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El fiscal federal Jorge Alvarez Berlanda, que investiga en Buenos Aires el asesinato del general chileno Carlos Prats, reiteró ayer el pedido para interrogar al dictador Augusto Pinochet. “Ahora que han quitado el impedimento que existía, volveremos sobre el tema para poder indagarlo”, explicó el fiscal. La jueza María Servini de Cubría también interpretó la decisión de la Justicia chilena de desaforar a Pinochet como un “antecedente judicial favorable” para obtener esa misma medida –que ella ya había solicitado– en la causa que existe en el país por el atentado contra el ex jefe del ejército chileno y su esposa, Sofía Cuthbert.
La primera vez que la familia Prats se sintió amparada por la Justicia fue en Buenos Aires. El 21 de noviembre de 2000 los jueces del tribunal oral federal número seis, José Valentín Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Horacio Vaccare –que votó en disidencia–, condenaron a prisión perpetua al agente chileno de la DINA Enrique Lautaro Arancibia Clavel por su participación en el atentado contra Prats. Era la conclusión de una porción de la investigación de Servini y Alvarez Berlanda. Este año, la Corte Suprema confirmó esa sentencia y con ese fallo declaró que los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles.
“Este es un gran paso para continuar”, dijo María Angélica Prats, una de las hijas del general, el día que concluyó el juicio oral contra Arancibia Clavel. Para ella y sus hermanas el camino que se había iniciado con ese fallo sólo terminaría con Pinochet preso, algo que ahora está más cerca.
La causa en Santiago, en la que la Corte de Apelaciones desaforó ayer el dictador chileno, se inició luego de que Servini de Cubría pidiera las extradiciones de Pinochet y de la cúpula de la DINA. El tribunal negó el reclamo, pero luego decidió abrir un proceso formal en ese país.
El general Prats y su esposa murieron el 30 de septiembre de 1974 al detonar una bomba colocada bajo la caja de velocidad de su auto. La pareja se había exiliado en Argentina luego del golpe que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973.
La causa abierta en Argentina permitió comprobar que el asesinato de la pareja fue perpetrado por la policía secreta pinochetista (DINA) en una acción coordinada en Buenos Aires por sus propios hombres y con participación de ciudadanos argentinos, en lo que fue una de las acciones que prologaron el Plan Cóndor. El papel de Arancibia Clavel, según varios testimonios, fue el de “allanarle el camino” al autor material del atentado, Michael Townley, quien se encuentra amparado por el sistema de testigo protegido en Estados Unidos.
En la organización, encabezada por Manuel Contreras y dirigida por el propio Augusto Pinochet, Arancibia Clavel fue señalado como “jefe de información clandestina del departamento exterior”. A través de su departamento exterior, la DINA perpetró los atentados contra Prats en Buenos Aires, el ex canciller Orlando Lettelier en Washington y el ex vicepresidente Bernardo Leighton en Roma.
Según la versión de Contreras, recogida en un fallo de la Cámara Federal porteña sobre el caso Prats, a él le fue encomendado organizar y poner en marcha la DINA el 12 de noviembre de 1973 y fue designado director ejecutivo (máxima autoridad) en el mes de julio de 1974. Contreras reconoció que sólo recibía órdenes de Pinochet. Servini de Cubría y Alvarez Berlanda ya viajaron a Chile para interrogar al dictador, pero él se negó amparándose en los fueros que ahora le fueron quitados.
El dictador Reynaldo Bignone, que en septiembre de 1974 era secretario del Estado Mayor General del Ejército, fue uno de los testigos en el juicio oral contra Arancibia Clavel. Bignone era responsable de pagar el departamento en el que vivía el matrimonio Prats, ya que el Ejército se hacía cargo del alquiler por una orden que había dado el presidente Juan Domingo Perón cuando Prats se exilió en Buenos Aires. Bignone negó que, además de la colaboración económica, el Ejército proporcionara una custodia al general chileno. La declaración del miembro de la última junta militar apuntó hacia la responsabilidad de la Policía Federal como nexo de los servicios secretos chilenos en Argentina para concretar el atentado. Las pruebas de la causa señalan al fallecido comisario Juan Carlos Gattei, supuesto responsable de la custodia de Prats, como quien habilitó la zona liberada para que el grupo de la DINA asesinara al general.