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Para Southern Winds, su responsabilidad en el caso de contrabando de cocaína a España quedaba saldada con la presentación de la denuncia y el despido, con indemnización, del empleado involucrado, Walter Beltrame. Estaba obligada a hacerlo tras la denuncia de las autoridades españolas. Se trató de proteger a la empresa tomando distancia del tema, intentando evitar el escándalo. Fue una reacción corporativa. La cúpula de la Fuerza Aérea, en conocimiento de la denuncia, bajó la importancia del problema y se preocupó por atenuar las consecuencias de la investigación sobre los miembros de la institución que podrían estar involucrados. Fue una reacción corporativa. Lo cierto es que tanto los directivos de la empresa, como algunos mandos de la Fuerza Aérea, han quedado en una situación muy comprometida. Para el Gobierno tomar ese camino con la esperanza de evitar consecuencias políticas indeseables y sortear una confrontación con la Fuerza Aérea hubiese sido suicida.
La experiencia ha demostrado que la política del silencio y de “los trapos sucios se lavan en casa” pocas veces lava nada. La explicación sobre las famosas valijas de Amira Yoma y de Ibrahim Al Ibrahim no satisficieron a nadie justamente por el intento permanente del gobierno menemista de restarle importancia y de insistir en que era la oposición la que sobredimensionaba las denuncias. Ante las acusaciones de corrupción o ilegalidad, el gobierno menemista respondía que se trataba de una campaña periodística. Nunca tomó activamente la responsabilidad de la investigación en ninguno de esos casos, por lo que dejó en la sociedad la sensación de que efectivamente había sectores del gobierno involucrados en todos ellos y que, además, el gobierno los encubría. Hasta en los casos más probados, la reacción fue bajarles el tono.
La administración menemista instaló en la Argentina la desagradable y resignada impresión de que los gobiernos están hechos para robar. “Que roben pero que hagan” o la famosa frase de Luis Barrionuevo de que el país saldría adelante “si no se robara durante dos años”.
En el caso de la Alianza, cuya principal bandera electoral fue la transparencia, empezó investigando con entusiasmo las causas relacionadas con el menemismo, pero se producían fuertes resistencias cuando las denuncias involucraban a sus partidarios. Hasta que la investigación de las presuntas coimas en el Senado culminó con la renuncia del vicepresidente Chacho Alvarez tras chocar con la actitud corporativa del gobierno de Fernando de la Rúa.
La oposición y el periodismo tienen un rol importante para atajar cualquier tentación de reacción corporativa por parte de la fuerza que esté en el gobierno, ante casos de corrupción. Los trapos sucios no se lavan en la intimidad del poder, porque esa idea lleva al encubrimiento y la complicidad. Por eso también es un error cuando desde sectores del periodismo o de la oposición se incurre en una especie de denuncismo permanente. Esa estrategia política o editorial opera de manera tal que anestesia a la opinión pública y atenúa el impacto de las denuncias probadas y concretas, cuando se supone que su función debería ser exactamente la contraria. Es decir, el denuncismo termina siendo funcional a la corrupción y desnaturaliza el papel decisivo que tienen el periodismo y la oposición política cuando denuncian estos temas.
En este caso, la decisión del Gobierno fue mostrar una acción enérgica para favorecer la investigación. El contrabando probado de 60 kilos de cocaína, más otras 50 valijas que probablemente también llevaron droga, no es un caso menor. Si se detectaron 60 kilos, quiere decir que lo más probable es que hayan pasado por esa vía muchos más. Si se cuentan las 50 valijas, serían alrededor de 800 kilos de cocaína, lo que estaría hablando de la participación de alguno de los carteles narcos más poderosos. Es un hecho que tiene trascendencia internacional y que podría provocar, incluso, consecuencias geopolíticas si el Gobierno no actuara con la mayor transparencia y voluntad esclarecedora.
Porque además Southern Winds es una empresa subvencionada por el Tesoro público. Y todo el mundo sabe que las mafias de la droga tienen más dinero líquido, fresco y disponible que algunas transnacionales, por lo que su capacidad de corrupción es poderosa cuando se trata de abrir vías de transporte y zonas liberadas. Una vez que entra, la corrupción de la droga se expande con rapidez y facilidad, al punto que en algunos países tiene fuertes raíces institucionales. El más mínimo resquicio que pudiera dejar el Gobierno para la duda alcanzaría para que se introduzca todo tipo de sospechas. Lo que parece un pequeño problema policial de entrecasa podía tener proyecciones políticas en el plano internacional, y en lo interno generar la sospecha en la opinión pública, como antes quedó en el aire con el gobierno menemista, de la infiltración de la mafia de la droga en el poder político.
Si en la Casa Rosada no hubieran reaccionado frente a la actitud, insólita por lo indolente, de la cúpula de la Fuerza Aérea hubieran corrido el riesgo de afrontar una crisis internacional seria con Estados Unidos y la Unión Europea. La iniciativa de abrir la investigación a todos los niveles, tanto civiles como militares, replantear la organización de la seguridad en los aeropuertos y castigar la inoperancia corporativa en la Fuerza Aérea fue atinada. Cualquier otra opción los hubiera dejado mal parados, porque de los primeros datos que salen de la investigación sobre el funcionamiento de la seguridad en el aeropuerto da la impresión que el sistema estaba agujereado con una, por lo menos, sospechosa laxitud de los organismos públicos y privados que tenían esa tarea a su cargo.
La droga que provocó el escándalo no fue descubierta en la Argentina sino en España. Y hasta resulta sorprendente que el primer día (por ayer) que se endurecieron los controles en el aeropuerto de Ezeiza a partir de esta crisis, la policía aduanera interceptara 26 kilos de heroína. Es imposible hablar con mucha certeza, pero queda flotando la sensación de que el aeropuerto de Buenos Aires era una especie de corredor aceitado para el tránsito de estupefacientes.
El ruido que provocó el descubrimiento del tráfico de droga por vía aérea puso al descubierto también la competencia feroz que se da en esta actividad, al punto de que el vicepresidente de Southern Winds, Enrique Montero, deslizó la posibilidad de que todo el escándalo fuera una operación de la competencia, Aerolíneas Argentinas. El furioso cortocircuito tiene uno de sus motivos en la subvención estatal que recibe SW por el aporte de sus aviones para la empresa Lafsa. Cuando el Gobierno creó esta última con la idea de reimpulsar una aerolínea estatal tras la privatización de Aerolíneas, absorbió al personal de dos empresas quebradas, LAPA y Dinar. La guerra de tarifas y de itinerarios parece haber llegado al punto más álgido cuando SW inauguró sus vuelos a España. El tráfico de drogas está más allá de la competencia entre las dos compañías pero este enfoque adquirió trascendencia política porque desde algunos sectores de la oposición se hizo especial hincapié en estos subsidios.
Las derivaciones también se proyectaron sobre Aeropuertos Argentina 2000 y la empresa de control de equipaje TAS, que fueron denunciadas por el director de Aduanas, Ricardo Etchegaray, por las trabas que ponía la primera al trabajo de los aduaneros y porque la TAS tendría que haber detectado la cocaína cuando pasaron las valijas por los scanners. Y el mismo Etchegaray instruyó un sumario a los agentes de Drogas Peligrosas de la Aduana.
Con tantas responsabilidades y acusaciones cruzadas resulta evidente que, además de quienes participaron a conciencia en el embarque de la droga, había un sistema general que lo permitía. Ninguna reacción corporativa hubiese servido para disimularlo. Dar vía libre a la investigación es elprimer paso. El camino sólo se completará cuando el caso quede esclarecido.