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El Consejo de la Magistratura desafió al Gobierno y a la Corte Suprema al ratificar en su plenario de ayer que abonará el aumento salarial del diez por ciento y el plus por reescalafonamiento que dispuso para los empleados judiciales. El organismo desoyó así una nota enviada a la mañana por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, donde le pedía que no ejecutara el pago. Contra los cuestionamientos del alto tribunal, los consejeros volvieron a reivindicar como propia la facultad de subir los sueldos del sector. La protesta que los trabajadores del Poder Judicial llevaban a cabo terminó en un festejo que rodeó la sala de audiencias.
En la danza de los reclamos salariales, el Poder Judicial teje una trama aparte. Al conflicto gremial se suma uno institucional que mantiene enfrentados al Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, que se pelean por cuál de los dos tiene la atribución de modificar salarios. En el medio, empezaron a intervenir el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete.
El Consejo resolvió en noviembre otorgar un aumento del diez por ciento a los jueces y empleados de tribunales y conceder un reescalafonamiento general que reclamaba hace años la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN). La Corte suspendió esa medida al entender que los consejeros invadían su competencia y que el pago sería ilegal por tener autorización del Congreso o el Gobierno. El Consejo mantuvo su postura. Economía amenazó con promoverle una denuncia penal e invitó a otras áreas oficiales (la Auditoría General y la Procuración del Tesoro) a hacer lo mismo.
Para mayor confusión, el martes último el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, difundió un comunicado diciendo que él le había pedido al jefe de Gabinete que habilite un aumento que el alto tribunal se encargaría de liquidar con un criterio propio. Por esto, el intríngulis de los sueldos judiciales se convirtió otra vez en el principal tema del plenario que ayer tenía programado el Consejo. Lo que agregó un ingrediente fue la sorpresiva carta enviada por Alberto Fernández. El texto invitaba a los miembros del cuerpo judicial a dialogar e intentar resolver la situación amigablemente, pero terminaba advirtiendo que mejor se abstuvieran de liquidar el aumento que habían dispuesto.
Una multitud de empleados judiciales, que estaba de paro, colmó la sesión del Consejo y se extendió por los pasillos de Tribunales. El representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo, Joaquín da Rocha, reprodujo los argumentos del jefe de Gabinete y pidió un cuarto intermedio. Por eso fue blanco de la silbatina de los agremiados. Salvo él y algunas abstenciones, la mayoría de los presentes votó por reafirmar el incremento en los haberes y se instruyó a la Dirección de Administración para que ordene hoy la liquidación. En el calor del debate, el camarista Claudio Kiper pidió sin éxito que se votara un aumento mayor, del 30 por ciento, para los jueces. Argumentó que los ubicaría mejor en la batalla con Petracchi, quien busca favorecer a los magistrados.
El Consejo sostiene que pagará con un excedente que posee en una cuenta bancaria, proveniente del 3,5 por ciento de la recaudación impositiva que recibe el Poder Judicial. La Corte también pensaba usar ese dinero, pero insiste en que lo debe autorizar Fernández con sus superpoderes. En algunos despachos oficiales se hablaba de la posibilidad de bloquearle el dinero al Consejo, quizá por decreto.
En la UEJN estaban exultantes con la promesa del Consejo. Su titular, Julio Piumato, explicó que la recomposición de la que habla Petracchi está pensada “sólo a favor de los jueces” porque se aplica “a la antigüedad y la permanencia en el cargo”. “El Consejo apunta a una mejor distribución de la riqueza, a achicar la brecha entre los cargos altos y de menor jerarquía. Si el Gobierno traba el pago –dijo Piumato– se pudre todo.”