiencia del Estado, a la inoperancia. Pero es indispensable que quienes hacen las críticas anteriores no olviden también que tan grave como lo anterior es un aparato jurídico legal que sirve para apañar desigualdades que el discurso del sistema no considera como atentados contra la democracia. Sin falsas melancolías por el “estado benefactor”, hay que trabajar por un “estado de justicia”.