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La Corte Suprema volvió a marcar el terreno y a hacer una demostración de poder. Con una acordada sorpresiva, resolvió suspender el aumento salarial para los jueces, secretarios y funcionarios del Poder Judicial que había sido ordenado la semana pasada por el Consejo de la Magistratura. Según los supremos, ese organismo invadió facultades que les pertenecen a ellos e incurrió “en un grave error de derecho”. La resolución que firmaron ayer responde, en parte, a un pedido del Gobierno, que temía una avalancha por efecto dominó de reclamos de recomposición de haberes del sector público. Además, busca amortiguar la protesta de los propios empleados del alto tribunal –excluidos del incremento por tener una partida presupuestaria aparte– y de los tribunales provinciales.
En su plenario del jueves último, el Consejo de la Magistratura aprobó un aumento del 10 por ciento en los sueldos del Poder Judicial de la Nación y el reescalafonamiento retroactivo al 1º de octubre de gran parte de sus empleados. Ambas medidas implican unos 10 millones de pesos mensuales de presupuesto. La recategorización era una vieja reivindicación de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) que, en el momento que los consejeros sesionaban aquel día, protagonizaba una protesta que terminó en una fiesta inesperada. Pero ayer los trabajadores volvieron a estar de luto en cuanto conocieron la acordada suprema que dejó su conquista sin efecto y el gremio anunció una movilización para hoy frente al Palacio de Justicia.
Los jueces de la Corte tuvieron una reunión que abarcó toda la mañana, en la que la cuestión de los salarios judiciales fue uno de los dos temas centrales. El otro fue la pesificación (ver aparte). El malestar por la suba en las remuneraciones comenzó a crecer apenas se firmó la resolución del plenario de consejeros. Algunos cortesanos se sintieron afectados y vieron una infracción en que no se los haya consultado. Enrique Petracchi –presidente de la Corte como del Consejo– propuso tomar intervención.
El debate desembocó en una acordada que advierte que “las decisiones finales” sobre haberes del sector corresponden “inequívocamente” a “esta Corte Suprema” en base a la Constitución y las leyes de autarquía y administración financiera. El tribunal se reafirma como “gobierno del Poder Judicial”. Al Consejo, dice, le competen funciones de “administración y ejecución presupuestaria”. Aclara, a la vez, que el Poder Judicial tampoco puede gastar más de lo presupuestado sin autorización del Congreso, aunque cuente con un superávit.
El texto, así, frena la aplicación de la decisión que favorecía a jueces y empleados de distintos rangos e invita al Consejo de la Magistratura a dialogar con la Corte sobre el asunto. Fue firmado por Petracchi, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco. El único que evitó pronunciarse fue Carlos Fayt. Dijo que le parecía una decisión demasiado precipitada.
Las disputas de competencia entre los cortesanos y el Consejo de la Magistratura se remontan a creación de ese cuerpo y suelen reavivarse esporádicamente. Esta vez, el tironeo vino con impulsos extra. Uno se origina en el Gobierno: el titular de Economía, Roberto Lavagna, le hizo saber al tribunal que teme que, por contagio, se desate una escalada de demandas de subas salariales de los empleados públicos y de los tribunales provinciales. Avisó que no hay plata para eso. Otros disparadores radican en los tribunales: la Corte, que maneja presupuesto propio, vislumbra un frente de pelea con sus empleados, ya que quedaban afuera del beneficio, igual que los fiscales y defensores oficiales. Los ministros temen, además, que la multiplicación de cargos superiores sea engorroso y genere otras disputas. En estos días recibieron quejas de jueces “ofendidos” porque, aunque les tocara el 10 por ciento en danza, veían acortarse la brecha en relación con el personal inferior, cuyos salarios crecerían hasta 35 por ciento con el reescalafonamiento.
El titular de la UEJN, Julio Piumato, anunció que los trabajadores judiciales están “en estado de alerta y movilización”. En un comunicado, el gremio acusó a la Corte de “extralimitarse en sus funciones” y de asumir “actitudes que nada tienen que ver con la Justicia”.