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En diciembre los legisladores porteños se comprometieron a aprobarla en forma definitiva antes de mediados de este año, y en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura el mismo jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, pidió que fuera sancionada. Sin embargo, tanto compromiso y tanto impulso no implican que el trámite vaya a ser sencillo porque la de comunas no es una ley más y hasta el momento ninguno de los supuestos acerca de su aprobación se ha cumplido. De hecho, la propia Constitución de la ciudad establece que la norma debía estar vigente en octubre de 2001. Cuatro años después, todo sigue en veremos. Una cosa es casi segura: por más que la iniciativa sea sancionada en los meses que vienen, los porteños no elegirán autoridades barriales en octubre próximo, sino que recién lo harán en las elecciones de 2007.
Las comunas cambiarán para siempre el mapa de la ciudad de Buenos Aires: a partir de su creación el distrito quedará dividido en una determinada cantidad de zonas que tendrán gobierno, presupuesto y atribuciones propias. Esta división del territorio porteño fue prevista por los convencionales que en 1996 sancionaron la Constitución porteña, inspirados en modelos de descentralización de otras grandes ciudades como Barcelona. Esas experiencias demuestran que el acortamiento de la brecha entre la gente y sus gobernantes se traduce en mayores niveles de participación, eficiencia y transparencia en la gestión.
Muchos de los temas que hoy maneja el Ejecutivo porteño pasarán a manos de las comunas. Se encargarán, por ejemplo, del mantenimiento de las vías secundarias y los espacios verdes de su zona de influencia. Cada comuna será gobernada por una Junta Comunal integrada por siete miembros, a quienes los vecinos elegirán en forma directa mediante el voto.
Así quedó establecido en la propia Constitución, pero era la Legislatura la que debía dictar una ley –que requiere el voto de dos tercios de sus miembros– para fijar el número de comunas, sus límites y su organización. Según el mandato constitucional, los legisladores tenían la obligación de dictar la norma antes del 1º de octubre de 2001. En lo formal, los legisladores nunca lograron llegar a un acuerdo sobre la cantidad de comunas, aunque la demora tiene una raíz política: lo que desde siempre enturbia el debate es la puja por el reparto de poder que implica la descentralización política y administrativa del distrito.
Los legisladores se propusieron el año pasado cumplir de una vez por todas con la Constitución y se comprometieron a aprobar la ley en el transcurso del período de sesiones ordinarias. Cumplieron a medias: en diciembre último sancionaron la iniciativa en general, pero dejaron para 2005 su aprobación en particular. Lo que acordaron fue crear una comisión especial en la cual cada bancada esté representada en forma proporcional y darle un plazo de 120 días a partir de febrero para redactar el proyecto.
Aun cuando incurrieron en una nueva demora, los legisladores introdujeron el año pasado un cambio sustancial en la mecánica de discusión de la iniciativa. La Comisión de Descentralización, encabezada por el socialista Roy Cortina, sacó el debate de la Legislatura y lo trasladó a los barrios. En total se realizaron 47 reuniones barriales, en las participaron unos 7500 vecinos y estuvieron representadas alrededor de 700 organizaciones sociales. Los aportes que allí se realizaron fueron sintetizados por una comisión integrada por legisladores y representantes de los barrios, que determinó los ejes centrales y las ideas fuerza que la Comisión de Descentralización incorporó después al articulado de la ley.
“La sanción de la ley la estamos haciendo en dos actos como producto de lo dificultoso que resulta en esta Legislatura acordar entre los bloques, pero eso para nada menoscaba lo que se hizo, que es inédito. Es la primera ley participativa de la Argentina y de eso no podemos retroceder”, destacó Cortina a Página/12. Al cambio de actitud de los legisladores se suma ahora el pedido de Ibarra de que la ley sea sancionada. La tragedia de República Cromañón influyó en la decisión del jefe de Gobierno de impulsar la aprobación final de la iniciativa porque en todas las experiencias de descentralización desarrolladas en el mundo el control es una de las tareas centrales que realizan las comunas.
A partir del pedido de Ibarra, en la Comisión de Descentralización se acordó no desandar las discusiones que ya fueron cerradas el año pasado, como ser que las comunas tengan atribuciones para elaborar políticas sociales, resolver lo relativo al uso del espacio público y tener decisión en las obras con impacto en su zona de influencia, entre otras cosas. Además de que el despacho ya redactado sea la base para el debate en particular de la iniciativa, se convino también discutir en forma participativa los temas en los que aún no hay consenso.
Los puntos en danza siguen siendo los mismos: en qué cantidad de zonas se dividirá la ciudad, cuál será el alcance geográfico de cada comuna y cómo será la transición hacia la nueva configuración del distrito. Un punto central es que la mayoría de los vecinos que participaron de la discusión y de los legisladores sostienen que las comunas no pueden surgir de la unión forzada de barrios, sino que deben respetar las identidades barriales y no superar los 200 mil habitantes. Aunque hay varias posiciones, la mayoritaria consiste en crear 15 comunas. Quienes plantean ese número sostienen que así se podría cumplir esas dos condiciones y facilitar la asimilación de las estructuras de los 16 CGP actuales.
Es casi un hecho que, por más que los legisladores salden la asignatura constitucional que tienen pendiente en el plazo en que se comprometieron, los porteños no podrán elegir las autoridades de su barrio este año y deberán esperar hasta 2007. Más allá de que son pocos los que tienen voluntad de ensayar un nuevo sistema en octubre próximo, el tiempo no sería ya suficiente para implementar los cambios.