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Por Diego Martínez

Una semana después de que la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales fuera asignada a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y a días de que se adoptaran las primeras medidas de prueba, el doctor Guillermo Federico Madueño prefirió tirar la toalla y presentó su renuncia como juez del Tribunal Oral Federal Nº 5. A casi tres décadas de su paso por Bahía Blanca como juez federal de la última dictadura, una investigación periodística publicada por Página/12 en tres extensas notas había detallado la amistad del magistrado con los principales responsables del terrorismo de Estado del sur bonaerense y su complicidad en el encubrimiento de delitos de lesa humanidad, como torturas y enfrentamientos fraguados por el V Cuerpo de Ejército.
Entre 1975 y fines de 1978, Madueño junto a su secretario Hugo Mario Sierra (que aún es titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la Universidad Nacional del Sur) fueron la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca: se encargaron de rechazar los habeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos, de cerrar en tiempo record y sin investigar los fusilamientos que el Ejército hacía pasar por enfrentamientos en los comunicados falsos que publicaba La Nueva Provincia, de entregar los cadáveres ametrallados e incluso de ordenar seccionar las manos de falsos NN para luego simular su identificación. Mientras tanto, se prestaron a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la UNS que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura.
La colaboración del juez con el estado terrorista comenzó en diciembre de 1975, cuando archivó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad. Para justificar su muerte el comando adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y se había tirado al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de desconocidos lo había robado de la ambulancia policial que lo trasladaba a la morgue. Ya en dictadura, en abril de 1976, una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles y luego torturados. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la canallesca causa de la ambulancia.
Ya en plena dictadura, Madueño se reunía por las noches con los dos máximos jefes del Cuerpo V “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención (sic) al juez a hacer la investigación en la UNS”, según contó el general Adel Vilas a la justicia en 1987. Vilas dijo que invitó al juez a visitar el campo clandestino La Escuelita pero que Madueño se negó, aunque admitió: “Ya estoy integrado: menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad”. El juicio a los profesores de la UNS, publicitado por el diario de la familia Massot como un ejemplo de lucha contra el marxismo infiltrado en la universidad, incluyó golpes y humillaciones a un grupo de profesores por parte del subcomisario Félix Alejandro Alais, ex miembro de la Triple A, cuñado de Suárez Mason y hoy a cargo de la agencia de seguridad Fast. Varios profesores contaron cómo Madueño y Sierra los interrogaban en la misma comisaría donde eran torturados y les insinuaban que ratificaran sin leer la declaración tomada por Alais si no querían seguir en los calabozos.
El director del CELS Víctor Abramovich consideró ayer que “casos como el de Madueño demuestran que la actuación del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado fue fundamental para consagrar la impunidad de los delitos de lesa humanidad” y que “el impulso dado por el Consejo de la Magistratura a la denuncia fue una saludable respuesta institucional. Un desafío central para la marcha de los procesos judiciales impulsados por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia es lograr una renovación de aquellos sectores judiciales que fueron cómplices o estuvieron comprometidos con los crímenes que ahora deben investigar”.