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El Gobierno sigue a la espera de que se efectivice el fallo de la Justicia estadounidense para destrabar formalmente el canje de deuda y que, de esta manera, sea posible emitir los nuevos títulos emergentes del canje. Las obligaciones con el FMI, con el que no se espera un acuerdo antes de agosto, llevaron a que las consultoras de la city evalúen que es inminente una reforma de la carta orgánica del Banco Central. El objetivo sería poder cancelar deuda con reservas y, de esa manera, evitar recurrir tan intensamente al mercado financiero local. Hasta fines de julio deben pagarse al Fondo 760 millones de dólares. Pero los pagos más fuerte se concentran en agosto, cuando vencen 1900 millones de dólares.
El dilema es de hierro. Aunque el Gobierno podría financiar su faltante para los vencimientos de deuda tomando deuda en el mercado local, una demanda de recursos tan fuerte del sector público repercutiría subiendo la tasa de interés que debe pagar el sector privado, lo que frenaría la economía. Frente a ello, el Gobierno no descartaría la posibilidad de pagar acudiendo a las reservas del Banco Central, aunque para ello será necesario reformar la carta orgánica de la institución, que veda esta posibilidad.
Otro de los datos de la agenda es la ansiedad para terminar con el canje de deuda, del que a pesar del fallo judicial favorable que destrabó el embargo sobre 7000 millones de dólares de la vieja deuda, aún resta su formalización. Cuando finalmente se emitan los bonos nuevos, también se realizará un pago de intereses por más de 700 millones de dólares, a los que se sumarán otros 300 en junio. Se cree que parte de este dinero volverá al mercado financiero local. En Economía insisten en que será posible concretar la operación esta misma semana. Se espera que Thomas Griesa, el juez neoyorquino de primera instancia que debe ordenar el levantamiento del embargo, lo haga en los próximos días.
Terminar con el canje también parece ser un requisito indispensable para acelerar las negociaciones con el FMI, al que deben pagársele 2188 millones de dólares hasta fin de año si antes no existe un acuerdo. Pero en el mejor de los casos deberán desembolsarse los citados 760 hasta fines de julio. Suponiendo que se llegue a los consensos necesarios que el programa requiere, existen algunos plazos de carácter burocrático que demorarán el proceso, como la elaboración de un informe al directorio sobre la situación de la Argentina y el tiempo para que el informe circule entre los directores. Antes debe recorrer departamentos y gerencias. Se estima que este trámite, que según informó la misión encabezada por Nielsen a Washington ya comenzó, puede durar entre 3 semanas y un mes.
Luego del informe viene la discusión de los contenidos del acuerdo, donde los reclamos del FMI parecen relativamente incompatibles con las necesidades electorales del Gobierno, fundamentalmente en lo que se refiere a las cuestiones tarifarias con las privatizadas y el superávit fiscal. Por supuesto, también deberá incluirse alguna línea sobre la famosa “estrategia realista” para arreglar con quienes rechazaron el canje.