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“Las grandes instituciones médicas guardaron un silencio cómplice y hasta el día de hoy no han hecho nada para promover el juzgamiento a todos los médicos que participaron en la dictadura”, sentenció el titular de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, Claudio Capuano, quien desde hace un año encabeza una campaña que busca impulsar el procesamiento del amplio número de médicos que, a pesar de haber sido comprobada su colaboración en los delitos y atrocidades cometidos durante la dictadura, aún no dio ninguna explicación ante un tribunal.
“El pueblo logró una victoria en su lucha contra la impunidad con la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que significó la reapertura de las causas contra los genocidas. Pero en el caso de los médicos implicados en delitos de lesa humanidad vemos que sólo circunstancialmente han sido procesados.” Las primeras páginas del documento elaborado por la cátedra que dirige Capuano sintetizan el sentido de una lucha que pudo concretarse el 24 de marzo del año pasado, a partir de la iniciativa de una pequeña comisión académica que ya logró cosechar el apoyo de varias universidades del resto del país.
Si bien el total de los casos descubiertos por la investigación aún no ha podido cristalizarse en una cifra, Capuano evalúa que rondaría el centenar de profesionales. “Si uno toma en cuenta que hubo alrededor de 300 centros clandestinos en todo el país y la coordinación que hubo con los comandos sanitarios militares, los números atemorizan. Pero lo que más atemoriza aún es que casi ninguno ha sido procesado”, agrega. “Evaluaciones periódicas a los detenidos para determinar su resistencia frente a la tortura, las inyecciones de pentonaval que les aplicaban a quienes luego eran arrojados en los vuelos de la muerte, la asistencia de partos en centros clandestinos” son tan sólo algunos de los crímenes sobre los que las desgarradoras e infinitas historias de sobrevivientes dieron testimonio y que revelan cómo la medicina quedó al servicio del terror.
Muchos, explicó, fueron los casos que se conocieron y muchos fueron “avalados o encubiertos por algunas instituciones vinculadas al ámbito de la salud”. En este sentido, Capuano hizo hincapié en que fueron contados los intentos que hubo dentro del ámbito médico para denunciar e impulsar el juzgamiento a quienes los cometieron. Entre las excepciones destaca el del Colegio Médico de Morón que promovió la investigación contra el médico policial Jorge Vidal, acusado por participar en sesiones de torturas y por asistir varios partos en el centro conocido como Brigada de San Justo. Otro de los casos es el del Círculo Médico de Quilmes, que denunció a Jorge Bergés. “Uno lo veía siempre prolijo, con su guardapolvo blanco, y empezaba el miedo”, relató en una ocasión ante la Justicia el periodista Jacobo Timerman sobre el médico represor de la Policía Bonaerense, procesado en varias causas. Actualmente está detenido por la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército, acusado por secuestro y tortura.
“A veces se descuida la relación que existe entre la medicina y los derechos humanos”, consideró Capuano. Con la intención de difundir la cuestión, la cátedra organizó una jornada de conferencias en las que participaron el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y el médico Gianni Tognoni, que actualmente integra el Tribunal Permanente de los Pueblos. Tognoni fue invitado por la Universidad de Buenos Aires para compartir su experiencia en el histórico tribunal, donde médicos de varios países fueron juzgados por su participación en crímenes de lesa humanidad.
“No descansaremos hasta que el último de los que participaron del genocidio a nuestro pueblo sea juzgado y condenado”, aseguraron desde la cátedra intentando romper el silencio que se impuso durante años en el sector de la Salud. Silencio que finalmente podría quebrarse con una presentación ante la Justicia en los próximos meses. “No descansaremos”, repiten en el edificio de Paraguay, alentando una lucha que promete continuar hasta que todos los guardapolvos del terror reciban su condena.

Informe: Carolina Keve.