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Un simple trámite burocrático sobre la designación de un nuevo director en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires está por desenredar una madeja que es historia reciente pero a la vez sigue hoy, aun con la muerte de uno de los protagonistas: la verdadera relación entre Mauricio Macri y Alfredo Yabrán para controlar resortes financieros de la ciudad de Buenos Aires.
La fase burocrática del episodio es sencilla. El economista Cristian Ezequiel Auguadra fue propuesto por Macri para completar el directorio del Banco Ciudad. Los directivos deben tener la bendición del Banco Central. Según el mismo Auguadra, el presidente del Ciudad, Eduardo Hecker, envió una nota a su colega del BCRA, Martín Redrado, informándole que “ya estaba cumplimentado el 20 por ciento del cupo para personas con ausencia de antecedentes bancarios”. Auguadra carece de ellos.
La nota tiene un final pomposo. “En un contexto donde a las autoridades no se les comunica lo que los inferiores hacen pero que después traen aparejadas complicaciones como las de Cromagnon (así, textual, sin eñe) o Southern Winds, es que lo notifico de lo que está ocurriendo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, dice el texto a Redrado.
Lo que está ocurriendo incluye, según Auguadra, una supuesta violación a la Carta Orgánica, “que prevé no comprar títulos públicos por más de un 10 por ciento de su patrimonio legal”, y el nombramiento del gerente general Marcelo Pose.
“Lo único que hizo el directorio fue reemplazar a un gerente que llevaba 20 años y elegir a un empleado del banco siguiendo solo criterios profesionales”, dijo Hecker a Página/12. “Yo ni sé por quién votó Pose en las elecciones de la ciudad y en las nacionales, y no me interesa, pero me llama la atención que justo después de esa decisión empezáramos a recibir una andanada de cartas-documento o denuncias contra funcionarios de distintas áreas.” Hecker dijo que Pose fue aprobado por el Banco Central, anunció que el Ciudad no tendrá problemas en responder cualquier pedido de la Justicia e informó que el origen de las cartas-documento y las denuncias que recrudecieron luego de la designación de Pose era siempre el mismo.
Este diario pudo establecer otro elemento más: la argumentación es la misma que la de Auguadra. Y algo aún más significativo: la reacción por un cambio importante en la línea del Ciudad vino de Gabriel Mauro, Juan José Schinca, Enrique Lella y Eduardo Flores Maini.
Los nombres son desconocidos para el gran público pero no para quienes conocen el poder real en la ciudad de Buenos Aires. Un poder real que, en el caso del Banco Ciudad apunta a conservar o conquistar siempre dos áreas. Una, la gerencia general, cabeza operativa de la rutina diaria. La otra, la comisión de recupero de créditos incobrables. Según los expertos del propio banco, el último organismo completaba tradicionalmente un circuito. El inicio era la concesión del crédito, a veces agilizado por algún tipo de lubricación. El cierre era el control de quiénes serían ejecutados, quiénes perdonados y quiénes ignorados.
Gabriel Mauro es sobrino y parte del grupo financiero y político encabezado por Jorge Alfredo Mauro, que controló la estructura del Ciudad hasta 1991.
Schinca y Lella eran gerentes y fueron despedidos. Schinca es el que hizo la denuncia por el presunto exceso en la compra de títulos públicos que acaba de recoger Auguadra en su carta al Banco Central. Consultados los directivos del Ciudad, respondieron que el directorio hasta fue indagado cuando lo presidía Roberto Feletti pero que una pericia dijo que la denuncia era falsa.
Flores Maini fue directivo de empresas del Grupo Macri y del Grupo Mauro. Presidió Manliba. Cuando Jorge Mauro aún estaba en el Banco Ciudad como subgerente general fue se consolidaron los servicios de la empresa de correo Ocasa y la de transportes Juncadella, ambas partes del corazón inicial de negocios de “Papimafi”. En esa época también revistaba en el Banco Ciudad Francisco “Paco” Gázquez Molina, que hoy administra el dinero de los herederos de Yabrán y tenía parte de las acciones de Ocasa. Gázquez Molina era tan allegado a los Yabrán que fue una de las dos personas que acompañó a los hijos del Cartero cuando se realizó el ADN del cuerpo, tras el suicidio en Entre Ríos.
Mauro se recicló y hoy sus actividades industriales están diversificadas. Abarca desde residuos industriales a través de Marcos Martini Sociedad Anónima hasta el agro con La Lácteo y Moebius Cueros.
Otras empresas con las que trató en sus tiempos de subgerente quedaron entre los incobrables del Ciudad. Así ocurrió con el Grupo Yoma y también con Gatic, Massuh, Química del Norte y Alpargatas. Las deudas totales de este segmento vip llegan a los 250 millones de pesos.
El ex subgerente cultivó y cultiva un perfil bajo pero nadie podría acusarlo de deslealtad con Yabrán ni de ocultar sus puntos en común. Ni siquiera del más nimio: las oficinas de Mauro están en el mismo edificio de Viamonte 352 donde estaba las firmas históricas como la agropecuaria Yabito y la aérea Lanolec. De Viamonte pasó a 25 de Mayo 432, sexto piso, que según informaciones inmejorables obtenidas en ámbitos empresarios sirvieron como cuartel general para operaciones de Macri.
El jefe de Compromiso para el Cambio está muy agradecido a Mauro desde que el ex directivo del Ciudad complementó sus cruzamientos en distintos negocios con ayuda en la organización de grandes actos durante la campaña electoral para la jefatura de Gobierno.
El nombre de Auguadra apareció porque la Junta de Etica de la Legislatura porteña rechazó uno de los nombres propuestos por Macri, el de Gustavo Grasso. Macri tampoco pudo imponer a Miguel Varela, un gerente despedido por Horacio Chighizola en 1996 cuando Adalberto Rodríguez Giavarini era secretario de Hacienda del gobierno porteño. Varela es hombre de Mauro.
Como en el caso de Mauro, se trata de un grupo cuya principal obsesión no parece ser ocultar la identidad común. Los documentos legales de Lella, Schinca y Gustavo Mauro partieron todos de 25 de Mayo 432, sexto piso.
Flores Maini eligió otro domicilio, Juncal 840, y hubo cartas desde Juncal 802, la misma dirección de Alicopá, una empresa en proceso de liquidación que también pertenece al Grupo Macri. El liquidador de Alicopá es Juan Manuel Morsella, presidente de Pitey SA, una empresa del Grupo Mauro. Alicopá tuvo aportes, entre otras empresas, de Sideco, la constructora con la que Mauricio Macri trabó relación con el lopezrreguista Juan Carlos Rousselot en el momento de encarar la construcción de cloacas en Morón.
Con sus activos en liquidación, Alicopá le presta dinero a Moebius, donde atiende también Alejandro H., otro de los Mauro.
El dinero es una cifra suculenta para una empresa en liquidación. Se trata de un préstamo de 5.200.000 para comprar un campo en Rojas, en la provincia de Buenos Aires. Moebius tenía solo 12 mil pesos de capital. La compra representa un número tan importante que el escribano debió enviar los detalles para que los analizara la Unidad de Información Financiera, que se encarga de investigar o evitar operaciones de lavado. Los cruces son evidentes también en los directorios.
Flores Maini es directivo de Manliba y Calderas Modernas, del Grupo Macri, y de Lodimet, con sede en el Grupo Mauro.
Julio Alberto Zavalía está también en Preminco (Macri) y Pitey (Mauro).
Silvio Urbinati es directivo de Ecol y Transmetro (Macri) y Moebius, La Lácteo y Marcos Martini (de los Mauro).
Augusto López Prieto está en directorios de los dos grupos.Y lo mismo ocurre con Gustavo Gabriel Mauro, que suma una participación en una filial brasileña de Marcos Martini SA, la empresa de residuos industriales.
Los empleados más viejos del Ciudad todavía recuerdan la habilidad de Mauro cuando era subgerente general adjunto de crédito. Una habilidad que le costó un juicio de Santiago Negrotto, gerente comercial de sucursales en 1988. Negrotto denunció a Mauro por presuntas irregularidades en el caso de la firma Midavial. Y la respuesta institucional fue que Negrotto terminó sumariado y despedido.
La denuncia hasta llegó a plantear la acusación de haber demorado selectivamente una inhabilitación.
Midavial habría librado cheques en descubierto, a cuenta de un crédito que todavía no estaba otorgado.
Mauro, según funcionarios menores, habría autorizado esos descubiertos.
Y luego la maniobra se habría completado con una selección de qué cheques se pagarían y cuáles no de acuerdo al nombre de cada beneficiario.
La empresa terminó quebrando con un patrimonio inexistente. La deuda quedó, por supuesto, para el Banco Ciudad.
La queja de Negrotto es que “Mauro autorizó pagos que de no haberse producido hubiesen acelerado la inhabilitación de la firma e interrumpido el trámite de aprobación del memo de avance, por lo que no se hubiese producido un perjuicio patrimonial para el banco”.
“Desde que efectué mis denuncias por escrito el 30 de mayo de 1988 mi suerte quedó echada”, escribió Negrotto a la Justicia. “Por tocar a un intocable en el Banco Ciudad hay que pagar un precio muy caro.”