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El presidente Néstor Kirchner firmó ayer un decreto por el que se prohíbe a cualquier dependencia del Estado destruir archivos, documentos o informes que pudieran tener relación con los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Supuestamente, algunos organismos, entre ellos las policías, tienen como norma destruir documentación transcurridos diez años, un plazo que en el caso del atentado contra la AMIA se cumplió en 2004.
El objetivo del decreto –impulsado por el ministro de Justicia, Horacio Rossati, y el titular de la Unidad AMIA, Alejandro Rúa– es que ningún organismo pueda argumentar que destruyó, porque es habitual, información después del día de ayer. El otro objetivo de la norma es que varias empresas privadas tomen la misma resolución. En lo fundamental la idea es que las compañías telefónicas preserven sus archivos relacionados con los atentados, ya que es posible que se necesiten estudiar distintos cruces telefónicos de la época. Como se sabe, hoy en día la pista oficial tiene que ver con un teléfono celular utilizado en la zona de la Triple Frontera y que estaba a nombre de un tal André Márquez. Desde ese teléfono se hicieron llamadas a Buenos Aires entre el 1º y el 18 de julio de 1994 y al mismo tiempo hubo comunicaciones con domicilios en el Líbano, Alemania, Brasil y Estados Unidos, todos supuestamente vinculados con la organización Hezbolá, que tiene el padrinazgo de Irán.
La conexión local –siempre según esta misma hipótesis– fueron funcionarios diplomáticos iraníes. Los datos que alimentan esta pista partieron de informes de inteligencia norteamericanos, israelíes y de la propia SIDE. No faltan quienes creen que se trata de una hipótesis armada de acuerdo con la estrategia internacional de Washington y Jerusalén, pero los encargados más directos de la investigación –el fiscal Alberto Nisman y el propio Rúa– creen que pueden encontrarse pruebas judiciales que sostengan esta pista.