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Así como los familiares se fueron agrupando según sus diversos intereses y afinidades, lo mismo ocurre con sus representantes legales. “Mire que yo no pienso ir tras el pibe que tiró la bengala”, le dijo una abogada al padre de un joven muerto en el incendio de Cromañón. “Ya lo sé, por eso los vengo a buscar a ustedes”, acortó el familiar que sabe que el estudio que eligió apunta siempre al corazón del poder político. Escenas como ésta se deben haber repetido, con toda la diferencia de matices que refleja el arco de damnificados de la tragedia de Once.
La voz José Antonio Iglesias fue la primera que se escuchó cuando el eco del incendio aún aturdía. Su hijo Pedro murió en el incendio, y él como abogado comenzó a vertebrar el reclamo de muchos familiares que crecía hora tras hora. Experto abogado especializado en derecho comercial, se puso al frente de la cruzada para “encarcelar a todos, desde (Néstor) Kirchner y (Aníbal) Ibarra hasta el último inspector”. Luego salió a aclarar que no era “un nuevo Blumberg”, y que sería el primero en ponerse en la cola tras asesorar a los demás padres, circunstanciales compañeros de dolor. En las marchas representa el sector que pide mesura, silencio y “despolitización”, como si esto fuera posible. Y nuclea al mayor número de personas, por lo cual la jueza María Angélica Crotto, que investiga la causa penal, unificó la querella en su nombre.
Con algo más de calma que los primeros días, organizó varios equipos con otros 25 abogados que en total representan a unas 200 víctimas. Uno se ocupará de la cuestión procesal y de ir controlando los juicios. Otro tendrá a su cargo la investigación de los funcionarios, uno más se dedicará a armar el rompecabezas de las sociedades que se desprenden de Cromañón, y un cuarto grupo analizará cómo fue el tratamiento de las víctimas, es decir, la actuación del SAME, los bomberos, la policía y la Morgue Judicial. Algunos de los letrados convocados por Iglesias son: Fernando Soto, Gabriel Varela, Mauricio Castro, José Luis López, Aldo Yavlonsky, Patricia Núñez Morando y Estela González Espul, entre otros.
“Vamos a subrayar la responsabilidad de los funcionarios. Empezaremos con los inspectores y de allí iremos subiendo, porque queremos llegar sólidos a la cabeza”, explicó el abogado a Página/12.
Iglesias dice tener muchos antecedentes en su especialidad, razón por la cual afirma que el Poder Judicial lo nombró administrador judicial de lo que queda de la cooperativa El Hogar Obrero. Su función es concluir el concurso y pagarles a los acreedores. Fue secretario de la Cámara en lo Comercial y luego se desempeñó como gerente comercial del Bank of New York, al que ahora tienen como cliente de su estudio. También fue abogado del detenido banquero Rubén Beraja en la quiebra de Banco Mayo. “Mi función fue exitosa, se trató de evitar la quiebra con aporte de bienes”, recordó. En la actualidad es abogado de la sindicatura de Scotia Bank Quilmes.
Otro nucleamiento de letrados lo encabeza Fabián Bergenfeld, quien trabajó en la causa de los ahorristas junto a Nito Artaza. Sus asociados en la causa Cromañón son el ex juez Mariano Bergés, Diego Guerendiain y JuanCarlos Iglesias, conocido en Tribunales por sus denuncias contra Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner, entre otras. Representan al padre del periodista de Crónica TV Luis Santana, fallecido en el incendio, y a partir del lunes harán lo propio con dos familias más. Esta semana apelaron la decisión de la jueza de unificación de querellas y le pidieron una audiencia con todos los querellantes para poder establecer si hay “intereses comunes” que les permitan juntarse. De todos modos, manifestó haber tenido encuentros con Iglesias.
Pero además de su actividad en la causa, Bergenfeld integra la Asociación Civil de Defensa Ciudadana, con la que tuvo la iniciativa de juntar firmas para someter a plebiscito el mandato de Aníbal Ibarra, aun antes de que el jefe de Gobierno impulsara la consulta popular sobre sí mismo. En esa batalla lo acompaña la Fundación Bicentenario (aquella que encabezó la enérgica campaña contra Raúl Zaffaroni cuando era candidato a la Corte Suprema).
El estudio de los doctores Daniel Stragá y María del Carmen Verdú está actuando con Marcelo Parrilli, quien representa a Mariana Márquez, la mamá que durante la última sesión en la Legislatura enfrentó en duros términos a Ibarra. Junto al ex concejal radical Rubén López Santos, acompañaron días atrás al juzgado a Benicia Gómez, Jorge Luis Orrego, Jorge Luis De Olivera, Raúl Noboa, Miguel Angel Barbalace, Ada Sirlin, Mario Cwierz, Susana Mediavilla, Emiliano Navarro, Emanuel Burset, Liliana Garófalo y Ricardo Diez. Aunque tienen experiencia en querellas colectivas, como los casos Brukman o ex Padelai entre otros, ellos también apelaron la unificación porque sospechan que difícilmente logren coincidir con los enfoques de abogados como los ya mencionados, u otros como Rafael Cúneo Libarona y Santiago Fontán Balestra, recientemente aparecidos como patrocinantes de otras víctimas. Según explicó Verdú a este diario, en el expediente ellos fueron los únicos que imputaron en forma explícita a los funcionarios del gobierno porteño y nacional.
Otros profesionales por el momento están actuando en forma independiente. El abogado Javier Miglino, sobreviviente de la tragedia de Cromañón, pidió el llamado a indagatoria de la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, por el delito de homicidio culposo reiterado, porque entiende que la funcionaria no cumplió con su deber de controlar las medidas de seguridad y prevención contra incendios en los boliches de la ciudad. Este abogado es el sobrino del subcomisario Francisco Santos Miglino, quien fue filmado la mañana del 20 de diciembre de 2001 mientras comandaba el operativo de vaciamiento de la Plaza de Mayo, con detenciones y golpes a los manifestantes. Así consta en el expediente de la masacre con la que culminó el gobierno de la Alianza.