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“Qué papelón, qué papelón, la policía nos dará educación.” La calles del centro de Salta quedaron invadidas por cientos de docentes con los brazos en alto para repudiar la represión del viernes. Ese día más de 1700 efectivos policiales atacaron al centenar de maestros que, congregados en la plaza del centro, pedían un aumento del salario básico congelado en 239 pesos. La medida fue condenada por el obispo local Dante Bernacki, que responsabilizó al gobierno de Juan Carlos Romero por “un atropello inédito contra el pueblo y una táctica absolutamente montada”. De esta forma, el conflicto docente que comenzó el año pasado alcanzó ayer su pico máximo de tensión. Según informaron dirigentes sindicales, la adhesión al paro –que ya lleva 35 días– superó el 95 por ciento. A la marcha se sumó la movilización convocada por Ctera hacia la Casa de Salta en Buenos Aires. Ante el tenor de los reclamos, el gobierno de Romero adelantó que se subirá el básico a 300 pesos. Sin embargo, al cierre de esta edición los docentes desconocían la medida.
“La represión del viernes fue feroz. Yo mismo me enfrenté a la infantería pidiéndoles que tuvieran piedad, que eran trabajadores como ellos. Pero arrasaron con los docentes, niños, turistas. Fue la peor jornada de violencia registrada en la provincia.” Con este dramático relato, monseñor Dante Bernacki intenta resumir la represión policial que el viernes terminó con decenas de heridos, algunos de los cuales aún permanecen hospitalizados. El operativo terminó así por profundizar la grieta en la relación entre los docentes y la administración provincial, que frente a la masiva marcha y el alcance nacional que alcanzaron los hechos decidió romper el silencio de los últimos meses.
El conflicto comenzó el año pasado con una serie de paros organizados en forma aislada para reclamar un salario básico de 700 pesos y el reconocimiento de la antigüedad para paliar la distorsión sufrida en la escala salarial. Frente a la falta de respuestas por parte del gobierno provincial, los docentes no comenzaron las clases en marzo. En un comienzo la medida no tuvo gran repercusión, pero ayer logró la adhesión del 90 por ciento de los docentes de escuelas públicas y privadas.
Según informaron dirigentes gremiales, la ministra de Educación, Ester Altube, les ofreció una recomposición progresiva para finalmente alcanzar a fin de año el piso exigido. La medida fue aceptada por la Agrupación Docente Provincial (ADP), pero recibió el rechazo de la mayoría de los docentes, dejando al descubierto otro de los conflictos que enfrentan los cuadros sindicales que representan a los docentes en la provincia. Ya que si bien la mayoría de los docentes está afiliada a ADP, adhirieron a las medidas en calidad de “autoconvocados” con el amparo jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Justamente el secretario de dicha organización, Alejandro Wardi, denunció ante Página/12 un intento de desmovilización por parte del gobierno de Romero al convocar al diálogo “a las dos instituciones sindicales oficialistas, ADP y AMET, que no representan los intereses de los trabajadores”. Incluso Ctera pidió en un comunicado la renuncia de uno de los titulares de ADP, Virgilio Choque.
El reclamo de la organización que lidera Hugo Yasky se extendió a una movilización frente a la Casa de Salta en Capital Federal. Allí entregó una carta dirigida a Romero denunciando la violencia que protagonizó la provincia el viernes y apoyando el reclamo salarial. “La provincia de Salta es una de las diez jurisdicciones que recibirá partidas presupuestarias del gobierno de la nación para poder garantizar el piso salarial nacional de 700 pesos. A pesar de esto sostiene una injustificable negativa de garantizar con fondos propios la recomposición gradual”, acusaba el documento. Justamente la cuestión había dado pie a la versión de que el gobierno nacional intervendría como mediador en el conflicto. Si bien fuentes del Ministerio de Educación aseguraron que mañana viajaría un asesor de la cartera, tanto en el Palacio Pizzurno como en la administración salteña intentaron atenuar la participación de la administración de Néstor Kir- chner en el asunto.
Anticipándose a la posibilidad de que en caso contrario, la titular de la cartera provincial, María Esther Altube, adelantó que “se aprobará en las próximas horas un dictamen que elevará el sueldo básico de los maestros provinciales a 300 pesos” . Al mismo tiempo ratificó la intención de recuperar la bonificación por antigüedad para que “nadie gane menos de 700 pesos”. Sin embargo, al cierre de esta edición aún no había sido dado a conocer el anuncio oficial. Los docentes, por su parte, reclamaron no haber sido consultados por la medida y aseguraron continuar con las huelgas, en un escenario donde el retorno a las aulas por el momento parece un tanto lejano.

Informe: Carolina Keve.