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–Cómo surgió la punta de esta investigación que está en su libro?
–En mi trabajo como director de la revista Sí había investigado dos ejecuciones producidas durante el gobierno de Fujimori, la de Barrios Altos, en la que murieron 16 personas en Lima y la de La Cantuta, todas cometidas entre el ’92 y el ’93. Fue un descubrimiento que permitió encausar a los responsables, aunque luego fueron amnistiados. Después, cuando ya me encontraba en el diario El Comercio dirigiendo el área de Investigación, tuve evidencia de que varios de estos militares habían hecho lo mismo durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y de Alan García. Entonces hice esfuerzos para tener fuentes allí y contar este proceso. Así comencé.
–¿Esos contactos fueron con los mismos que habían participado en las matanzas durante el gobierno de Fujimori?
–Sí y comencé desde la época en que se le encargó al ejército combatir a Sendero Luminoso. Me interesó mucho saber, ya que tenía las fuentes disponibles, el proceso interno que se produjo en el cumplimiento de ese mandato de derrotar a la subversión. Por ejemplo, al personaje principal, a los 23, 24 años, cuando nunca había matado a alguien, le fue encargado interrogar a un determinado número de detenidos y después matarlos. Voy contando esto que es nuevo en el registro del periodismo de investigación en mi país, que básicamente ha hecho cobertura de estos hechos a partir de las víctimas y de sus propias investigaciones.
–¿Cómo describiría ese proceso que se da en los represores, que actúan en esta represión que es ilegal, pero que al mismo tiempo se produce bajo un gobierno con formas democráticas?
–Creo que el caso de Perú es distinto al de Chile y Argentina porque los jefes políticos de los mandos y ejecutores en estos países dependían a la vez de un mando militar. En Perú dependían de un ministro de Defensa y de un gobernante. En lo básico, esta gente actuaba, desde su óptica, para defender la democracia, pero los dos gobiernos nunca les dieron instrucciones precisas para actuar respetando la ley sino que, más bien –y es la conclusión que saco después de estas investigaciones–, esperaban que ellos hicieran el trabajo sucio sin que tuvieran que firmar la orden o un papel. Entonces se da un proceso traumático dentro de la propia fuerza.
–¿Podría decirse que a partir de ese proceso tan ambiguo de crecimiento de un poder paralelo, de represión ilegal, haya derivado hacia el gran manejador y controlador que fue Montesinos?
–Es muy interesante porque así como hubo esta diferencia del tipo de régimen que había en el Perú, también hubo similitudes. Porque los militares, allá como acá, pensaban también que había que hacer “saca” de terroristas cuando hubiera oscuridad. Creo que ellos no veían otra salida, no veían otra posibilidad. Lo que pasó fue que ante el avance del fenómeno subversivo de Sendero Luminoso durante dos gobiernos, en los militares se generó la convicción de que era absolutamente indispensable que hubiera un gobierno autoritario, no democrático. Entonces prepararon un golpe militar a finales del gobierno de Alan García para que se produjera un proceso dictatorial similar a los de Chile y Argentina, con una economía abierta a la inversión, con una represión muy fuerte, con control de la prensa y con una represión directa y contundente contra la subversión. Esto fracasa porque en ese momento se produce un fenomenal apoyo a Vargas Llosa a quien todos creían ganador de esas elecciones. Y se produce la sorpresa de Fujimori. Los golpistas se dan cuenta entonces de que Fujimori puede funcionar como fachada: por un lado mantendría las apariencias democráticas, pero en realidad sería un gobierno autoritario. Allí es donde aparece Vladimiro Montesinos, que se adueña de todo el proceso.
–Todo ese proceso que se llevaba a cabo en la oscuridad lo fue capitalizando Montesinos hasta convertirse en un poder paralelo...
–Cuando ingresó Montesinos con Fujimori en el año ’90, era simplemente un asesor, un hábil manejador de asuntos turbios en el Poder Judicial. Tanto es así que le arregló un problema tributario a Fujimori. Pero al convertirse en su principal asesor en temas de seguridad, comenzó a manejar los asuntos de las fuerzas armadas y se apropió del proyecto que tenían los militares, que era un proyecto de más mano dura, combatir a Sendero con sus propias armas, endurecer las leyes que necesitaban. En el camino terminó apoderándose de las fuerzas armadas, desnaturalizando las instituciones, produciendo un sistema de corrupción y vigilancia, en ese y en el posterior gobierno, cuando se reeligió a Fujimori. Paradójicamente, Abimael Guzmán y Polay, los dos líderes de la guerrilla, cayeron detenidos en el año ’92 por la labor policial y no por ese aparato clandestino de represión que se había consolidado con Montesinos.
–En todos los casos de represión ilegal, ya sea en Argentina, Chile o Perú, la coincidencia es que cuando las fuerzas armadas intervienen de esta manera, terminan generando un poder que corrompe la democracia...
–Hay que recordar que en el Perú, las víctimas de la violencia son no menos de 25 mil, es un proceso mayor que el de Chile y si se quiere menor que el de Guatemala. Hubo un costo muy alto. Efectivamente, al acabar el proceso, los militares habían ocupado un espacio de gran control sobre la política, la economía y otros aspectos sociales. Hay una distorsión. Creo que en América latina ya hay conciencia de que los militares no deben manejar estos asuntos, aunque en el Perú, esto no es claro.
–¿Los militares peruanos son conscientes de ese proceso?
–Yo creo que los militares en el Perú están convencidos de que hicieron lo correcto. Pese a que el proceso acabó con un hundimiento institucional, este hundimiento se produjo por corrupción, que fue filmada y comprobada. Pero ellos separan esos dos procesos y no les ven puntos de contacto. Piensan que en el plano militar hicieron lo correcto, que no había otro camino. Es una lástima que esto ocurra así luego de un proceso de búsqueda como el que ha hecho la Comisión de la Verdad. Y mi postura es que en los militares debería haberse producido un fenómeno mucho mayor de discusión y revisión hacia el interior de las instituciones armadas que provocara una autocrítica mucho más fuerte. También es cierto que matando justos y pecadores, sacaron a Sendero de las sierras, entonces ellos se afirman en ese resultado militar pese a que dejó tantas víctimas en el camino.
–¿Esta información que surgió de su investigación está siendo usada en los procesos judiciales?
–No, porque cuando el libro apareció, la Comisión de la Verdad ya había culminado su funcionamiento. La mía fue una búsqueda básica o exclusivamente con recursos periodísticos, entrevistas, documentación y en cada caso, porque hay muchas fuentes confidenciales, yo señalo el tipo de fuentes, de qué forma se han cruzado. Y también busqué a las personas involucradas para que dieran su versión, lo que naturalmente no fue posible. Creo que de todos modos, el Poder Judicial tiene abundante material para avanzar en el esclarecimiento de los roles y responsabilidades. Pero la única forma de avanzar en estos procesos es buscando colaboración por parte de los militares, de aquellos que han sido testigos. Desde lo judicial, mi libro con la investigación no alcanza como prueba, sino que alude más a responsabilidades de grupos políticos y económicos.
–¿No hay testigos civiles, sobrevivientes o familiares que han iniciado juicios, como aquí en Argentina?
–Sí, pero en una querella judicial, para incriminar a alguien se requiere un testigo presencial. En algunos casos se pueden hacer acusaciones por inferencias. Yo menciono asesinatos en el propio cuartel general del ejército. Fusilaron a un espía ecuatoriano, a tres detenidos en el año ’93. Doy nombres, detalles y apellidos. Pero no hay cuerpos. Y dudo que un militar esté dispuesto a mencionarlo o confesarlo, porque inmediatamente se incrimina. Yo estoy convencido de que en el caso peruano tendría quehaberse dado un agresivo proceso para compensar penas con confesiones sinceras y comprobadas. Creo que esto hubiera permitido la documentación de un número mayor de casos y llevar a buen éxito a los que estaban abiertos.
–¿Fusilaron a un espía ecuatoriano?
–En el año ’88, durante el gobierno de Alan García fue capturado un espía militar de la fuerza aérea de ese país. Luego de interrogarlo, confirmaron que había comprado información. Esto ya se sabía porque se habían capturado a los cómplices peruanos que eran militares a los que había comprado. Decidieron asesinarlo en el cuartel general. Yo cuento eso con datos muy concretos. Ahora hay una investigación en el Ecuador y también en el Perú. Lo interesante es que este operativo, tan “exitoso” desde el punto de vista militar sirvió para que los que participaron se mantuvieran como grupo y luego se convirtieran en el denominado grupo Colina, que actuó en la represión ilegal durante la época de Fujimori, tres años después.
–¿Con Montesinos en prisión, se puede pensar que se desmanteló esta estructura de poder militar en Perú?
–Creo que el poder que tuvo Montesinos en las fuerzas armadas no existe más, que lo que existe son grupos empresariales, de influencia y judiciales que tienen todavía un nivel de fuerza económica y judicial. Pero en las fuerzas armadas, me parece que prevalece la idea de que Montesinos usó a un grupo de oficiales para sus fines. Eso es parcialmente cierto, porque yo creo que sí hubo un involucramiento institucional. Pero no ha habido una reforma militar que debería haberse hecho.
–Mientras no haya un proceso autocrítico en las fuerzas armadas, de todos modos, ese peligro se mantendrá latente.
–Yo creo que es interesante el proceso que se dio en Chile donde los militares parece que llegaron a la conclusión de que hubo de su parte errores y crímenes. Lo han dicho públicamente, o como lo dijo aquí también el general Martín Balza hace unos años. Ha habido un mea culpa institucional. Eso no ha pasado en el Perú. Allí, los militares involucrados en procesos de derechos humanos, naturalmente no miran hacia ese proceso, miran a Videla, a Massera. Para ellos son un ejemplo de cómo asumir un juicio porque ellos entienden que Videla y Massera asumieron la responsabilidad de lo que hicieron. Allá hubo generales que asumieron que habían robado, pero ninguno asumió que ordenó torturas y asesinatos. Y por eso, los oficiales de menor rango se sienten abandonados. Gracias a ese sentimiento tuve yo las fuentes en el seno de las fuerzas armadas para hacer mi libro. Ellos dijeron: “Ahora resulta que ustedes no son asesinos y nosotros sí, entonces vamos a contar lo que realmente ha pasado”.
–¿Fueron contactos de nivel alto en la jefatura militar?
–No, justamente fueron operadores. He hablado con muchos de ellos y están seguros de que hacían estas atrocidades en defensa de la patria. La mayoría no estaba mal de la cabeza ni eran sádicos, ni les gustaba hacerlas. Yo creo que hay una serie de valores que se distorsionan, como que lo están haciendo por la patria y cosas así, como para tener el equipamiento sicológico que se requiere para cometer estas atrocidades. Estos operadores consideran ahora que no están siendo defendidos por su comando, que fue quien les ordenó que las cometieran. Y a su vez, los comandos sostienen que en realidad fueron casos aislados. Cuando deberían decir que actuaron bajo un comando político de estos gobiernos democráticos que ahora también se avergüenzan y miran para otro lado. Es un círculo vicioso que impide que toda la verdad salga a la luz.
–¿De qué manera aporta la investigación que publicó en Muerte en el Pentagonito a ese proceso?
–En mi libro están relatados muchísimos de los crímenes cometidos por estos militares. Pero básicamente creo que lo nuevo es el funcionamiento íntimo de estos grupos. Hay mucha información y no solamente de grupos de índole militar. En uno de los capítulos investigo la actividad de un grupoque se llama “El clan del besito” que era un grupo paramilitar que se creó bajo el gobierno de Alan García. Hay un intento de exploración de lo que pasa con las personas en situaciones de este tipo.
–¿Estas personas están integradas a la vida civil?
–La mayoría sí, porque de los pocos procesados que hay, la mayoría pertenece al grupo que actuó durante el gobierno de Fujimori, pero no hay de los gobiernos anteriores. En algunos casos, como el grupo Colina, actuaron en épocas anteriores también pero en Perú el involucramiento de las fuerzas armadas ha sido masivo. No hubo actuación judicial para la mayoría de los casos, ni creo que la habrá. Y políticamente los militares se resguardan en el espíritu de cuerpo, ya que tanto el APRA, como Acción Popular, que son los partidos que gobernaron, se lavan las manos, dicen que no sabían nada ni ordenaron nada. En las personas que han participado hay de todo, pero hay algunas que reconocen que eso estuvo mal y quisieran poder hablar, pero no hay espacio para este tipo de reflexión. Probablemente sea cuestión de tiempo.
–¿Los militares ahora no quieren a Montesinos?
–No, y se esfuerzan por demostrar que no es el “héroe” de la lucha antisubversiva...
–Pero fue su consecuencia...
–En algún sentido sí, porque ellos buscaban un líder político. Fue más bien Fujimori que Montesinos, que actuó como el operador. Fujimori dio la cara cuando en la sociedad también se había extendido un sentimiento de reacción muy fuerte contra el accionar de Sendero Luminoso. Hubo esta situación con Montesinos y ahora el sentimiento en las fuerzas armadas es que sólo ellos están pagando la factura y no los políticos que gobernaron en esos tiempos. Yo creo que en Argentina y Chile un militar joven tiene claro que no haría lo mismo que en las dictaduras, pero en Perú todavía falta mucho. Por supuesto en Perú también hubo una elite de empresarios y políticos que siempre acudieron a los militares. Pero estimo que es un proceso que está terminando. Lo que no está claro es el tipo de fuerzas armadas que necesitamos.