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Tres datos dieron la señal de alarma. Uno, que el Chaco es la segunda jurisdicción en el país donde la Justicia concedió el mayor número de amparos por el corralito y ordenó la devolución del dinero. Dos, que muchos de los beneficiarios viven en otras provincias. Tres, que como regla general quienes lograron recuperar la plata no fueron los ahorristas más pequeños sino los que tenían las sumas más altas. Por todo esto el Consejo de la Magistratura, que supervisa y elige a los jueces, inició investigaciones en varias direcciones y pidió ayer al Banco Central (BCRA) un informe exhaustivo sobre la devolución de fondos en cumplimiento de medidas cautelares. El organismo quiere cruzar datos sobre juzgados, ahorristas y estudios jurídicos intervinientes. “Tememos que acá hay un gran negocio”, dijeron varios consejeros. También hay pesquisas en marcha en Diputados y en el Superior Tribunal chaqueño.
La nota dirigida al director del Central, Mario Blejer –firmada por el secretario del Consejo Pablo Hirschmann– le pide que informe “acerca de la entrega de fondos que cada institución bancaria ha efectuado en cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por magistrados de este poder, en acciones judiciales fundadas en la normativa de emergencia económica y financiera, monto de cada una de ellas, juzgado que decretó las medidas, sus beneficiarios y el domicilio real de los amparistas”.
La inquietud, en realidad, surgió a partir de los datos de un informe del propio BCRA, según el cual fue en la provincia de Buenos Aires donde más sentencias se pagaron –4213 (27,68 por ciento)– y la siguiente fue Chaco con 2314 fallos favorables (15,20 por ciento). Recién en el tercer puesto aparece Capital Federal con 1.852 fallos (12,17 por ciento). A su vez, por ejemplo, sólo 163 fallos concentraron algo más del 25 por ciento del dinero devuelto a los ahorristas.
El Consejo de la Magistratura recibió, además, una denuncia del juez civil y comercial de Azul Adolfo Rocha Campos contra su colega chaqueño Carlos Skidelsky. En el juzgado bonaerense había tramitado un amparo contra el corralito de un ahorrista que reclamaba 130 mil dólares. El demandante terminó trasladando su reclamo a la justicia del Chaco, a pesar de que vive en Azul. En base a esta información, el consejero Eduardo Orio pidió que se abriera un expediente y se investigue.
Las posibles irregularidades en el trámite de amparos sacudió también a la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura que hoy debería elegir una terna para ocupar una vacante en la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, que es el que tramitó la mayoría de las causas del corralito. Los candidatos que más apoyo y posibilidades tienen son, precisamente, jueces de primera instancia ese fuero. Entre ellos figuran Martín Silva Garretón, Osvaldo Guglielmino y Ernesto Marinelli. “Lo que yo pedí es que estos juzgados sean especialmente auditados antes de que resolvamos nada”, dijo a este diario el consejero Diego May Zubiría, de la comisión de Selección. “No quiero avalar a ningún candidato que el día de mañana pueda aparecer involucrado en alguna irregularidad”, agregó. Su par Mario Gersenobitz hizo, entre sus colegas, un planteo similar.
El pedido de un informe al BCRA fue acordado por la Comisión de Labor del órgano judicial. May Zubiría explicó que los datos que analiza la Comisión de Fuga de Capitales de Diputados son tenidos en cuenta en el Consejo. Uno de los disparadores de la investigación parlamentaria fue la presentación del diputado Héctor Cavallero (PJ), quien además de señalar el cúmulo de sentencias pagadas por orden de la Justicia del Chaco marcó que “el 21 por ciento corresponde a depósitos reprogramados del sistema financiero superiores a un millón de pesos”. Y agregó: un “altísimo porcentaje de las medidas cautelares corresponde a acciones iniciadas por residentes de Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos ante tribunales provinciales y federales de las localidades de Sáenz Peña, Charata, Castelli y Resistencia librando los jueces intervinientes oficios a los bancos demandados a fin de ordenar la devolución de los fondos incautados”. El máximo tribunal de Córdoba rechazó dar curso a 35 oficios importados del Chaco y les sugirió a sus pares norteños que investigaran. “Nosotros ya habíamos empezado a investigar antes”, dijo a Página/12 Ramón Avalos, uno de los cinco ministros del superior tribunal chaqueño. Entre ellos, al parecer la mayoría –menos la presidenta, María Luis Lucas– considera irregular que sus jueces hayan tramitado causas de otra jurisdicción. Para mitad de semana, dicen, tendrían conclusiones de su propio relevamiento.