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Juan José Alvarez asumió como secretario de Justicia y Seguridad porteño exhibiendo un plan elaborado en menos de 48 horas y pidió la renuncia de todos los funcionarios de las áreas que quedarán bajo su control. Su objetivo, dijo, es superar la “ineficiencia” y “que los errores que se pudieron haber cometido no se cometan más”. Entre sus prioridades, puso énfasis en que el traspaso de la Superintendencia de Bomberos y la Policía a la Ciudad de Buenos Aires “hay que hacerlo rápido”. El programa que presentó tiene como ejes dos áreas cuyas falencias quedaron en evidencia con la tragedia de República Cromañón: promete el rediseño con nuevos controles del régimen de habilitaciones y una mayor fiscalización de los sistemas de seguridad privada. Incluirá también, según los anuncios, la puesta en marcha de “una auditoría integral”.
Minutos después de haber jurado, Alvarez descargó una catarata de frases filosas que rozan a la propia gestión de Aníbal Ibarra en el gobierno porteño, quien lo escoltaba en silencio en una conferencia de prensa improvisada. “La corrupción y la incapacidad asesinan”, dijo Alvarez. “Tenemos la más desgraciada de todas las pruebas de que el sistema no funciona”, insistió. Se presentó como alguien que llega para “prestar ayuda” en “el momento más difícil de la ciudad de Buenos Aires”. Eso sí, avisó, necesitará “reforzar el presupuesto”. Con el anuncio de que habrá “muchos cambios” justificó su pedido de renuncia a los funcionarios hasta el rango de director. Se trata de todos los cargos políticos, que reemplazará con colaboradores de su confianza.
El traspaso de la policía y de los bomberos bajo control de las autoridades porteñas, que Alvarez sitúa entre sus temas favoritos, encierra un debate tan viejo como la autonomía capitalina. Para él esa reforma requiere celeridad. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, sin embargo, relativizó al rato: “No será a corto plazo porque no es un supermercado en el que se compra un paquete de fideos y se lo lleva sino un proceso que comenzó y no se puede detener”.
En concreto, el “Plan de Reordenamiento General de las Areas de Seguridad, Justicia y Control Comunal” presentado ayer prevé el pase de la Superintendencia de Bomberos y dice preparar el terreno, con la creación de una “comisión interjurisdiccional de autoridades nacionales y locales”, para el “traspaso de los servicios de seguridad”. La idea que subyace es que mal se puede pretender que el gobierno porteño tenga todo bajo control si no cuenta con las herramientas para manejar la seguridad local. Ese cambio de estructura requiere, tanto en el caso de los bomberos como de la policía, una reforma legislativa en el Congreso nacional.
Al comienzo del acto de asunción se hizo un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del 30 de diciembre. La presencia del ministro del Interior y del titular del bloque de diputados del PJ, José María Díaz Bancalari, fueron leídas como parte del respaldo del gobierno nacional al nuevo funcionario de seguridad, a quien con anterioridad Néstor Kirchner había hecho despedir de la secretaría bonaerense de la misma especialidad. Entre las huestes oficialistas circularon el vicejefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, y el jefe de Gabinete, Raúl Fernández. Pero el auditorio era heterogéneo: también estuvieron el fiscal Carlos Stornelli, el legislador macrista Jorge Enríquez y el líder de los taxistas, Jorge Viviani.
El nombramiento de Alvarez viene acumulando también importantes repudios, entre ellos el del ARI, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y los familiares de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, que lo consideran responsable directo del asesinato de ambos piqueteros el 26 de junio de 2002, cuando era ministro de Justicia de la Nación e interpretan que detrás de su reaparición está la mano de Eduardo Duhalde.
El plan que lanzó Alvarez está explicado en tres páginas y media, e incluye tres programas: “Seguridad Ciudadana”, “Justicia” y “Reordenamiento del Control Comunal”. Estos son los puntos sustanciales:

- Habilitaciones:
Plantea una verificación exhaustiva de la documentación de las habilitaciones otorgadas y un reempadronamiento de las que atañen a establecimientos “críticos” como estadios, grandes centros de eventos, shoppings, hoteles, geriátricos, guarderías y estaciones de servicios. La reforma aspira a lograr trámites de habilitación simplificados pero exigentes y a montar un plan semestral de inspecciones programadas y no programadas. Habrá un portal de Internet para que “cualquier vecino” conozca las inspecciones y sus resultados.

- Emergencias:
Alvarez dice que quiere implementar un sistema “similar al 112 que se aplica en Madrid” e integrar los servicios de bomberos, salud, defensa civil y policía.

- Seguridad privada:
El proyecto dispone la creación de un registro de personal de seguridad (de locales bailables, discotecas y sitios de concentración masiva de gente) y de un cuerpo especial para fiscalizarlos, además de dar publicidad los nombres de las agencias habilitadas.

- Justicia:
Se propone el “traspaso de funciones correccionales y registros”, crear juzgados vecinales y jerarquizar a los fiscales. El objetivo es que haya “más participación ciudadana”.

- Ideas:
Una auditoría “realizada por un organismo de control externo” y la elaboración de un mapa de riesgos en la ciudad.

- Medidas aparte:
El boceto también proyecta desde la “urbanización de villas” y “recuperación de espacios públicos degradados” hasta “programas de prevención y tratamiento de la violencia familiar y escolar”.