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Se nota que el ministro de Justicia no quiere avivar la polémica entre el Poder Ejecutivo y el Judicial desatada a raíz de las declaraciones del presidente Néstor Kirchner sobre la excarcelación de Omar Chabán. Pero a la vez mantiene las críticas realizadas por medio gabinete respecto de esa medida y reivindica la posibilidad del Gobierno de expresar sus disidencias respecto del trabajo de los jueces. “El respeto a la independencia se demuestra con hechos. No tenemos jueces amigos cuyos nombres se anotan en una servilleta”, asegura. Horacio Rosatti dice que está de acuerdo con que la prisión preventiva debe ser de aplicación excepcional, pero señala que eso no significa que en este caso no debía ser aplicada.
–¿El Presidente no debió ser más cauto al opinar sobre una resolución judicial cuando habló luego de la firma de la excarcelación de Chabán?
–El respeto a la independencia del Poder Judicial se demuestra con hechos. Este gobierno ha respetado la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, siendo muy escrupuloso en el proceso de selección de magistrados o autolimitándose en el caso de la selección de los ministros de la Corte. Además, en lo que hace al contenido de los fallos, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna incidencia y nunca pretendió tenerla. Yo jamás he llamado a un juez para sugerirle el contenido de una sentencia. El respeto por la independencia del Poder Judicial se manifiesta de este modo y dentro de cada poder cada uno expresa sus opiniones, siempre que lo haga con respeto. Este gobierno no ha estigmatizado a todo el Poder Judicial ni ha puesto en duda la honorabilidad de algún juez en particular.
–Pero las declaraciones del Presidente no son iguales a las de cualquier ciudadano.
–Las injerencias o las presiones se han dado en nuestro país de otra forma. Este gobierno no tiene jueces adictos, jueces amigos cuyos nombres anota en una servilleta. Además, cuando tiene que designar jueces, busca personalidades independientes. El otro día me preguntaban si era correcto que un juez de la Corte que fue designado por este gobierno fuera crítico. Justamente el Gobierno lo había seleccionado y luego designado por su independencia de criterio. Esa independencia de criterio nos hace coincidir a veces y disentir en otras ocasiones.
–Como una persona vinculada a la Justicia, ¿usted entiende el malestar de los jueces?
–Siempre que se acepte el disenso propio, no hay que preocuparse por el disenso ajeno, si está dicho en un marco razonable. Ha habido críticas de ambos lados, yo quiero ser constructivo. Pienso que éstas son las críticas propias de distintos puntos de vista y lo que tenemos que hacer es mirar para adelante. En relación con la resolución sobre la excarcelación de Omar Chabán, el Gobierno ya ha fijado su posición, que ha sido unánime.
–¿Por qué le parece cuestionable el fallo jurídicamente?
–Los cuestionamientos que se han hecho, no sólo desde el Gobierno, sino mayoritariamente desde la comunidad jurídica, han sido por los fundamentos de la decisión con relación a la presunción de que en este caso el beneficiado por la excarcelación no iba a intentar eludir la Justicia. Eso es algo que está, para decir lo mínimo, un poco controvertido en función de lo que se conoce. Después, lo que se reclamaba es la aplicación del derecho. Dentro de la ley, una aplicación con sentido común.
–¿Usted no cree que la prisión preventiva debe ser excepcional?
–Sí. Y en este caso muchos de los que piensan que debe ser excepcional consideran que debió haberse mantenido. Una cosa no invalida la otra.
–Usted se había interesado por uno de los presos de la Legislatura, a quien se le negó la excarcelación. ¿En ese caso debió haberse concedido?
–No me quiero entrometer con los contenidos de todos los fallos. Lo que puse de manifiesto es una diferencia de criterios que uno admite dentro de nuestro sistema jurídico, pero que al hombre común le es imposible de entender. Si se compara la magnitud de los ilícitos de quienes están presos, el tiempo que llevan en prisión y el otorgamiento o la denegatoria de la excarcelación, me parece que es muy difícil de entender. Y cuando las cosas son tan difíciles de entender hay que hacerse cargo de que algo puede estar mal o requiere de una mayor explicación. El Código Procesal es claro y da algunos criterios interpretativos.
–Varios jueces dijeron que la Justicia no puede guiarse por lo que piense la opinión pública.
–Respeto esa opinión, pero debe ser respetada también la opinión del Poder Ejecutivo. También he escuchado de los mismos jueces que este criterio en la Cámara Penal es minoritario. Nada más que tocó en este caso.
–Es decir que piensa que la decisión debe ser revisada.
–Me parece que en un extremo, y esto es una cuestión que la doctrina constitucional viene analizando, la diferencia interpretativa tan notoria sobre la aplicación de la excarcelación puede constituir un agravio al principio de igualdad ante la ley.
–Pero el criterio que primó en relación con Chabán es el que más contempla las garantías individuales.
–Pero eso significaría renegar de los otros criterios, que se dice son mayoritarios dentro del Poder Judicial. En el tema garantismo o no garantismo creo que las garantías son las que están en la Constitución. La norma es una sola. A veces se interpreta con sentido común y a veces no tanto.
–El Gobierno también criticó la excarcelación de María Julia, ¿le parece que son situación análogas?
–No he seguido esa causa con detalle. De todos modos, los delitos que se le imputan a la ingeniera Alsogaray en la sumatoria son graves pero nunca equiparables a la muerte de una persona. Una cosa es el dinero y otra la vida humana. No digo que sea leve lo de Alsogaray. Las imputaciones sumadas son muchas y son graves, pero nunca equiparables a una vida humana, menos aún a 193.
–Sin embargo hubo sospechas acerca de los motivos de su liberación.
–No tengo ninguna constancia de que haya una situación de ese tipo. Es más, alguien puede interpretar que la liberación es para que no siga hablando y otros que se la liberó para que hable. El Gobierno no ha estigmatizado ni puesto en duda la honorabilidad de ningún juez, más allá de la conmoción en la opinión pública que una sentencia pueda generar.
–¿Se están realizando acciones concretas para recuperar la plata de los sobresueldos?
–Está querellando la Oficina Anticorrupción. La constitución de la acción civil es una de las consecuencias posibles. Los mecanismos son dos: la propia OA o la referencia a la Procuración del Tesoro de la Nación para que en cada caso el Estado se pueda constituir en actor civil si hay una condena penal.
–¿Cuál va a ser la estrategia oficial ante el Ciadi?
–La posición argentina es una sola. La ha fijado el Presidente con toda claridad en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso: recuperar la jurisdicción nacional y rechazar el intento de que la política económica de un país sea analizada por tribunales arbitrales extranjeros internacionales.
–¿Es decir que van a rechazar la jurisdicción del tribunal?
–Lo que no puedo decir, porque los abogados de las contrapartes leen los diarios, es cómo. Pero la Argentina no puede convalidar que un tribunal legitime a un accionista minoritario para litigar contra ella. Y éste esel caso de CMS. Hay mecanismos, hay recursos ante el propio Ciadi y también la teoría de la revisión del laudo, cuando se entienda que es una decisión definitiva, la posibilidad de que sea revisada en su constitucionalidad en los tribunales nacionales.
–¿En qué posición quedaría Argentina ante los organismos internacionales?
–Quedaría como un país que defiende sus derechos. Y los países que tienen inversiones sustentables, no la inversión golondrina, son los países que saben defender sus derechos. Nosotros invocamos jurisprudencia de los propios países centrales de cuando tienen que defenderse.