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Una denuncia periodística acerca de posibles episodios de corrupción protagonizados por “funcionarios de segunda línea” galvanizó al Gobierno desde el domingo. Tanto que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en persona se ocupó de llamar a varios embajadores extranjeros para pedir datos. Surtidas versiones recorrieron la Casa Rosada, incluyendo especulaciones sobre secretarios de Estado sobre los que ya se han escuchado rumores. También se mentó que el regreso anticipado de la comitiva presidencial que viajó a Brasilia (ver página 2 y 3) se vinculaba a ese episodio. En la propia escalerilla del avión presidencial, Fernández negó esa posibilidad y le aseguró a este diario que el Gobierno no tiene datos que confirmen la información periodística pese a haberse esforzado por corroborarla.
Dicha información fue publicada por el periodista Joaquín Morales Solá en su habitual columna dominical en La Nación. El columnista comentó que “algunas embajadas de países centrales recibieron denuncias de empresas de esas naciones sobre supuestos y extraños pedidos de funcionarios de segunda línea de la actual administración; reclaman compensaciones económicas para hacer gestiones o agilizar trámites en el Estado”. El cronista añadía la, previsible, preocupación que causaba esa denuncia entre “diplomáticos relevantes”.
Según comentó a este diario el jefe de Gabinete, el presidente Néstor Kirchner se interesó por el tema y lo instó a comunicarse con el periodista y con los embajadores. Fernández llamó a los representantes de países con importantes empresas radicadas en el país: Alemania, España, Estados Unidos y Francia. También, comenta, dialogó con Morales Solá, a quien le pidió mayores precisiones, incluyendo el nombre del funcionario señalado. El periodista le replicó que no podía añadir nada a lo escrito ni revelar sus fuentes. Ese diálogo fue confirmado por el columnista ayer en La Nación.
El jefe de Gabinete aseguró a este diario que ninguno de los embajadores corroboró la denuncia. “Todos me dijeron desconocer la información”, explicó Fernández.
Otras fuentes del Gobierno, incluidos dos ministros que prefieren reservar su identidad, confiaron a Página/12 que el tema sacudió al Gobierno. Refirieron incluso sondeos del propio Fernández y de un secretario de Estado muy allegado a Kirchner preguntando a otros integrantes del gabinete si ellos tenían alguna data referida al punto. Fernández le hizo saber a sus colegas de gabinete que “si tenemos el nombre del acusado, le pedimos la renuncia al toque. La reputación de este gobierno es un valor y no vamos a hacernos los distraídos si tenemos algún elemento de prueba. Ni vamos a sentarnos a esperar que resuelva la Justicia”.
“Nadie puede poner las manos en el fuego por todo un gobierno”, comenta un pingüino de primer agua. “Nadie está exento de la posibilidad de que haya un corrupto entre nosotros. Lo que sí tenemos resuelto es que, si sabemos algo así, no apelaremos a ninguna solidaridad corporativa.” La promesa, por ahora, es virtual. Los funcionarios juran no tener ningún elemento que corrobore la denuncia periodística. Desde el aeropuerto, Fernández y otro viajero de primer nivel que prefirió reservar sus señas comentaron que el Gobierno ha hecho todo lo que podía hacer aunque seguirá buscando información. Así, salieron al cruce de rumores que habían circulado en la city porteña referidas al adelantamiento del viaje y, en algunos casos, a las señas particulares del presunto implicado. Dejaron en claro que el periplo anticipó su regreso por haberse cumplido los objetivos y que no habrá novedades en Palacio referidas a funcionario alguno.
La denuncia por presunta corrupción le llueve sobre mojado al Gobierno. La resurrección del escándalo de los sobresueldos pagados durante las presidencias de Carlos Menem es una complicación para el oficialismo. El Presidente mantiene una peculiar relación con el Partido Justicialista pero ése sigue siendo el principal bastión de la coalición oficialista. Algo que manche al peronismo, tiñe en alguna medida al Gobierno. De hecho, hay legisladores y funcionarios nacionales que también lo fueron en esa etapa.
El kirchnerismo ha reaccionado disparando munición gruesa contra el menemismo, con el que tiene pocos puntos de tangencia. El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, fustigó duramente a quienes cobraron sobresueldos y pidió para ellos condena judicial que incluya devolución de los fondos mal habidos. Pero ese planteo no tuvo gran eco entre los compañeros del PJ. Es más, unos cuantos de ellos musitan por lo bajo dicterios contra el ministro a quien vinculan sarcásticamente con los “zapatos blancos” que (según las caricaturas pejotistas) solía calzar Gustavo Beliz.
El episodio alude a una tensión dialéctica del oficialismo, que pretende ser lo nuevo en la política, algo que trajina en alianza con integrantes conspicuos de lo viejo. El mejor escenario para Kirchner es cuando impone a sus compañeros medidas que éstos jamás habrían puesto en práctica. El peor se plasma cuando sus funcionarios son considerados integrantes de un colectivo con los compañeros que vienen del pasado. O cuando, con razón o sin ella, se asocia su propia praxis al pasado reciente del peronismo. Algo de eso sucedió en lo que va de este mes.
De cara a un proceso electoral que le pinta bastante auspicioso para el oficialismo, la corrupción puede llegar a ser estandarte de campaña de una oposición que, hasta ahora, no ha sabido hacerle cosquillas al Gobierno.
La relación con el PJ es para Kirchner manifiestamente dual. Por un lado le garantiza gobernabilidad y un piso alto de votos. Pero deteriora su capital simbólico de cara a otros sectores de la sociedad. Esa contradicción, que hasta ahora ha venido saldando a su favor, se exacerbará en tiempos de campaña. Que son estos que están transcurriendo. El peronismo realmente existente, con su fuerte evocación del ominoso pasado y su enorme aptitud para adaptarse a las circunstancias, le suma y le resta a Kirchner.
El resultado final de esa suma algebraica, en términos de consenso ciudadano, se conocerá recién cuando hablen las urnas.