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Argentina, Brasil, Venezuela, México y Uruguay siguen sin lograr consensuar con Estados Unidos el texto final de la Asamblea de la OEA que cerrará hoy a la tarde en Fort Lauderdale, Florida. El mecanismo de monitoreo de las democracias del continente que los norteamericanos buscan imponer a toda costa no cuaja de ninguna forma entre los gobiernos progresistas de la región. “Es un mecanismo peligroso y no puede aceptarse. Por ahora, la negociación está trabada”, admitía anoche un diplomático argentino.
La posición de este bloque continúa siendo la de respetar la Carta Constitutiva de la OEA y favorecer el desarrollo de las democracias del continente como forma de fortalecerlas. “Para poder asegurar los beneficios de la democracia, debemos tener presente su relación con el desarrollo económico y social y los derechos humanos”, sostuvo ayer el canciller Rafael Bielsa en su discurso ante la Asamblea.
Otro punto de roce –relacionado estrechamente con el anterior– tenía que ver con una propuesta para dotar de mayores atribuciones a la secretaría general del organismo que hoy ocupa el chileno José Miguel Insulza. De afiliación socialista, Insulza se mostró durante la asamblea muy cerca de las posiciones norteamericanas. Casualmente, es Estados Unidos quien aboga por dotar al mandamás de la OEA de más poderes, posición que comparten Canadá, Brasil y el propio Chile. Argentina, en cambio, se inclina por un mayor protagonismo del Consejo Permanente.
Este debate, menor en cuanto a conflictividad, se enrosca con el controvertido monitoreo que impulsa personalmente en Fort Lauderdale la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y que es considerado una puerta abierta al intervencionismo por los países del Grupo Aladi (América latina y México). Estos países consideran que ya hay suficientes salvaguardas a las democracias en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. “Allí están todos los instrumentos, pero a veces no hay suficiente voluntad”, explicó a Página/12 el embajador argentino en la OEA, Rodolfo Gil. “En cuatro años de existencia, el artículo 20 nunca fue utilizado”, agregaba.
Allí se establece que un gobierno en problemas debe solicitar a la Organización que intervenga, algo que nunca sucedió. El “mecanismo de supervisión” que propone Rice, en cambio, es poco claro en cuanto a su puesta en marcha y a sus alcances. “Está en una nebulosa. No se explica cómo funcionaría, ni cuáles serían los premios y castigos”, decía uno de los integrantes de la delegación argentina.
El canciller de Brasil, Celso Amorim, se mostró como uno de los principales opositores a la avanzada norteamericana. Por eso formó parte de los 11 países que ayer elaboraron un texto alternativo al documento norteamericano, asignándole al Consejo Permanente el seguimiento del cumplimiento de la Carta Democrática en los países miembros. Pero, en dos ocasiones, aclaran que cualquier medida de asistencia debe realizarse “a los Estados miembros que lo soliciten”. Estados Unidos quiere que la decisión de intervenir sea ajena a la opinión del gobierno supuestamente en crisis.
Ayer, el presidente George W. Bush se presentó en la Asamblea para hablar de democracia pero esquivó cualquier referencia al mecanismo de la polémica (ver aparte). En tanto, Venezuela, que se siente el principal objetivo de la iniciativa, la descartó. El canciller Alí Rodríguez sostuvo que “la OEA no está facultada para hacer evaluaciones sobre el estado de la democracia en los diferentes países”.