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Economía avanza, una vez más, a los tropezones para lograr sus objetivos. Esta vez, pese al acuerdo inicial de los bloques oficialistas en el Congreso, debió demorar en 24 horas la aprobación del nuevo Plan Bonex al tratar de incorporar a una “ley ómnibus” otros tres ítems no contemplados en las primeras conversaciones con los legisladores. “El Senado no le va a votar una modificación del CER (para la actualización de créditos), la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y la fusión de bancos públicos en un mismo instrumento y de apuro”, advirtió temprano al equipo económico un vocero oficialista de la Cámara alta. Finalmente, en un encuentro de emergencia en Economía se acordó el texto del proyecto de Plan Bonex autónomo que anoche mismo se enviaba al Congreso y que hoy sería tratado en el Senado.
Al Gobierno le sigue resultando arduo sacarse de encima la pesada carga del corralito. El canje de plazos fijos reprogramados, que suman unos 40 mil millones de pesos, por títulos públicos en pesos o dólares, a opción de los ahorristas, prácticamente contaba desde el viernes con apoyo legislativo. Diputados y senadores justicialistas, sin embargo, trabajaban en un proyecto propio de modificación del índice de ajuste para los créditos, tratando de aliviar la indexación de las deudas hipotecarias. Pero el proyecto que elaboró el Palacio de Hacienda incorporaba ambos capítulos y, además, agregó las modificaciones a la carta orgánica del Central y la reforma de la banca pública. Las primeras establecían cambios en la Ley de Entidades Financieras y otras medidas tendientes a facilitar la reestructuración del sistema. El otro capítulo planteaba la creación del Banco Nacional. Los senadores encabezados por José Luis Gioja no podían salir de su asombro ante la pretensión de Economía de apoyar semejantes reformas prácticamente a libro cerrado.
Ello obligó a plantearse una nueva ronda de negociaciones, cuando el cronograma previsto era que, en horas del mediodía, un grupo de diputados y senadores justicialistas recibieran de manos del presidente de la Nación el proyecto y que, de inmediato, el Senado se pusiera a trabajar para darle media sanción anoche mismo, o a la madrugada. Si los tiempos se cumplían, hoy el proyecto hubiera sido convertido en ley por Diputados y mañana, miércoles, reabrirían los bancos. Pero no pudo ser, y la falla de Economía obligó a desandar buena parte de lo realizado durante el fin de semana.
Apenas un diputado, Manuel Baladrón, y un senador, José Alperovich, pudieron llegar al Palacio de Hacienda para reunirse con la conducción económica a fin de acordar un criterio. Se había previsto que participaran cuatro legisladores por cámara, pero la movilización de ahorristas que rodeaban el Palacio del Congreso, que a esas horas había adquirido connotaciones violentas, persuadió a diputados y senadores de asomar las narices. El equipo de Economía tampoco se presentó en plenitud: el ministro Jorge Remes Lenicov debió viajar de urgencia a La Plata por un problema familiar. La misión anfitriona quedó encabezada por Jorge Todesca. Participaron, además, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli.
No fue difícil arribar a un acuerdo, que ya estaba conversado de antemano. Antes de las 21, los legisladores se levantaron de la mesa con la tranquilidad de haber cumplido el mandato de sus pares que no pudieron abandonar el Congreso: el Plan Bonex pasó a ser un proyecto autónomo, mientras que el CER seguiría el trámite previsto por los propios legisladores. Esto es, habrá modificaciones pero en base a las modificaciones que puedan introducirse al proyecto Gioja que ya cuenta con media sanción en el Senado (básicamente, reemplaza la actualización por inflación por otro índice de variaciones salariales, para créditos con hipoteca sobre vivienda única y para alquileres). Otras cuestiones, como las relativas a la reestructuración del sistema financiero y de la banca pública, quedarán para más adelante. A cambio de todo ello, diputados y senadores justicialistas se comprometieron a aprobar, esta misma semana,la modificación de Ley de Quiebras y la derogación de la de Subversión Económica, dos requerimientos no negociables del FMI.
Hasta anoche, el interbloque justicialista seguía pulseando para lograr ciertas modificaciones al régimen de reemplazo de certificados de plazo fijo por bonos. Los legisladores reclamaban algún grado de compromiso de los bancos en la garantía de repago de las deudas con los ahorristas, para que no recayera exclusivamente en el Estado, emisor de los títulos a entregar. Otra alternativa era exigir una recapitalización, por parte de sus accionistas, de los bancos que resultaran beneficiados.
De acuerdo con el proyecto elaborado por Economía, los ahorristas tendrán la opción de seguir en el cronograma reprogramado para la devolución de los depósitos, en pesos, o acceder a bonos en pesos o en dólares. Los títulos en dólares tendrán un plazo de amortización a 10 años a una tasa de interés anual del 2 por ciento, pagadera semestralmente y amortización del capital en ocho cuotas anuales, la primera a partir de febrero de 2005.