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El juez federal Carlos Liporace aseguró ayer que irá “hacia arriba” en la investigación a la empresa Southern Winds por el affaire de los cuatro maletines cargados de cocaína que llegaron a España, aunque para avanzar en la cadena de mandos de la aerolínea espera el guiño de la Cámara, que tiene ahora el expediente en sus manos. “De momento –le reconoció a Página/12– no tengo pruebas; eso no quiere decir que en 15 días no las tenga.” La fiscalía le había pedido la indagatoria del presidente de la empresa y la detención del vicepresidente. El lo rechazó, pero la Cámara podría ordenarle que lo hiciera. En tanto, mañana o el viernes le tomará una ampliación de la indagatoria al ex gerente comercial de SW detenido y procesado por contrabando agravado. Ayer siguieron las dudas sobre las cintas y los scanner, mientras que la Policía Aeronáutica (PAN) y la compañía aérea se batieron en duelo de culpas y responsabilidades.
Desde que se desató el escándalo por las valijas que volaron a Madrid con los 60 kilos de cocaína quedaron en la mira –entre otros personajes– los jefes máximos de la compañía aérea encargada del traslado.
Hasta ahora sólo hay dos detenidos y procesados por el escándalo, el ex gerente comercial de SW Pablo Arriete y Claudio Baudino, ex supervisor en el Aeropuerto de Ezeiza. En calidad de “prófugo” se encuentra Walter Beltrame, hijo del comodoro Alberto Beltrame –ahora ex jefe de la PAN en Ezeiza– y la persona que habría ordenado el embarque de las valijas el 16 de septiembre de 2004.
Además de las detenciones, la investigación guarda otros nombres. Tres empleados de TAS, la compañía encargada del control de equipajes, y otro empleado de SW en España, Claudio Tamburrini. A los tres primeros, el juez Liporace les dictó la “falta de mérito”. Al cuarto lo hizo detener, pero otro juez que lo subrogó durante la feria de enero, Horacio Artabe, lo liberó. Todas estas medidas ahora están bajo la lupa de la sala B de la Cámara en lo Penal Económico. La misma sala es la que tiene en sus manos el futuro de los jefes máximos de la compañía.
Para la fiscalía, el juez debería indagar y detener al vicepresidente de SW, Enrique Montero. Y tomarle declaración indagatoria al presidente de SW, Juan Maggio, hermano de Cristian Maggio, uno de los dueños de la empresa y quien virtualmente comenzó la investigación. Con la información de la Guardia Civil española, los Maggio hicieron una investigación interna que llevaron a la Justicia el 5 de octubre.
Hasta donde se conoce, la pesquisa posterior, ya en sede judicial, no avanzó sobre las líneas exigidas por la fiscalía a cargo de María Gabriela Ruiz Morales. Una de esas líneas es la presunta complicidad del vicepresidente de SW. Montero llegó a Madrid en el mismo vuelo de las maletas. Una hipótesis en danza es que no sólo eran cuatro sino cinco las valijas “exportadas”, se supone que una salió del aeropuerto de Barajas sin problemas y en manos de alguien. Este sería el argumento por el que la fiscalía –según fuentes consultadas por la agencia DyN– pidió la detención de Montero.
“En su momento, la explicación que se dio (sobre Montero) me convenció”, dijo Liporace a este diario. “Viajó a España en nombre de la empresa para gestionar un crédito con un banco de Madrid con el que SW opera habitualmente.” Si esas gestiones se hicieron, serán “materia de investigación” en el futuro como la suerte que corrió la supuesta quinta valija.
Hasta ahora se sabe que las cuatro maletas secuestradas llegaron a España con stickers de despacho correlativos, pero en la sucesión misteriosamente faltó uno. Para la fiscalía, sería el sticker de la supuesta quinta valija. Para el juzgado, en cambio, la oblea perdida pudo haber salido en otro vuelo antes o después. “Los stickers están todos juntos, tal vez un empleado lo usó para despacharlo en otro vuelo: por eso –explicó el juez– investigaremos el vuelo anterior y posterior para saberlo.”Si, tal como trascendió ayer, la Cámara finalmente les da vía libre a los pedidos pendientes de la fiscal, Liporace deberá obedecer. Tendrá que detener a Montero e indagar a Juan Maggio. En tanto, mañana o el viernes pasará por su despacho el ex gerente comercial de SW que pidió una ampliación de la indagatoria. La Cámara ayer aceptó el pedido. Tal como dijo Página/12, Arriete fue quien puso a Beltrame en el Aeropuerto, pero además sería quien le entregó un “pasaje de cortesía” a una persona detenida en Buenos Aires por otra causa de contrabando de droga.
La responsabilidad de la Policía Aeronáutica, en tanto, parece estar dirigidas a dos campos: las supuestas cintas borradas y la falta de control de los scanner. El juez ayer admitió que los hombres de la PAN también están bajo la mira. Los controladores de equipajes eran parte del staff de TAS que opera en el aeropuerto autorizado por la PAN.
En la nebulosa del misterio están, en tanto, las grabaciones de seguridad encargadas de monitorear lo que sucede en el aeropuerto durante las 24 horas del día. La grabación permitiría identificar, por ejemplo, a los “dos masculinos” que según consta en el expediente habrían despachado las valijas. Pero ahora no están, dato que ayer fue motivo del cruce de acusaciones verbales entre SW y la PAN (ver aparte).
El destino de la causa y el alcance de la investigación aún están por verse. Una fuente de la investigación fue clara para graficar todo lo que falta saber: “Tenemos que saber quién puso la plata para comprar la droga y traficarla, quién la llevo a Ezeiza y la colocó en los compartimientos del vuelo de la empresa Southern Winds, qué voluntades se compraron en la compañía aérea, y quiénes esperaban la droga en España”.