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El represor Ricardo Oliveros confesó en España haber asesinado a tres desaparecidos durante la última dictadura. “Soy responsable de la ejecución de las dos personas que figuran en el plano presentado como prueba en la causa. Y también de la ejecución de otro terrorista llamado Del Monte, alias ‘Pájaro’. Fueron actos de servicio como agente del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino.” Con esta breve declaración, Oliveros se autoincriminó el jueves en Madrid en la causa en la que militares argentinos están acusados de genocidio, terrorismo y torturas.
Al mencionar a “las dos personas que figuran en el plano”, Oliveros hacía referencia a un bosquejo que él mismo le entregó al juez Fernando Grande Marlaska –que suplanta a Baltasar Garzón– en el que indicaba el lugar donde habrían sido enterradas, en la localidad de Mar de Cobos, dos mujeres secuestradas durante la última dictadura. Una de ellas sería Mercedes Longo y la otra Patricia Silvia o Silvia, posiblemente pariente de Mercedes.
Oliveros hizo ese plano en el juzgado el 27 de abril. En esa oportunidad aseguró que el suboficial Nicolás Cafarelo le había confesado haber hecho el pozo para la tumba clandestina. A Cafarelo lo identificó como el chofer del general Alfredo Arrillaga, máximo responsable de la represión ilegal en Mar del Plata. En aquella declaración, en la que estuvo sumamente nervioso, el hombre señaló que él llevaba “los legajos de los desaparecidos”.
El jueves pasado, Oliveros se presentó espontáneamente en el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional y afirmó que él mismo era el responsable del asesinato de esas dos mujeres. También se adjudicó la ejecución del desaparecido Raúl Del Monte, quien fue secuestrado en diciembre de 1976 en Callao y Santa Fe, cuando se estaba por subir a un colectivo. El ex agente de inteligencia será interrogado nuevamente el miércoles de la semana que viene.
“Esperamos revelaciones importantes porque cada vez aparece más decidido a contar cosas. Ha decidido confesar sus crímenes y hablar de quiénes dieron las órdenes. Es como el caso de (el ex marino Adolfo) Scilingo, pero agravado, porque está dando los nombres de sus víctimas”, señaló el abogado Carlos Slepoy, impulsor del juicio en España. Slepoy recordó que los miembros de la Acusación Popular solicitaron que varios testigos que pueden aportar datos sobre Oliveros sean escuchados por videoconferencia y que se espera que el juez autorice las declaraciones en corto plazo.
Página/12 informó el 16 de abril pasado que Oliveros se encontraba en España bajo el régimen de “libertad vigilada”. La noticia la habían hecho pública María Luisa y Alberto Toledo, madre y hermano de Jorge Toledo, secuestrado en 1976. En 2000, cuando se inició el juicio por la Verdad en Mar del Plata, Oliveros se contactó con ellos para darles información sobre Jorge. “Me dijo que sabía que mi hermano había estado en La Cueva –como se llamó al centro clandestino que funcionó en la base aérea marplatense–, un dato que yo ya conocía”, señaló Alberto Toledo. Para darle más detalles, el represor pidió 20 mil dólares. Los Toledo rechazaron la oferta y dejaron de verlo.
El prontuario de Oliveros es conocido en Mar del Plata. En 1999, cuando un grupo de desocupados ocupó la Catedral local, entró a la iglesia al frente de un grupo de choque para desalojar el sitio. En agosto de 2000, un imprentero denunció que lo estaba amenazando y un juez ordenó su detención. En su auto se encontraron armas e informes de inteligencia con títulos como “Montoneros”, “Tupamaros” y “Zapatistas”.
Oliveros fue vinculado al Ejército desde los ’70, a pesar de que hacía vida de civil, dedicado, aparentemente, a los negocios inmobiliarios. Pero durante la dictadura cobró sueldo de empleado municipal. El Ejército admitió que estuvo en la plantilla de los agentes de inteligencia, aunque sostuvo que el vínculo se dio sólo en democracia, de octubre de 1983 aenero de 1992. A mediados de los ’90 se acercó al menemismo y fue asesor el senador Mario Cámara.
El hombre reapareció en España y en febrero de este año fue detenido por la policía de ese país a pedido de la Justicia argentina por una causa por robo e intimidación. El ex agente quedó en libertad pero, como en su declaración afirmó haber sido agente civil de Inteligencia del Ejército desde 1977, fue citado a declarar en la causa contra los represores de la última dictadura militar que comenzó el juez Baltasar Garzón.