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La mala noticia se conoció en la mañana de ayer, difundida por La Nación. El secretario de Medios Enrique Albistur había querellado por calumnias e injurias a editores y representantes legales de la revista Noticias. El motivo del reclamo era una nota referida al funcionario, que fue tapa del semanario.
A la noche el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, le ordenó a Albistur desistir su reclamo penal, en línea con un planteo del presidente Néstor Kirchner. El secretario de Medios informó a este diario que seguramente desistirá hoy la querella para evitar que se interprete que se ataca a la libertad de prensa. A esa altura era lo mejor que podía pasar, aunque es claro que ya había realizado una movida que jamás debió intentar. Albistur informó a Página/12 que analiza iniciar una demanda civil contra los editores y representantes de Noticias “en defensa de su buen nombre y honor”.
La democracia admite (hasta tienta decir “exige”) debates amplios, duros, con muchísima libertad. Ciertos excesos y desmesuras (amén de ser un condimento eventualmente excesivo pero a veces saborizante) forman parte del riesgo del disenso y del pluralismo.
El actual Gobierno, empezando por el Presidente, se caracteriza por ser muy polémico, muy drástico con sus antagonistas. Todos sus propaladores suelen ser despiadados con el adversario de turno, generosos en adjetivos, unos cuantos de ellos francamente misóginos o maniqueos. Ese estilo polémico debería inducirlo a ser especialmente transigente con sus contradictores.
La libertad de expresión es un derecho constitucional muy preciado y quebradizo, a cuyo respecto es mejor ser concesivo en exceso que restrictivo. Máxime en un país que tiene una infausta memoria en materia de violaciones a las libertades públicas.
La situación que se planteó evoca lo sucedido cuando se estaba por cumplir un año del mandato de Kirchner. Por entonces fue Julio de Vido quien querelló a Elisa Carrió. Las críticas, incluidas las de este diario, que llovieron sobre el ministro de Planificación, le hicieron revisar su infausta decisión. La situación de querella se repitió y, aunque el agua no llegó al río, cumple señalar que los integrantes del oficialismo deberían ser más ponderados puestos a darse por ofendidos.
La judicialización de la política es una termita que carcome a las democracias en todo el mundo y que en la Argentina ha alcanzado niveles decepcionantes, a fuer de elevados. Esta mala tendencia general se torna intolerable cuando se acude a la Justicia criminal, que decide sobre la libertad de los ciudadanos. Es especialmente riesgosa cuando son funcionarios, esto es, personas dotadas de importantes resortes de poder, quienes trasladan a los estrados tópicos que deben canalizarse de otros modos, pretendiendo transformar a sus contradictores en reos de la Justicia. Una acción penal promovida por un funcionario de alto nivel evocaría desagradablemente al delito de desacato, derogado como consecuencia de intensas luchas contra gobiernos que tenían la querella fácil.
El Gobierno, que suele hacer todo un punto de honor en diferenciarse de “la vieja política”, no debió habérsele parecido tanto (así fuera por un rato) en un tema tan importante como la libertad de expresión.