[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Todos saben que María Romilda Servini de Cubría es impredecible. Aun así logró sorprender a quienes la conocen al dar una vuelta de campana en la causa iniciada por el ya fallecido legislador socialista Alfredo Bravo y su compañero Jorge Ribas contra los ex directivos del Banco Central Pedro Pou y Manuel Domper. Mediante una resolución de curiosos fundamentos, Servini laudó sobreseyendo a los ex directivos del Banco Central de los cargos de incumplimiento de deberes de funcionario público y enfilando los cañones contra la contadora Alicia López, presidenta de la Unidad de Información Financiera –UIF–, quien intervino en investigaciones resonantes y fue asidua colaboradora del Juzgado Federal 1 en causas de lavado de dinero. Del mismo modo, la jueza se presentó “motu proprio” en otro expediente iniciado contra López por diputados del ARI. “Yo pongo las manos en el fuego por Alicia”, dijo a Página/12 Marcelo Saín, también integrante del directorio de la UIF y responsable del nuevo cuerpo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El texto firmado por Servini de Cubría tiene más semejanzas con el alegato de un defensor que con la imparcialidad de un magistrado. Sostiene que la denuncia contra Pou y Domper no permite “inferir cuál o cuáles han sido las normas cuyo cumplimiento incumbía a los funcionarios denunciados y que en el caso no habrían sido ejecutadas (uno de los puntos en que los denunciantes centraron su imputación es el del funcionamiento de la Comisión Mixta de Control de las Operaciones Relacionadas con Lavado de Dinero del Narcotráfico (...) y las medidas o métodos adoptados para controlar y prevenir el lavado de dinero)”. A continuación la jueza señala que la Comisión Mixta –presidida entonces por Domper– no es un órgano de prevención sino un cuerpo consultivo y de análisis, cuyo objeto es “estudiar los distintos métodos que se emplean para llevar a cabo dichas operaciones de lavado” y proponer a las autoridades cursos de acción para neutralizarlas. “Como corolario –concluye drásticamente Servini– surge que no es responsabilidad de la Comisión Mixta el detectar o descubrir maniobras de lavado (...)”
“Además –añade para responder a las dudas expresadas por Bravo y Ribas acerca del celo con que Domper llevaba a cabo su cometido en la Comisión– las actas de sesión ponen de manifiesto el efectivo funcionamiento de la citada Comisión y los diversos temas tratados en cada reunión, con lo cual se desvanece la hipótesis delictiva estructurada respecto a ese punto...” Servini anota que otro de los cuestionamientos se vincula con la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA y su rol de “control y vigilancia de circulación de fondos o transacciones financieras que pudieran ser objeto de lavado de dinero”. Es en ese punto donde Servini hace entrar en juego a Alicia López y sus responsabilidades al frente de la Gerencia de Requerimientos y Control, área encargada de evaluar la solvencia y liquidez de las entidades financieras así como el cumplimiento de las normativas del BCRA, incluido el lavado de dinero y las llamadas “operaciones sospechosas”.

La gran Chuchi:

La jueza asevera que no tiene “sustento alguno” la sospecha de los denunciantes acerca del incumplimiento de la obligación de controlar y prevenir el lavado de dinero por parte de los directivos del BCRA. En franca colisión con el durísimo informe parlamentario sobre la gestión de Pou (desidia, negligencia, ineptitud) que en abril de 2001 desembocó en su remoción por “mala conducta”, Servini remarca los servicios patrióticos que prestó junto a Domper y Guillermo Lesniewer, quienes “aún sin contar con una ley específica (...) dictaron resoluciones que obligaban a las entidades financieras a acentuar los controles”. Quien sí, a su entender, puede llegar a vérselas negras es Alicia López, ante cuyo accionar como responsable del área de Requerimiento y Control no puede menos que manifestar su “total sorpresa”. Servini arguye que al solicitar documentos observó que expedientes de operaciones dudosas y archivados por Alicia López fueron desarchivados por Lesniewer (que todavía carga con múltiples procesos por la asistencia otorgada a bancos que, se sabía, estaban al borde del desastre) y en algunos casos enviados a la Justicia. Al decir de los valedores de López, el archivo de expedientes estaba caratulado como “provisorio”; se trataba, en general, de cuestiones de poca monta; por esos días el área de Requerimiento y Control asistía a la magistratura en procesos de alto voltaje político (IBM-Banco Nación, Moneta, venta de armas a Ecuador y Croacia, cartel de Juárez) y entre el archivo y el desarchivado se produjo un cambio en la legislación. López había sido citada a prestar declaración testimonial en la causa en la que, ahora, la volatilidad de Servini la transforma en virtual imputada.
Pese a los incumplimientos registrados, fustiga Servini con inusual contundencia, “se la premió (a López) con la distinguida tarea de representar al Banco Central en la Unidad de Información Financiera, donde fue instituida como presidenta”. La formulación encendió luces de alerta entre sus colegas de la UIF. Coinciden en evaluar que el extraño cambio de frente de la jueza respecto de quien fuera su mano derecha en materia de lavado de dinero respondería en parte al enojo de Servini por la negativa de López a actuar como “task force” de decisiones polémicas de la jueza, a la que se le habría escuchado decir: “La voy a hundir”. Molesto con estos sucesos, Marcelo Saín salió al cruce sin tapujos: “Por Alicia López pongo las manos en el fuego. No puede ser que haya jueces federales que convocan para que se los ayude en causas trascendentes y después somos unos inútiles. Nunca nos apretó nadie, nunca nos amenazaron. Ni Juan José Alvarez, ni Gustavo Beliz. Nadie. Y ahora resulta que nos quieren manipular algunos jueces federales. Acá no tenemos problemas en que nos tomen la presión y nos hagan un hemograma. Sin embargo, hay algunos jueces federales que no podrían defenderse en un juicio político. Pongo las manos en el fuego por Alicia, por Alberto Rabinstein y por el otro director, Carlos Del Río. A María José Mencke Patané no la conozco”.