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Lejos de ser una operación concretada, la venta de Loma Negra al grupo brasileño Camargo Correa corre el riesgo de frustrarse por no pasar el filtro de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), organismo encargado de autorizar toda transacción de magnitud importante o que comprometa sectores sensibles de la economía. La posibilidad de que la venta sea desaprobada se basa en que altos funcionarios del Gobierno no ven con buenos ojos que la posición dominante en el sector cementero pase a manos de una compañía brasileña que ya es fuerte en su país. Para peor, Loma Negra y el resto del oligopolio cementero de la Argentina están siendo investigados por prácticas competitivas desleales y estarían próximos a ser severamente sancionados –con gran demora, debe destacarse– por violar la Ley de Defensa de la Competencia.
Según lo que ya trascendió en algunos medios especializados y que este diario pudo confirmar en fuentes oficiales, la operación por la que Amalia Lacroze de Fortabat cobraría 825 millones de dólares en efectivo, aparte de desembarazarse de pasivos por otros 200 millones, no cayó nada bien en el Gobierno. Esto no sería tomado como un dato menor a la hora de que la CNDC evalúe si aprueba o no la transferencia de todo el holding Loma Negra a Camargo Correa. El rechazo de la Comisión presidida por Ismael Malis obviamente impediría que lo anunciado a toda orquesta días atrás se firme, como estaba previsto, a fines de mayo.
El mero hecho de que una firma de capital nacional en un rubro tan clave pase a manos de una firma extranjera no es bienvenido por varios influyentes funcionarios. Pero esta resistencia se ve reforzada porque lo que Amalita quiere vender es la firma líder, que controla la mitad del mercado local. Y porque los compradores son grandes productores de cemento en su país. Las cinco fábricas de Camargo Correa Cimentos en Brasil tienen una capacidad de producción mucho mayor a la de Loma Negra.
La tercera razón es que el sector estuvo siempre viciado aquí por prácticas reñidas con las reglas de la “libre competencia”.
Esto último era vox populi desde mucho tiempo atrás entre los entendidos en la actividad industrial y la construcción. Se pudo comprobar finalmente en 1999, cuando un ex ejecutivo de Loma Negra reveló cómo funcionaba el llamado “Club del Cemento” o “Mesa de Acuerdos” (en términos técnicos, cartel).
El “arrepentido”, Luis Jorge Capurro, trabajó como gerente de Ventas de Loma Negra hasta 1998 y durante mucho tiempo fue el representante de la empresa en la “Mesa de Acuerdos”. Mediante un largo y meticuloso trabajo de hormiga, Capurro fue guardando documentación acerca del modus operandi de los conspiradores, que incluía actas de reuniones, planillas, memorándums, correos electrónicos internos y entre compañías.
Toda esa documentación le fue entregada al autor de esta nota, que la publicó en forma resumida en la revista Veintidós hace casi seis años. La misma probaba que desde la formación del “Club” en 1981, las empresas se repartían el mercado, acordaban los precios, la secuencia y las magnitudes de los aumentos, e incluso se repartían las licitaciones públicas. En este reparto a Loma Negra le correspondió entre el 48 y el 49 por ciento del mercado –no parece casual que hasta el día de hoy mantenga ese porcentaje– y el resto se dividía entre los otros “jugadores”: Corcemar, Minetti, Cemento Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia.
Todas esas prácticas elevaron a lo largo del tiempo el precio del cemento que se pagó en la Argentina muy por encima del que hubiera resultado en un mercado de libre competencia. Esta larga práctica, de no menos de 23 años, aseguró rentas extraordinarias para las firmas y –lógicamente– provocó un perjuicio equivalente a los usuarios de un insumo básico de la construcción de viviendas y obras públicas. En particular a la dueña de Loma Negra los ingresos adicionales por las prácticas concertadas y desleales le permitirían obtener hoy un precio de venta mucho más alto que el valor que tendría la empresa si no formara parte, como líder, de un gran oligopolio cartelizado (ver aparte).
La difusión de las pruebas recopiladas y aportadas por el informante Luis Capurro llevó al entonces secretario de Industria del menemismo tardío, Alieto Guadagni, a ordenar de inmediato a la CNDC una investigación que dio inicio al expediente 064-012896 caratulado “Loma Negra y otros s/infracción a la ley 22.262”. Dicha ley, denominada de “Defensa de la Competencia”, sanciona con multas que llegan a ser millonarias y con prisión de uno a seis años a los directores y gerentes de empresas que hagan “acuerdos con competidores para distribuirse mercados, zonas o clientelas”.
Además de Loma Negra quedaron involucrados los otros socios del “Club”: Corcemar y Minetti (controlados por un holding suizo), Cemento Avellaneda (parte de un grupo francés) y Petroquímica Comodoro Rivadavia. También fue acusada la Asociación Argentina de Cemento Portland.
En estos temas la CNDC actúa como Justicia de primera instancia, y sólo en caso de que sus resoluciones sean apeladas actúa la Justicia federal. Durante largos meses, en particular en el gobierno de la Alianza, la investigación avanzó a paso de tortuga aunque nunca se detuvo.
Página/12 pudo averiguar que no hace mucho todos los investigados fueron imputados por “conductas anticompetitivas”, vale decir que la CNDC consideró que existe firme presunción de que violaron la ley 22.262. Este diario también está en condiciones de adelantar que la investigación está muy próxima a finalizar y que, por lo tanto, una resolución es inminente. Fuentes que siguen el caso muy de cerca aseguran que el resultado será condenatorio y que la sanción monetaria correspondiente podría incluso superar a la que hasta ahora fue la multa más importante que la CNDC impuso desde su creación: algo más de 100 millones de dólares a YPF por prácticas anticompetitivas en el mercado del gas.