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La actitud irresponsable de un empresario que ignoró las más elementales normas de seguridad, la insensatez de quienes arrojaron bengalas en un lugar cerrado y las falencias en los controles por parte del Estado son las tres patas –con diversos grados de responsabilidad que habrá que establecer– en las que se asientan las causas de la mayor tragedia producida en el país por causas no naturales. Hasta anoche eran 177 los muertos por el incendio del boliche República Cromañón, ocurrido el jueves por la noche, aunque la Policía Federal hablaba de 188 víctimas fatales. Y quedaban internadas 281 personas, 97 de ellas en terapia intensiva. La gran mayoría de los muertos son jóvenes, muchos de ellos eran niños que quedaron atrapados en una suerte de guardería improvisada en un baño de la planta alta del local. El empresario Omar Chabán está detenido (ver nota aparte), los jóvenes que dispararon las bengalas estarían identificados, y en el gobierno porteño renunció el máximo responsable de las inspecciones en la ciudad, el secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López.
Las investigaciones preliminares arrojan datos que permiten sacar algunas conclusiones:
u El siniestro se inició al tomar fuego una tela del tipo “media sombra” colocada en el techo y los paneles de poliuretano que cumplían una función acústica del boliche. Ambos elementos no están permitidos por las normas de habilitación de este tipo de locales, ya que no resisten las pruebas de aptitud ignífuga.
u La principal salida de emergencia, que da a la calle Bartolomé Mitre, estaba cerrada con candado y alambres, y tuvo que ser abierta desde afuera por los bomberos.
u La cantidad de gente dentro del local superaba con creces la capacidad del mismo: estaba habilitado para albergar a unas 1300 personas y se dice que había alrededor de 4000.
u Una semana atrás, el 26 de diciembre, en otro recital, una bengala había provocado un principio de incendio en el techo, que fue controlado por los empleados del local.
u Pese a los controles del personal de seguridad, el público ingresó fuegos artificiales. Y si bien el responsable del local exhortó a la gente a no disparar bengalas y le advirtió que podría producirse una tragedia –según coincidieron numerosos testigos–, permitió que continuara el show con el lanzamiento de pirotecnia.
Esa actitud permite deducir que los responsables del local percibieron el riesgo de lo que podría ocurrir, pero siguieron adelante con el concierto, lo que podría conformar la figura denomina “dolo eventual”.
Con el mismo criterio, nada eximirá de responsabilidad a los jóvenes que arrojaron las bengalas –estarían identificados pero no se sabe si sobrevivieron–: estaban largamente advertidos de que lo que hacían podría provocar un desastre, pero continuaron con su ejercicio insensato.
En el caso del gobierno de la ciudad, responsable de la habilitación y el control de los boliches, como de todos los comercios radicados en la ciudad, el boliche –un local clase C, según la vieja denominación, aún vigente, que designa a los bailables– estaba habilitado desde 1997. Había funcionado como bailanta, bajo el nombre El Reventón, hasta que en abril este año lo compró el empresario Omar Chabán, que lo refundó como República Cromañón, un espacio para conciertos de rock.
Dicen en el gobierno porteño que no es necesario tramitar una nueva habilitación por un simple cambio de razón social, si no se modifica el uso del local ni hay alteraciones edilicias. “Si se construyen entrepisos, paredes o tabiques, hay que hacer el trámite ante la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro, algo que en este caso no ocurrió”, explicaron en el gobierno porteño.
–¿Qué ocurre si el nuevo dueño decide colocar cortinados, telas del tipo “media sombra” o paneles de poliuretano? ¿Qué debe hacer? –preguntó este diario.
–Debe tramitar un certificado de aptitud ignífuga de esos elementos, que es extendido por el laboratorio de la Dirección de Defensa del Consumidor de la ciudad. Ese certificado debe ser exigido por los inspectores cuando realizan un control en el local –explicó a este diario María Angélica Lobo, técnica de la Dirección de Fiscalización porteña.
Ni la media sombra ni el poliuretano son materiales autorizados para este tipo de locales, agregó.
Página/12 quiso saber cuándo se realizó la última inspección en el boliche del siniestro. En el gobierno nadie tenía respuestas a esa pregunta: “El expediente está en manos de la jueza María Angélica Crotto.” Lo cierto es que cualquier inspector hubiera advertido la irregularidad.
La única constancia existente a la que se pudo acceder fue el informe del comisario Alberto Corbellini, jefe de la División Prevención de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, con fecha del 15 de febrero de 2004, según el cual sólo 38 locales bailables cumplían con la certificación de protección contra incendios exigida por la ordenanza 50.250 de la ciudad.
Ese informe se hizo en respuesta a un pedido de informes de Atilio Alimena, adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Según Alimena, como en la ciudad “hay registrados 256 boliches”, el porcentaje de locales en regla en ese momento era bajísimo: el 14 por ciento”. Anoche, el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Raúl Fernández, aseguró a este diario que el número de boliches habilitados en la ciudad es de 108. Y el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, aseguró que en todo el año hubo 70 clausuras de boliches por no cumplir con las normas contra incendio.
Ibarra cargó las tintas en la irresponsabilidad empresaria y en quienes arrojaron pirotecnia dentro del local, pero no eludió el papel que le cabe a su gobierno. “Este hecho nos exige tomar medidas fuertes, cambiar las cosas que no funcionan o que funcionan mal”, dijo, antes de anunciar la suspensión de la actividad en locales bailables durante 15 días, a partir de mañana, para consensuar una nueva normativa para el control de esta actividad (ver recuadro).
El anuncio se realizó después de una reunión de gabinete, en la que se notó la ausencia del máximo responsable del área, Juan Carlos López. Hasta ahí, el problema estaba en las normas y no en el organismo encargado del control: la Unidad Polivalente de Inspecciones.
La UPI fue creada por Aníbal Ibarra a fines de 2003, después de disolver el cuerpo de inspectores municipales sobre el que pesaban severas denuncias de corrupción. Ese cuerpo está conformado hoy por 200 inspectores, quienes tienen a su cargo el control de los 200 mil comercios habilitados en la ciudad, según reconoció el propio López. “No es posible hacer un control en tiempo real de todos los boliches de la ciudad”, se defendió el funcionario. La subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, responsable del área de inspección, se encontraba ayer fuera del país y no pudo ser localizada.
Lo cierto es que anoche, después de la concentración de manifestantes frente a la sede del gobierno porteño, donde la gente increpó a las autoridades al grito de “Que se vayan todos”, López resolvió ofrecer su renuncia, que fue aceptada de inmediato por el jefe de Gobierno.