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Gregorio Molina torturó y violó a detenidas del centro clandestino de detención La Cueva, en Mar de Plata, durante la última dictadura militar. Ayer fue arrestado por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Esta vez los jueces no ordenaron su detención porque se negó a declarar o por falso testimonio –como ocurrió en ocasiones anteriores con colegas de Molina– sino por considerarlo responsable de delitos de lesa humanidad, y como tales imprescriptibles. Como el tribunal sólo está autorizado a actuar en base al derecho a la verdad, denunció el caso y lo remitió a un juez de primera instancia.
Molina era conocido por sus víctimas como Charly, el alias con el que intentaba esconder su identidad para cometer sus crímenes. Pero dos mujeres que estuvieron desaparecidas en La Cueva lo reconocieron como uno de los represores del centro clandestino que dependió de la Base Aérea de Mar del Plata. Lo señalaron como un violador y lo vincularon al asesinato de Jorge Candeloro y Norberto Oscar Centeno, dos de los abogados desaparecidos en La Noche de las Corbatas.
Apenas se presentó ante los jueces Roberto Falcone, Mario Alberto Portela y Néstor Rubén Parra, Molina, un morocho de cara redonda y anteojos, de 58 años, fue advertido acerca de que no debía prestar juramento porque “hay información que puede incriminarlo”. Asistido por un defensor oficial –aunque en la sala se comentaba que lo había acompañado un abogado de la Fuerza Aérea– el represor se negó a declarar. Luego, en audiencias privadas, las dos mujeres identificaron al acusado. Por la tarde y ante las Madres de Plaza de Mayo sentadas en la primera fila de la sala de audiencias, el tribunal dio a conocer su resolución, en la que afirmó que correspondía denunciar los crímenes de los que estaba acusado Molina para que los investigara un juez que no estuviera limitado por el derecho a la verdad.
Los magistrados ordenaron la detención e incomunicación de Molina por 48 horas en la delegación de la Policía Federal de Mar del Plata. Al juez federal Mario Robbio le tocará resolver cómo continúa el proceso. El tribunal oral lo imputó por el homicidio de los abogados Candeloro y Centeno y por “violaciones reiteradas calificadas”. Además, solicitó una exhaustiva investigación respecto de la participación del represor en la desaparición forzada de otros cuatro abogados y en el secuestro y los tormentos sufridos por otra docena de personas.
Antes de que se expidiera el tribunal, los representantes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales hicieron sus alegatos para reclamar el arresto de Molina. César Sivo, abogado de la Universidad de Mar del Plata, utilizó como ejemplo el legajo administrativo del represor, en el que aparece que fue un militar cuestionado y varias veces sancionado hasta 1975. Luego, cuando pasó al sector de “Inteligencia”, sus superiores lo empezaron a elogiar.
En la resolución de ayer, Falcone, Portela y Parra señalaron que independientemente de la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Molina nunca fue sometido a proceso judicial. Así el Tribunal Oral se pronunció a favor de que los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura sean, además de investigados, castigados por la Justicia. Con igual criterio, hace dos meses, la Cámara Federal porteña remitió a tribunales de primera instancia dos expedientes sobre crímenes perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada y en el Primer Cuerpo de Ejército.